Bien bajado el balón por parte del presidente del INE ante la agresiva provocación del lunes 22 de junio. El Presidente volvió a arremeter contra el INE con toda su enjundia. Dijo que este instituto no servía para nada porque “nunca garantizaron elecciones libres en México” y que él “se iba a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades”. La frase quedará para la historia.
Ante esta provocación Lorenzo Córdova dijo que el mensaje no era para ellos sino para los funcionarios de la administración pública bajo el cargo del Presidente. Aplaudo su talante conciliador y su política de no confrontar, pero se equivoca rotundamente en su afirmación. El mensaje iba directito para él, los consejeros y la institución que ha sido garante de las elecciones que lo llevaron al poder. Con todo el espacio de mejora que pueda tener el INE, con los cuantiosos recursos que se le dedican, con el cuotismo con el que han querido repartirse las posiciones, con la perniciosa participación de representantes de los partidos en un órgano regulador que no debería tener a los regulados a su interior, con la sobrecarga de funciones que se le ha impuesto y con la falta de herramientas para hacer valer algunas de sus decisiones, el INE ha sido y es pieza insustituible de la organización electoral, el derecho al voto, la imparcialidad en el recuento, la identificación ciudadana y el registro de los partidos que garantizan la pluralidad.
En su más extremo personalismo el Presidente dice que será Él, y sólo ÉL, el garante de que las elecciones de 2021 sean libres y limpias. El todopoderoso evitará que los funcionarios públicos de su gobierno se metan en las elecciones (¿pensarían hacerlo?) e impedirá que los gobernadores hagan fraude.
“No permitiré el fraude” sentenció. También sentenció que la inseguridad disminuiría y ha ocurrido lo contrario; que la economía crecería y ha decrecido; que la corrupción se reduciría y sigue igual; que las escaleras se barren de arriba hacia abajo y la escoba sigue en el rincón cuando de los peldaños más altos de su administración se trata.
Una vez más deja ver que el estado de derecho no es lo suyo. Una vez más demuestra que para él las instituciones son prescindibles. Una vez más revela su convicción de que nuestro es el país de un solo hombre. Una vez más refrenda que los contrapesos deben desaparecer porque obstaculizan el cambio. Una vez más acredita que lo mejor es volver al pasado autoritario. Su coartada es la del dictador benevolente que vela por el pueblo. Que su justicia es mas importante que nuestra ley.
Tenemos a un Mandatario fustigante del pasado neoliberal pero suspirante del pasado autoritario en el que el Presidente tenía la seguridad de que su voluntad no sería cuestionada y sus órdenes acatadas independientemente de su racionalidad, legalidad, conveniencia o consecuencias. López Obrador suscribe la idea de que, en el mejor de los casos, el único límite al Presidente debe ser la temporalidad del cargo.
En materia económica y de inseguridad el Presidente no puede transformar su voluntad en realidad. En materia política las cosas le resultan mucho más fáciles. Las más de las veces y, hasta el momento, se ha salido con la suya. Si la mayoría en el Congreso le alcanza cambia la Constitución y las leyes sin reparar en la violación a los derechos fundamentales. Si no le alcanza, da igual. Emite circulares, decretos y acuerdos de dudosa legalidad o franca ilegalidad. Por fortuna hay quien busca frenarlos. Existen en la bitácora literalmente decenas de controversias y acciones de inconstitucionalidad. Buena parte de sus reformas predilectas, decretos y acuerdos están bajo consideración judicial ante quien tiene la última palabra en materia de legalidad: la Suprema Corte. Las dos últimas interpuestas apenas los días 21 y 22. La primera por la presidenta de la Cámara de Diputados contra el acuerdo de militarización del país emitido por el Presidente y la segunda por la presidenta de Cofece contra la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución. Tenemos al garante de las elecciones, urgen las resoluciones del garante de la legalidad.
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