Ante activistas que gritaban “Justicia para las mujeres”, el Fiscal Juan José Ríos Estavillo fue seguro y contundente: sólo 22 por ciento de los 69 feminicidios cometidos en Sinaloa en lo que va de 2017 se ha esclarecido, o sea el 78 por ciento está en la impunidad.
Así de sencillo, así de fría la cifra, en su comparecencia ante diputados y diputadas de la 62 Legislatura que lo sentaron en el banquillo para rendir cuentas, si eso es posible, sobre los asesinatos de mujeres, que por cierto ayer mataron a otra allá por rumbos de El Rosario.
Dijo el Fiscal lo que ya se sabía, que la mayoría de estos casos se han registrado en Culiacán, Mazatlán, Navolato, Ahome y El Fuerte.
Pero lo que prendió un “foco rojo” fueron los datos que dimensionan la impunidad en los casos.
Las principales víctimas, detalló, son las mujeres en un rango de edad de 26 a 40 años. En este grupo se inserta el 48 por ciento de las víctimas y el arma que más se utiliza para atentar contra ellas: en la mitad de casos se utilizó arma de fuego, el 47 por ciento ocurrió por golpes, asfixia, quemadura y/o estrangulación de la víctima.
Las amas de casa, seguidas por las empleadas y comerciantes, han sido las principales víctimas, dijo.
Cifras de terror en un Sinaloa bárbaro...
Se le puso Chollet
Ni las activistas contra la violencia de género mostraron ayer en el Congreso local la dureza que mostró la priista Maribel Chollet, quien se lanzó contra la directora de Ismujeres, Reyna Araceli Tirado Gálvez, a quien llamaron a “rendir cuentas” sobre los feminicidios en la entidad.
Y de “soberbia” e “insensible” no la bajó.
Y es que la titular del Ismujeres acudió al recinto “arropada” por cientos de servidores públicos, que le aplaudieron estruendosos al término de su presentación, detallada, en un power point, gráficas, cifras, metas.
“Me preocupa la soberbia e insensibilidad con la que se viene a exponer un tema de dolor, porque este es un tema que nos duele a todas y todos, este no es un tema de colores, este no es un tema de partidos, y sin duda alguna se tiene que no haber pasado nunca por este dolor, para hablar con tanta soberbia del mismo”, exclamó.
Bueno, Tirado Gálvez sabía que no iba a un día de campo.
Podríamos decir que hasta le salió barato, protegida por la banda de amigos que llevaba.
Las despensas no bastan
El problema de los desplazados se agudiza.
Más allá de la violencia que ha obligado a muchas familias a dejar sus hogares y formar verdaderos asentamientos humanos por el miedo a volver, los gobierno no saben tratar el problema a profundidad o no han sabido verlo en su dimensión.
Ayer, un grupo de mujeres acudió a Culiacán para clamar por ayuda, les urge una casa dónde vivir, un hogar estable, y sobre todo empleo, cómo allegarse los recursos necesarios para ganarse la vida para ellas y sus hijos.
El grupo de mujeres dijeron que pertenecen a las más de 400 familias que se encuentran refugiadas en el municipio de Mazatlán, sin que hayan recibido apoyo integral por parte del Ayuntamiento de Concordia o del puerto, aseguran.
Despensas sí les han llevado, pero qué pasa, las despensas son necesarias y ayudan, pero sólo son curitas ante el problemón que tienen para subsistir. Tienen que pagar renta, servicios y escuelas, lo que se complica por no poder conseguir trabajo.
Y dijeron que acudirán al Legislativo o ante cualquier instancia de Gobierno para que les den ayuda.
Es imperante que el Legislativo y los ejecutivos atiendan este clamor. Así como la violencia es una realidad, es necesario que afronten la situación y hagan cada quien su parte para una ayuda integral, no más paliativos, soluciones, señores, soluciones.
O se aprietan el cinturón...
La que habló fuerte ayer fue la Alcaldesa de Guasave, Diana Armenta Armenta, quien amenazó a trabajadores sindicalizados que estaban en paro laboral con declarar en quiebra a la Jumapag si éstos no acceden a una reducción de plazas y a apretarse el cinturón.
La Presidenta Municipal detalló que lo que la recaudación de la Junta aporta se va en el pago de 400 trabajadores, 312 sindicalizados y 88 de confianza, teniendo un déficit mensual en la operación, de alrededor de 2 millones de pesos.
“Aquí hay de dos sopas: o declaramos quebrada la Junta y ustedes van a perder el patrimonio o la otra opción es disminuir el costo ¿y saben en qué va a disminuir?, en las plazas de los trabajadores, porque no hay para pagarles, no alcanza, lo que se factura no alcanza, así de sencillo”, precisó.
Y lo que contestó el Secretario general de la organización gremial, Roberto Acosta Quevedo, fue lo mismo de siempre: no están dispuestos a ceder plazas.
Hasta ahorita todavía son pláticas, pero al parecer se le avecina a la Alcaldesa un verdadero choque de trenes.
