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La discusión sobre el futuro del Instituto Nacional Electoral (INE) ha sacado lo más profundos miedos y los más exacerbados rencores de nuestra clase política. No son pocos los morenistas que ven en esta batalla la venganza histórica por lo que ellos consideran fue el fraude de 2006 y han lanzado manifestaciones porriles al grito de “fuera INE”. En el otro bando los que consideran que el INE es intocable y que solo una casta de estudiosos debe tener acceso a la institución, un dogma del tamaño de la pureza de la virgen en el mundo católico.
Ya tuvimos una experiencia en la que un partido mayoritario (en ese momento el PAN) se alió con una fracción del PRI para dejar fuera a la izquierda en la selección de consejeros. El resultado fue que le dieron el argumento perfecto al candidato derrotado, en esa ocasión Andrés Manuel López Obrador en 2006 para no reconocer la elección que, alegó, estaba viciada de origen. Así como no debe extrañarnos que la fuerza mayoritaria busque alianzas con los partidos satélite y quiera manipular las quintetas para quedarse con los cuatro puestos, la mayoría morenista debe evaluar con mucha frialdad el riesgo que lleva para ellos mismos desacreditar al INE.
La Cámara de Diputados tiene que elegir este año a cuatro consejeros. A diferencia de otros años y para evitar el reparto de cuotas, en la última modificación a la legislación electoral quedaron establecidos una serie de filtros que, en principio, impedirán una designación burda de consejeros afines: una comisión designada por la Cámara, el Sistema Anticorrupción y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) integrará, previa pasarela y otros mecanismos de evaluación que decida, cuatro quintetas de donde el Congreso elegirá a un consejero de cada una de ellas. Teniendo Morena el control absoluto de la Cámara de Diputados y de la CNDH la capacidad ya no de seleccionar incluso de veto de la oposición se reduce sustancialmente, pero el mecanismo debe servir para filtra a los no elegibles.
En medio está, tristemente porque no hace sino meter ruido, la batalla por los sueldos. El INE, que tiene una estructura profesional sólida pero no barata, ha apelado ante la Corte para no tener que acatar la imposición del tope salarial de López Obrador. Nadie está en contra que todos ganen menos que el Presidente, la pregunta es cuánto debe ser el sueldo del Presidente, dónde está el estudio que diga con datos cuál debe ser la estructura salarial del sector público y que 108 mil pesos debe ser el sueldo tope.
Los diputados, de todas las fracciones, dieron un buen primer paso al aprobar por unanimidad la convocatoria que contempla el mecanismo de elección de los cuatro nuevos consejeros. Sin embargo, el riesgo de que los radicales de uno u otro bando busquen reventar los acuerdos en algún momento del proceso y que la discusión salarial y del gasto de la democracia contamine la discusión siegue siendo altísima.
Lo que está en juego no quién es el dueño de las instituciones sino no regresar a la desconfianza en los procesos electorales. Ojalá lo entiendan.
