En las semanas recientes ha habido en la Ciudad de México protestas de taxistas contra las empresas que están ofreciendo servicios de transporte para pasajeros, en particular Uber y Cabify, a las que consideran "piratas" y acusan de cometer "el delito" de transportación "ilegal de pasajeros, lo cual significa una competencia desleal y ruinosa para nuestro gremio".
Se trata de una acusación muy seria esa de delincuencia, cuando todo se reduce al temor a la competencia.
Pero la realidad es que estamos una vez más frente al mismo problema que con los maestros de la CNTE, los del sindicato petrolero o los de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro: los grupos corporativos no quieren que nada cambie, pues durante muchos años tuvieron todas las prerrogativas y quieren seguirlas teniendo: que sus empleos estén garantizados (e incluso sean heredables) aunque no se actualicen, no estén dispuestos a capacitarse, mejorar la productividad, entrar en las nuevas tecnologías, y en general ofrecer mejor servicio. Y por supuesto, como cuando somos muchos somos machos, prefieren pelear para que las cosas sean como ellos quieren, aun a costa de inventar delitos a los otros e incluso de cometerlos ellos mismos, algo que ya ha venido sucediendo.
De lo que no se dan cuenta es que ese paraíso no corresponde a un sistema capitalista como el que vivimos, en el que se supone que cualquiera tiene derecho a abrir una empresa, ofrecer un servicio y hacer lo mejor que pueda para ganar al cliente, y un sistema en el que la innovación y el cambio son la realidad cotidiana. Eso puede no gustarles, pero así es.
Lo mismo está pasando con el nuevo gas natural que ha venido a afectar seriamente a las viejas gaseras, con las empresas de televisión y de teléfonos que por primera vez enfrentan competencia, e incluso con la luz, pues ya es posible generar electricidad con sistemas solares. De nuevo: esto puede no convenirles a muchos, pero no por eso se lo va a prohibir.
Pero hoy, el problema ya no es sólo de quienes quieren seguir siendo dueños y señores del mercado, sino que ya es de todos los que habitamos la ciudad. Y eso, porque el gobierno en lugar de enfrentar el asunto se hace de oídos sordos y deja que corra la sangre.
Las autoridades de la capital llevan largo rato dejando sin atender lo que se vislumbraba como problema desde que empezaron a funcionar las nuevas empresas, y eso incluso a sabiendas de los ataques físicos de que han sido objeto quienes ofrecen los servicios, y en los últimos meses, viendo que el conflicto crece y crece.
El Secretario de Movilidad, cada vez que abre la boca, dice algo distinto: un día amenaza con verificadores que andan por toda la ciudad y pueden detener a cualquier taxista cuando les parezca, y otro día dice que es urgente modernizarse; en la mañana anuncia una decisión del gobierno y en la tarde se desdice de ella.
A estas horas ya tendrían que estar sentados alrededor de una mesa escuchando, explicando y negociando. Ellos deberían comprometerse a terminar con lo que les obligan hacer a los taxistas, que son montones de trámites y burocracias, revistas, comprar placas, sacar permisos y dar mordidas y a su vez, exigirles a éstos que traigan los vehículos y a los conductores en buen estado, que cobren tarifas pertinentes y que garanticen seguridad, porque la verdad es que el tipo de servicio que ofrecen las nuevas empresas explica su éxito entre los usuarios: puntualidad, limpieza, amabilidad, seguridad, buenos precios.
En nuestra megalópolis somos muchos millones los que necesitamos transporte de este tipo, así que hay mercado para todos, hay espacio para que florezcan mil flores, como decía Mao Tse Tung.
Es hora de resolver este asunto que puede terminar mal. No esperemos a que haya muertos. Quedarse callados y dejar que el conflicto siga creciendo es la peor idea.
Escritora e investigadora en la UNAM
sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.com
