Editorial
Solo existen en el papel, pero nadie sabe dónde encontrarlas. Y aún así, han sido capaces de recibir contratos, y recursos públicos, de parte de los diferentes niveles de Gobierno. Están ahí, precisamente, para hacer ese tipo de negocios.
Son las llamadas empresas fantasma, que al fisco mexicano le ha costado una evasión de 55.1 mil millones de pesos, tan solo en la operación de 43 grandes empresas factureras, pero que existen muchas más.
Diferentes dependencias de los diferentes niveles de Gobierno han recurrido a ellas para el desvío de recursos. Sobre todo, porque no se ha podido comprobar físicamente su existencia.
Y sí, también han operado en Sinaloa. Como lo ha documentado Iniciativa Sinaloa, que ha revelado que tanto el Gobierno de Sinaloa como algunos gobiernos municipales han recurrido a ellas para la asignación de contratos, aún con las limitaciones legales y jurídicas que tenían.
El uso de recursos públicos en México ha buscado desde el poder diferentes mecanismos para desviarlo de su objetivo principal: el de atender y resolver las necesidades de los gobernados.
Y a partir de ahí, se generan desde contratos onerosos que no corresponden a los costos reales, la asignación de proyectos a empresas sin la capacidad técnica o la experiencia suficiente, la entrega de obras a constructores cuyo único mérito es la cercanía con el gobernante en turno, o la celebración de acuerdos con empresas que solo asisten en el papel.
México, y Sinaloa, necesitan de recursos suficientes para atender las demandas de los tiempos actuales, y requiere, urgentemente, de mecanismos de fiscalización que permitan un gasto honesto.
Mientras estos últimos no existan, se seguirán detectando, después de cometido el daño patrimonial y fiscal, esos caminos que se toman desde el poder para el desvío de los recursos. Y el País, ya no debería de estar contando esas historias. Pero siguen ocurriendo.
