Editorial
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha publicado un decreto en defensa del uso público de las playas, alimentado con multas de hasta un millón 42 mil 560 pesos al que impida o restrinja el acceso a una playa en México.
Nada más aparecer el decreto, la polémica incendió las redes, pero no por estar a favor o en contra de la disposición presidencial, sino porque las leyes mexicanas siempre han prohibido que alguien impida el acceso a una playa y en muchos lugares esto siempre ha sido letra muerta.
Quizá a los sinaloenses este tipo de decretos o leyes nos parezcan lejanos, ya que las playas sinaloenses, salvo contadas excepciones, siempre han permanecido abiertas a los usuarios, aún en las zonas más exclusivas de nuestros destinos turísticos.
Sin embargo, estados como Quintana Roo o Baja California Sur presentan graves problemas de este tipo, incluso durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se discutió la posibilidad de privatizar algunas playas, lo que finalmente no sucedió.
En Quintana Roo se da un caso muy especial, ya que la selva impide el acceso a numerosas playas y los pocos accesos que existen son controlados por los propietarios de los enormes complejos turísticos que existen en la zona.
En Baja California Sur la problemática se subscribe al municipio de Los Cabos, donde las cadenas hoteleras han cerrado sus accesos al público en general, aunque también hay que reconocer que es uno de los municipios con más accesos a las playas para la gente.
El decreto difícilmente cambiará los usos y costumbres de los mexicanos y el uso de sus playas, pero se entiende que López Obrador sabe de política y de temas que siempre han interesado a los mexicanos, así que ha vuelto a poner el foco en un tema sensible.
Ojalá que el decreto sirva para mejorar el orden y el acceso a las playas y se acaben los abusos de algunos empresarios.
