@fopinchetti
SinEmbargo.MX
Las cifras internacionales ubican a México como el tercer país del mundo en cuanto a pérdida de recursos boscosos originados por la tala irracional. Tan grave es el problema, que ni siquiera se sabe a ciencia cierta la dimensión exacta de la pérdida, pero diversas estimaciones la ubican entre 90 mil y 170 mil hectáreas al año.
Según la Comisión Nacional Forestal (Conafor), incendios forestales, plagas y tala, entre otros depredadores, son las causas responsables de la pérdida de millones de árboles cada año en el territorio nacional. Entre 2001 y 2017 se estima la pérdida de al menos 3.2 millones de hectáreas de bosques en el País, lo que significa una reducción del 6 por ciento de su territorio forestal, lo que es una destrucción inconmensurable.
No se vale.
Y resulta que los programas de reforestación emprendidos por sucesivos gobiernos federales en las últimas décadas han resultado ineficaces o al menos insuficientes para atenuar los estrados del derribo irracional de árboles. Según especialistas, esto está ocurriendo también ahora, con el programa “Sembrando vida” del gobierno actual, que pretende la reforestación de un millón de hectáreas en 19 estados del País.
Por la falta de criterios ecológicos en la concepción del plan, que pretende también dar empleo a 230 mil campesinos, puede ser que resulte contraproducente. Hace poco, ambientalistas de la Sierra Nororiental de Puebla alertaron que “Sembrando vida” puede convertirse en un problema de “sembradío de muerte” por los impactos culturales y ambientales de esta política impulsada por el Gobierno federal, en terrenos tradicionalmente cuidados como parte de la cosmogonía indígena, ante la pobreza de las comunidades.
Ante las dimensiones de la tragedia ecológica que significa la deforestación a nivel nacional, poco se habla de la constante y gravísima pérdida de ejemplares arbóreos den las áreas urbanas de numerosas ciudades del País, encabezadas por supuesto por la Capital. Entre ellas están diversas urbes de los estados de Colima, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, incluidas en todos los casos su capitales.
Tan sólo en la Ciudad de México se estima que durante la pasada administración se talaron más de 24 mil árboles, tanto por requerimientos de obras públicas como por los abusos generalmente impunes de desarrolladores inmobiliarios, particularmente en las alcaldías centrales (Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, sobre todo) en las que se implementó el Bando Dos dispuesto por Andrés Manuel López Obrador en 2001 cuando ocupó la jefatura de Gobierno del Entonces Distrito Federal para alentar la construcción de vivienda en esas demarcaciones.
Por todo lo anterior es muy importante -y alentadora- la iniciativa presentada hace tres semanas por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal Ávila, que pretende la protección de los árboles urbanos de todo el País al hacer obligatorio el que los diseños urbanos también cuenten con autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La propuesta prevé prohibir talar árboles con valor cultural o histórico, en nuevas construcciones, y en esos casos, los diseños arquitectónicos tendrían que adaptarse a las especies arbóreas que se encuentren ahí. Plantea asimismo que los programas nacionales y estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano contengan políticas y estrategias acerca de la poda, derribo, trasplante y restitución de árboles ubicados en zonas urbanas. Estos programas también deberán señalar las medidas compensatorias a aplicar en tales casos.
Algo fundamental es que se establecen sanciones severas para los infractores y se equiparan las penas aplicables en caso de corte, arranque, derribo o tala de árboles en áreas rurales, para las zonas urbanas, según lo establecido en el Código Penal Federal, donde se contempla cárcel y multas elevadas.
En el caso particular de Ciudad de México, la diputada local Paula Soto Maldonado, morenista también, acaba de presentar ante el Congreso de la capital una iniciativa para crear la nueva Ley Para la Conservación y Protección del Arbolado y Áreas Verdes Urbanas de Ciudad de México. El objetivo es proteger los árboles y áreas verdes urbanas de la capital del País, así como garantizar un medio ambiente sano a la población capitalina, después de que –acusó– durante la pasada administración del gobierno capitalino, la Secretaría de Medio Ambiente autorizó el derribo de más de 20 mil árboles en toda la ciudad.
La legisladora juarense recordó que muchos de esos árboles fueron talados por permisos inmobiliarios, que de acuerdo con datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, y que en los últimos años la alcaldía Benito Juárez encabeza la lista con el mayor número de denuncias relacionadas al daño de áreas verdes y arbolado en suelo urbano. Precisó que durante el primer semestre del presente año, la PAOT recibió más de 200 denuncias por derribos y daños a árboles en diversas zonas de la Ciudad, encabezando la lista las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez e Iztapalapa.
Denunció que durante los últimos 12 años se han talado más de 56 mil árboles producto de los desarrollos inmobiliarios, obras públicas, anuncios publicitarios y mobiliario urbano en la vía pública. Como ejemplos recientes, todos ellos por cierto en Benito Juárez, citó la construcción del Deprimido de Mixcoac, donde se autorizó en 2017 la tala de 855 árboles en el camellón de Río Mixcoac; en abril de 2018, se talaron alrededor de 47 árboles ubicados en el predio del Polyforum Cultural Siqueiros; el 4 de Mayo de 2019, la empresa Fibra Uno taló 60 árboles sobre la calle de Mayorazgo, en la Colonia Xoco. Y por supuesto, el nefasto boom inmobiliario, que materialmente ha devastado a la otrora región más transparente del año.
Ambas iniciativas, la de Monreal Ávila en lo federal y la de Soto Maldonado en lo local, enfrentarán seguramente la resistencia de la poderosa industria inmobiliaria, para la que los árboles son simples estorbos a sus proyectos arquitectónicos. Y también, no lo dude, de algunos funcionarios de ambos niveles de gobierno, que a menudo se benefician con el otorgamiento de permisos para la tala o simplemente con mirar para otro lado. La participación ciudadana será definitoria. Habrá que ver. Válgame.
