norma@sanchez-castillo.mx
Después de un año pensándola, un ciudadano por fin se atreve a presentar una denuncia por corrupción en el sistema público de denuncias habilitado por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General o ante el órgano interno de control de alguno de los 18 municipios de Sinaloa.
En el mejor de los casos, el sistema le otorga un folio de seguimiento pero después de dos años, no pasa nada. El ciudadano no recibe ni una sola notificación de la entidad pública, y mucho menos una llamada telefónica. Es inútil denunciar, aseguran.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 y 2017, la razón principal por la cual la población no denuncia un probable hecho de corrupción es porque lo considera inútil: las faltas administrativas y los delitos por hechos de corrupción no son investigados y sancionados de manera eficaz por el Gobierno, lo que la convierte en una herramienta deficiente para el control de la corrupción.
A pesar de que la percepción de la corrupción entre los sinaloenses registró un baja del 2017 al 2019, de acuerdo a la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundida el pasado 22 de mayo, la falta de políticas que reduzcan los incentivos a la corrupción, incluyendo un sistema efectivo de denuncia y de recuperación de activos, es una realidad, y los ciudadanos consideran que usar esta herramienta es una pérdida de tiempo.
Alguien que tiene el valor de presentar una denuncia por corrupción se topa con que el mecanismo presenta más obstáculos que ventajas. Es frecuente que ni siquiera se la quieren recibir. Que una institución de Gobierno desestime una denuncia por corrupción es tan común, que la mayoría de los ciudadanos y organizaciones que se acercan al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción lo primero que solicitan es ayuda para saber qué ha pasado con su denuncia después de varios meses sin respuesta. Hay quienes siguen esperando después de dos años.
El sistema público de denuncias en Sinaloa enfrenta como primer obstáculo la falta de mecanismos para que se hagan de manera anónima. Las áreas receptoras piden la presencia del denunciante; algunas áreas del Gobierno ni siquiera tienen claro a quien le toca recibirla. Se han registrado casos de organizaciones civiles que tienen que recorrer hasta cinco lugares diferentes antes de que alguna se las reciba.
De acuerdo con cifras difundidas por el INEGI en 2011, 2015 y 2017, sólo un 5 por ciento de los presuntos actos de corrupción de los que fue víctima la población, particularmente, el soborno, fueron denunciados. Ante eso, ¿cómo construir un Sistema de Denuncias como al que aspira la Política Anticorrupción del Estado de Sinaloa?
Un sistema de denuncias efectivo otorga garantías y protección tales como la confidencialidad de las comunicaciones y la identidad del denunciante (Denuncia anónima); ofrece garantía de protección de datos personales; habilita un mecanismo para consultar el avance de la denuncia o conocer en qué etapa del proceso se encuentra, a partir de la asignación de un folio o código; informa sobre las normas y procedimientos que fijan con claridad ante qué instancias se pueden presentar denuncias, horarios y áreas receptoras; y brinda la oportunidad al denunciante de formular observaciones. El Sistema de Denuncias de corrupción en Sinaloa debe otorgar plazos claros de respuesta por parte de la institución y divulgar los lineamientos para la operación del mismo.
La percepción de los ciudadanos de que es inútil denunciar debe cambiar y ahí está uno de los retos de la Política Estatal Anticorrupción que está por aprobarse. Pero eso solo ocurrirá cuando las instituciones públicas reconozcan el valor de la denuncia ciudadana como instrumento de respaldo.
La utilidad pública de la denuncia ciudadana es un elemento necesario en Sinaloa. Los ciudadanos ya están dando los primeros pasos, lo que sigue le toca al Gobierno.
