"El T-MEC y la reforma laboral"

A pesar del procedimiento de “impeachment” de Donal Trump y la inconveniencia política que implica dar un aparente triunfo al Presidente, el T-MEC fue aprobado por la Cámara de Representantes en Estados Unidos por abrumadora mayoría. Así el documento pasa ahora a la Cámara de Senadores, que podría autorizarlo a principios de 2020, para ser expedido como Ley por Donald Trump, finalmente. El obstáculo estaba en la Cámara baja, por lo que se espera que en lo que sigue ya no exista problema para su emisión.

El proyecto de Ley mantiene las cláusulas sobre el monitoreo de la reforma laboral en México, incluyendo el envío de agregados laborales a la Embajada, los que rendirán informes al respecto (esto fue exigido por los sindicatos, AFL-CIO, a los legisladores demócratas); lo cual eventualmente podría llevar a la creación de paneles tripartitos para dar tratamiento a las disputas. Es de suponer que habrá un seguimiento estrecho, para evitar simulación, ya que no se confía en las autoridades laborales de México.

Algunos críticos, como Gustavo de Hoyos de la Coparmex, han acusado al gobierno actual de no haber hecho una defensa más decidida de la soberanía nacional y los intereses del país frente a Estados Unidos, particularmente respecto al tema laboral. Sin embargo, por razones distintas a las formuladas por sectores proteccionistas en Estados Unidos, el gobierno mexicano también buscaba la reforma laboral (libertad sindical, desaparición de sindicatos blancos y aumento de salarios mínimos, entre otros aspectos). El T-MEC, en tal sentido, establece un marco favorable a tal propósito; e impide la marcha hacia atrás al término de la administración actual.

En las negociaciones sobre comercio el “dumping social” y el “dumping ambiental” han sido temas recurrentes; estos han sido vistos como formas de competencia ilegítima, no basadas en el aumento de la productividad o en las ventajas comparativas. De hecho, los gobiernos mexicanos -con auspicio del Banco de México- aplicaron a largo plazo una estrategia de orientación hacia las exportaciones basada en la contención salarial y la precarización laboral, a partir de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La estrategia fue fallida en términos de crecimiento económico y desarrollo, pero exitosa en términos de aumento de las exportaciones y su diversificación. En el actual entorno político y proteccionista de Estados Unidos ambos tipos de “dumping” ya no son tolerables, las circunstancias han cambiado, les guste o no a los empresarios mexicanos.

No hay que engañarse, los acuerdos comerciales implican pérdida de soberanía, ya que restringen o condicionan lo que los gobiernos nacionales pueden hacer o no, dado que sus decisiones pueden afectar negativamente a intereses de los socios comerciales. Si la preocupación es la pérdida de soberanía -y la imposición-, entonces hay que romper con esos acuerdos comerciales. De manera inversa, si se desea su continuidad, entonces hay que asumir que tendrán que hacerse concesiones, teniendo clara la situación de la economía mexicana en el entorno geopolítico actual.

Una ventaja que tiene el nuevo T-MEC es que establece la necesidad de ratificación cada seis años. La ruptura del T-MEC implica un periodo de ajuste de 16 años para la desarticulación de las cadenas de valor agregado, para efectos de reducir los daños sobre sectores que serían afectados.

Tradicionalmente, los productores de granos han sido fuertes críticos del TLCAN, sin embargo, hasta ahora parecía que había un amplio consenso favorable entre empresarios. Por razones equivocadas, por cierto, parece estar emergiendo una reacción en sentido opuesto, pero en fin es una reacción. En principio, la posibilidad de salida de un acuerdo comercial responde a un debate-disputa entre empresarios, los que se benefician y los que se ven afectados negativamente. Esa disputa puede terminar trascendiendo a amplios sectores sociales.

Desde la perspectiva del autor, México necesita recuperar márgenes para el ejercicio de políticas comerciales e industriales que auspicien su desarrollo económico, y un cierto grado de desconexión -no absoluto- respecto a la economía internacional para reducir su grado de vulnerabilidad frente a choques externos. Sin embargo, hay que reconocer que todavía no existe el contexto para un debate nacional en estos términos.