Rafael Morgan Ríos
cp_rafaelmorgan@hotmail.com
Hasta la fecha, este gobierno no ha cumplido con su obligación constitucional de garantizar la seguridad de los ciudadanos y las familias, quienes tienen el derecho, también constitucional, de vivir en paz y con seguridad garantizados por el poder público, máxime cuando los gobernantes de hoy prometieron, como candidatos, enfrentar y resolver el problema de la seguridad, razón por la cual recibieron la aceptación electoral en votos.
Claro que el delito que más impacta y que más duele es el del homicidio y feminicidio por todas las consecuencias familiares y sociales que cada uno de ellos causa; no es posible imaginar razón alguna para que las autoridades no enfrenten estos delitos con la fuerza que solo el Estado tiene. Claro que los delincuentes también son parte de la sociedad mexicana, pero ellos mismos han decidido, por ignorancia, por conveniencia o por necesidad, no cumplir con las normas sociales y agredir a hombres, mujeres y niños; es la normatividad y la autoridad lo que debe diferenciar la naturaleza y gravedad de la sanción, pero nunca dejar de lado el cumplimiento de la ley, pues eso se llama impunidad que es generadora de más y más graves delitos.
No es posible imaginar a una autoridad “explicando” o justificando delitos de esa sociedad y suponer que fenómenos como la delincuencia organizada y el narcotráfico, se pueden solucionar con subsidios a los jóvenes y las familias de dos o tres mil pesos mensuales, cuando cada uno de ellos, al ser parte de la delincuencia, pueden ganar desde cinco mil pesos a la semana por sembrar, producir, transportar o vender drogas, máxime que la mayor parte de esos delitos quedan impunes, pues las autoridades tienen órdenes de “abrazos, no balazos”.
Es necesario actuar frente a un fenómeno mucho más complejo que con la simple “remuneración” en dinero. Los delincuentes obtienen automóviles, armas, mujeres, celulares, buena ropa y droga. Claro que corren riesgos, pero curiosamente los riesgos mayores son los que infligen los grupos contrarios, porque todos ellos ya saben que ahí sí hay pena de muerte, pronta y expedita y a veces con tortura y con venganza familiar. En cambio, por parte de la autoridad cuando los llega a atrapar, lo peor que les puede pasar es que vayan a la cárcel, donde no la pasan tan mal, pues muchos de ellos siguen operando desde ahí y se les permite “gobernar” la penitenciaría, pueden recibir visita conyugal y de la otra, tener televisión, celulares, drogas, armas y buena comida. No se ha entendido o no se ha querido entender que el delincuente que llega a prisión, pierde algunos de sus derechos humanos, comenzando por el de la libertad y buena parte de la convivencia social, los televisores, los celulares, las drogas, el alcohol, etc. Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones al menos 5 millones de llamadas salieron de celulares del interior de los penales y según la SSP, el 80 por ciento de las extorsiones salen de los penales.
Es necesario reconocer que nuestra juventud, los adultos y hasta la niñez, está cayendo en las garras de la drogadicción y de la violencia; se está perdiendo el respeto a la vida, a la salud, a la familia y a la ley y todo ello sin que la autoridad priorice este problema más que el avión presidencial, la estatua de Colón o el penacho de Moctezuma. Según el Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de Las Américas, México es de los países con mayor impunidad, pues de una lista de 69 países estudiados, México ocupa el lugar 60 y eso que ya bajó del lugar 66 que antes ocupó; mejoró porque otros países como Honduras y Guyana empeoraron. Según este estudio, México solo tiene 2.7 jueces por cada 10 mil habitantes, muy por debajo de la media global que es de 17.8 jueces por cada 10 mil habitantes.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia elaboró el “ranking” de las 50 ciudades más violentas del mundo, en el que se observa que 19 de las ciudades más violentas se encuentran en México, y entre las primeras 10 hay seis mexicanas, encabezadas por Tijuana, le sigue Ciudad Juárez, Uruapan, Irapuato, Ciudad Obregón y Acapulco.
En el anexo estadístico del 2° Informe de Gobierno de López Obrador, prevé cerrar el año 2020 con 40 mil 863 homicidios dolosos, lo que convertirá este año como el más violento de la historia, 9.5 por ciento más que en el 2019; las extorsiones también aumentaron un 12.7 por ciento, mientras tanto, las ganancias de los cárteles superan el billón de pesos, de 2016 a 2018 o sea 17 mil millones de dólares anuales.
Estos no saben de austeridad ni crisis económica.
