"Gasto de Quirino en 2021, acuerdo pulido. Un presupuesto estatal con recado de paz"
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Sin ninguna posibilidad de que el proceso legislativo se cruce con el tema electoral que entra a la fase de sobrecalentamiento en Sinaloa, el Congreso del Estado se alistaba la tarde de ayer para resolver la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que le envió el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y que corresponde al ejercicio fiscal 2021. Los diputados y el mandatario se esmeraban en cuidar la delgada línea que divide a la función parlamentaria de la elección de 2021, pues cualquiera que la traspase hará que arda Troya.
Esa raya de la gobernabilidad no tiene por qué ser guinda, tricolor, albiazul o rojiamarilla. Lo deseable es que sea del mismo tono que el de las necesidades apremiantes de Sinaloa, esos anhelos y esperanzas que siempre están presentes sin importar las coyunturas electorales. En el horizonte de los ciudadanos resalta la consumación de certidumbres, no la concreción de enfrentamientos.
Por lo pronto, al activarse ayer la etapa crucial de los trabajos legislativos para definir el presupuesto que Ordaz Coppel ejercerá el año próximo se notó la existencia de acuerdos debido a que el Secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Armenta, ha acudido a cuanta solicitud le hizo la 63 Legislatura para precisar, aclarar, modificar o justificar los montos. Ello alejó el fantasma de la polarización que en 2019 y 2020 derivó del hecho de que el equipo del anterior Tesorero estatal, Carlos Ortega Carricarte, desestimó las dudas de la Cámara.
De acuerdo a los consensos preliminares, es posible que en la sesión ordinaria de ayer, o en una extraordinaria que se convoquen para hoy, o en el peor de los casos el martes 22 al filo de la Noche Buena, salga adelante la propuesta del gasto sintetizado en la suma de 56 mil 012 millones de pesos, con la característica de que la parte del recurso federal ya viene “rasurada” desde Palacio Nacional y lo recaudado en el estado, que es alrededor del 10 por ciento del total, esté sujeto a que los contribuyentes paguen los impuestos en una economía mermada por la pandemia de coronavirus.
Es decir, hay poco de dónde quitar y mucho a dónde poner, sin embargo, nada que pueda ser reasignado más allá de lo que ya ajustaron la federación y la emergencia sanitaria. De hecho, en 2021 Quirino Ordaz Coppel se verá obligado a cumplir con compromisos etiquetados en el presupuesto como parte del gasto operativo, y será limitado el margen de maniobra para obra pública, a no ser la que está en curso y tiene que ser terminada.
¿A quién se le ocurriría castigar lo que ya está en exceso infligido? Si domina esta lógica o toma de conciencia en los asambleístas la labor congresista transitó ayer o correrá en las próximas horas, como todo indica que así será, en el asentimiento bilateral. Nada prevé que será reeditado aquel presupuesto de 2019 que la recién estrenada y envalentonada 63 Legislatura le modificó en la velada del Año Nuevo al Gobernador, dando pie al conflicto entre poderes en el que finalmente intervino como mediador el Presidente López Obrador.
Quirino Ordaz ha entrado a la dura fase de soportar la carga presupuestal que deberá llevar en la cuesta arriba del cierre de administración. Los recortes y baja recaudación fiscal, añadiendo la guerra política a la que entra Sinaloa, le podrían ser leves porque, según información oficial, en 2020 fue atendida en 80 por ciento la deuda con proveedores pagándoles alrededor de 1,500 millones de pesos, avanzó hacia la conclusión de las obras insignia en salud pública (Hospital General de Culiacán, Hospital Pediátrico de Sinaloa, Centro de Salud de la capital del estado y Unidad Materno-Infantil del Hospital General de Los Mochis) que le permiten traer en el morral satisfactores sociales para la clausura del sexenio mocho.
En 2021 deberá empujar, mucho todavía, para que se realice la obra complementaria de la presa Picachos que consiste en el sistema de riego agrícola, infraestructura para generar energía eléctrica y la construcción del acueducto hacia Concordia; la continuación de la carretera Badiraguato-Chihuahua, y el inicio del mega proyecto de autopista Los Mochis-Chihuahua con el puente sobre el vaso de la presa de Huites que por sí solo costará más de mil millones de pesos.
Todo esto era valorado ayer en la mesa de negociación entre el Congreso y el Gobierno, sin quitarle importancia a los recursos públicos que se requerirán para atender el impacto de la Covid-19 en los meses que faltan para que la vacuna se aplique a toda la población. En conjunto, todo lleva a un mismo punto: blindar la gobernabilidad de Sinaloa durante y después del proceso para elegir gobernador, alcaldes y diputados federales y locales.
Ayer mismo debió quedar listo el dictamen de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado y hoy Quirino Ordaz puede amanecer o irse a dormir con el presupuesto aprobado. Dicho en apego al ambiente que reinaba en el Palacio Legislativo, resaltan rasgos del acuerdo después de que han sido admitidas sin problemas las Leyes de Ingresos de los municipios, precisamente en la tónica de mantener alejada la cosa parlamentaria de la reyerta interpartidista que en enero entrará a seis meses álgidos de todos contra todos.
Reverso
Aquel que quiera medir fuerzas,
estando cerca la Noche Buena,
Guarde bríos para la faena,
De quemar las alfombras tersas.
Obstáculos perversos
Alumnos graduados en el Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, municipio de Culiacán, reclaman la atención de las autoridades educativas federales y estatales para que activen el proceso de titulación ya que llevan más de un año exigiendo el documento oficial de grado que se les pide como requisito obligatorio al buscar empleo, pero el director de la escuela les responde que le falta tramitar su firma ante la Dirección General de Institutos Tecnológicos para poder estampar la rúbrica en los documentos. Son 100 jóvenes a los que les urge el título y la cédula profesional para no engrosar el ejército de ninis.
