Arturo Santamaría Gómez
santamar24@hotmail.com
¡Salud por los maduros 47 años de Noroeste!
Pocas veces hemos visto en México a un gobierno acosado por tantos problemas y de tal envergadura que jamás olvidaremos. Pero, a final de cuentas, se mantiene en el poder con una aceptación, según las mediciones demoscópicas, nada despreciable.
Sin embargo, la aceptación en este momento no está garantizada para junio de 2021. Dependerá básicamente de dos factores: el manejo de la crisis económica y el de la pandemia, los dos asuntos que más aquejan a la población mexicana; lo cual, por cierto, no es muy distinto en gran parte del mundo. No habrá que dejar de lado el posible estallido de otros dos factores: el conflicto político y los movimientos sociales radicalizados.
No de la magnitud de los dos anteriores, pero una dinámica que saca chispas y que puede escalar es el enfrentamiento político con 10 gobernadores coaligados en lo que ellos llaman Alianza Federalista. Por lo pronto ellos rompieron con la Conago.
La Conago, podemos decir, que se constituyó en un contrapeso de Los Pinos para tomar decisiones de políticas públicas y negociar el presupuesto federal. Vistas bien las cosas, matizó en la práctica el arrollador presidencialismo mexicano a lo largo de casi tres décadas sin que se modificara la Constitución. Pero al llegar López Obrador a Palacio Nacional ese semifederalismo práctico se detuvo con el regreso del centralismo.
Por supuesto que nuevamente tenemos una Presidencia centralista y esto lo rechazan varios gobernadores, pero no se puede ignorar que también hay inocultables motivos político-electorales en ellos. Entre los 10 gobernadores disidentes de la Conago sobresalen Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, y Javier Corral, del PAN, quienes aspiran a ser candidatos a la Presidencia de la República en 2024 y ya afilan armas, buscando notoriedad y liderazgo nacional. Por su parte, Silvano Aureoles es la cabeza más visible de la enojada oposición perredista a Morena, y los gobernadores priistas rebeldes buscan acumular capital político al interior de su partido apostando a la oposición abierta a la 4T.
Javier Corral busca montarse en los movimientos sociales de su estado, por cierto legítimos, como el de los agricultores, aliado de ex gobernadores priistas, para darle fuerza a su proyecto como posible candidato panista a la grande dentro de cuatro años. Y lo mismo harán Alfaro y otros políticos panistas, perredistas y de MC; es decir, apoyarán todo movimiento social que haga reclamos a AMLO. Y bueno, será inevitable, ante tantas carencias y problemas ambientales, médicos, criminales, económicos y demás, que broten aquí y allá movimientos sociales de todo tipo. Algunos serán espontáneos y otros planeados y dirigidos, pero emergerán a borbotones. Varios de ellos serán radicales, como en los que participan las feministas anarquistas: o incluso, sin una ideología definida como el de los agricultores chihuahuenses.
Todo esto se expresará en el contexto de una crisis económica histórica. La mayoría de los economistas neoliberales, marxistas, keynesianos, cepalinos o los que usted quiera pronostican que será devastadora, pero los que encabezan la 4T en la Secretaría de Hacienda dicen que todavía cuentan con recursos para que eso no suceda así.
Saúl Escobar, por ejemplo, actualmente es asesor de Cuauhtémoc Cárdenas, en un sólido artículo publicado esta semana en el diario El Sur, de Guerrero, señala lo siguiente:
“Un país con una mayor pobreza y más desigualdad no puede ser un resultado deseable para un gobierno que se propuso exactamente lo contrario. Sobre todo, porque frente a estos fenómenos, el Gobierno no se ha propuesto ninguna acción especial. Por otro lado, la disminución de los haberes que han sufrido las familias apunta a una recuperación económica más lenta debido a la caída del poder de compra. El aumento de los salarios mínimos y contractuales no ha podido remediar estas pérdidas y seguramente no lo harán en lo que resta del año debido a la magnitud del frenazo económico. Se ha argumentado que un crecimiento de los pasivos del Gobierno puede resultar perjudicial para un mañana indeterminado. Sin embargo, no se quiere reconocer que el Estado mexicano ya contrajo una deuda con millones de familias que han perdido sus ingresos desde marzo de este año, muchas de las cuales siguen sin recibir alguna remuneración por su trabajo. Encontrar una fórmula para pagar esta deuda social y al mismo tiempo evitar una crisis financiera en el futuro no es imposible, ni es una disyuntiva sin salida. A su vez, la posibilidad de una reforma fiscal progresiva que sirva para pagar esa deuda social y para una reactivación económica más vigorosa, tampoco puede descartarse por razones políticas (las elecciones de 2021 o el temor a una reacción negativa de un sector privilegiado). Lo más sorprendente es que hay una iniciativa de ley para reformar el sistema de pensiones que justamente propone un aumento de las contribuciones patronales y requerirá un mayor gasto público. Ello equivale a un aumento de impuestos y un incremento de la deuda del Gobierno federal. ¿Cómo entonces se niega cobrar un mayor tributo a los más ricos y prósperos, y se propone un esquema para favorecer a las Afores, empresas que se han beneficiado de los ahorros de los trabajadores? Una mayor reducción del gasto y la inversión pública (lo que ahora llaman austeridad) sólo puede tener como resultado que, una vez más, el costo de la crisis la tendrá que pagar la gran mayoría de la población”.
El Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, en una entrevista concedida a La Jornada, el pasado jueves, dice que hay una posibilidad de paliar la crisis: “Estimamos que la evasión en México de ISR e IVA es de 2.5 por ciento del PIB; si nosotros lográramos recaudar la mitad, el SAT podría estar compensando las caídas que tenemos de los ingresos por la baja en la actividad económica”.
¿Usted a qué escenario le apuesta?
