Ayer les platicamos lo que pasó con los gobernadores que se entrevistaron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete ampliado en San Luis Potosí, donde brilló el espectáculo, los reclamos y los deslindes, pero donde se vieron pocas buenas noticias.
Y entre todo el mitote que armó la sombra de las acusaciones de Emilio Lozoya, nos preguntábamos ¿dónde andaba el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel?, al que le tocó ser testigo de primera fila del mucho sainete y del poco avance.
Bueno, nos pusimos a investigar y ahí les va lo que descubrimos: Resulta que Ordaz Coppel, al igual que el resto de los gobernadores y la Jefa de Gobierno de la CDMX, iba resuelto a pedir recursos extraordinarios al Presidente, o al Secretario de Hacienda, o al que se dejara.
Los gastos provocados por la pandemia, la crisis económica, los efectos de la pandemia y súmele lo que usted quiera hicieron que todos los gobernadores llegaran a pedir un poquito más de lo que se les ha dado este año, pero como ya sabemos el Presidente les pintó un cuerno y no les dio ni las buenas noches.
Cuando Ordaz Coppel se dio cuenta que no iba a haber nada de ayuda para los estados y mientras todos estaban ocupados con la telenovela de la corrupción y las ligas con la delincuencia organizada de algunos gobernadores, el sinaloense apuntó sus baterías para otro lado.
Y ahí cerca de él se encontró a Juan Antonio Ferrer, director del Insabi; a Jorge Mendoza Sánchez, director de Banobras; y nada más ni nada menos que al funcionario de moda, Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Lo que viene
De la plática entre el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, y Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en San Luis Potosí, nos enteramos que cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que Sinaloa cuente con su propia Unidad de Inteligencia Financiera. Así como lo oye.
La idea es buena y tendría todo el apoyo de la Secretaría de Hacienda, pero el control lo tendría Sinaloa, aunque todavía hay mucho camino por recorrer.
Lo que sabemos es que el equipo de Santiago Nieto le daría a Sinaloa la estructura necesaria para que arme su propia unidad, además se firmaría un convenio para trabajar en equipo.
Para operar, la Unidad de Inteligencia tendría bajo su control la información de Catastro, el Registro Público de la Propiedad y el Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa.
Imaginen la cantidad de “cochinadas” que saldrían a flote con este tipo de información. La estamos esperando.
Pero como siempre, ya hay varios interesados para controlar esta Unidad de Inteligencia, los dos más importantes son la Fiscalía estatal y el Congreso.
A nosotros nos da igual, con tal de que sea una realidad.
Insabi y Banobras
Las otras dos charlas del Gobernador Quirino Ordaz Coppel no nos llegaron con tanto detalle, pero sabemos que con el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, se negocia la contratación de más personal para hacer frente a la pandemia.
Y por lo pronto, Ferrer se comprometió a enviar a su responsable de Recursos Humanos a Sinaloa, en lo inmediato, para comenzar a dar certeza en este tema.
Del encuentro de Ordaz Coppel con Jorge Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, salió la promesa del funcionario de apoyar el proyecto del metrobús de Culiacán, un proyecto que podría ser una realidad en el 2021.
A la espera de la justicia
El reinicio de la esperanza para castigar a los ex funcionarios acusados de corrupción llegó con la nueva normalidad de agosto.
Resulta que la semana pasada el ex Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, y dos de sus colaboradores estuvieron frente al juez para la celebración de audiencia intermedia, y aunque dos de ellos obtuvieron apelaciones, todavía hay uno pendiente que regresará el viernes.
El lunes, Carlos Baltazar Castro Olivas, ex director administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, acusado de peculado y negociaciones ilícitas también se presentó ante el juez para encarar juicio oral, pero los testigos esenciales no pudieron asistir por el tema de la pandemia del virus Covid-19.
El jueves se presentarán tres ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, acusados de aprobar contratos irregulares para la construcción del Tiburonario de Mazatlán, para ver en qué quedó el acuerdo al que habían llegado para reparar el daño.
Y aunque usted podría pensar que todo se canceló, se reinició o se aplazó, lo mejor es que siguen desfilando en el banquillo de los acusados, dejando con eso una sensación de que algo se está haciendo.
Los números
Resulta que el Ayuntamiento de Mazatlán rechazó el trato del Gobierno del Estado con tres ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del sexenio de Mario López Valdez.
El acuerdo exigía retirar un acrílico y tapar el boquete con una barda en lugar de pagar los 34.6 millones que la Fiscalía General del Estado señaló como daño.
El asunto es que los tres ex funcionarios: Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, y Armando Trujillo Sicairos, ex Jefe del Departamento de Concursos y Contratos, son acusados de haber avalado licitaciones y contratos con un par de empresas que no reunían los requisitos, y que construyeron la tercera etapa del Tiburonario.
Cuando a finales de octubre de 2019 se anunció el acuerdo, pensábamos que los ex funcionarios se habían ido casi lisos, sin embargo, el Juez dijo que ahora la reparación tendrá que ser mayor.
Por lo pronto, todo quedará en suspenso hasta el 28 de septiembre.
El video
Que salió un video de un hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero.
No sé por qué nos sorprendemos, si todos andan en el mismo negocio.
