"El Poder Legislativo tiene hoy la decisión"
norma@sanchez-castillo.mx
El Congreso de Sinaloa abrió tres convocatorias que sentarían un precedente en materia de control de la corrupción, con el fortalecimiento de los perfiles que ocupen la titularidad de los Órganos Internos de Control de la Comisión Estatal de Derecho Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Instituto Estatal Electoral, todos estos órganos autónomos.
Uno de los criterios más relevantes que deberán observar los y las legisladoras que integran las comisiones dictaminadoras, es que los tres procesos cumplan con los más altos estándares de transparencia (máxima publicidad), rendición de cuentas y participación ciudadana, que dotarían de confianza la decisión final tomada.
La valoración de los perfiles de las personas que se registren para contender por esos cargos públicos, debe pasar por una exhaustiva revisión de capacidades probadas para ejercer el cargo con autonomía, independiente e imparcialidad, características ausentes en quienes hoy ostentan esa responsabilidad en las más de 250 entidades públicas que existen en Sinaloa.
¿Cómo medir esas tres características en los perfiles de quienes se registren para ocupar esas tres vacantes? El Congreso del Estado ha solicitado como requisito presentar la declaración de intereses, un documento de valoración que debe ser parte fundamental de la etapa de evaluación de perfiles de aspirantes, porque permitirá saber si quienes aspiran a asumir estas posiciones están realmente dispuestos a deslindar su propios intereses para sancionar conductas de servidoras y servidores públicos y particulares. Hasta el momento, el Sistema Anticorrupción no ha sabido utilizar con efectividad este tipo de declaración pública.
Otra buena noticia es que el Congreso de Sinaloa incorporó en esta ocasión un espacio de participación para que ciudadanas y organizaciones civiles envíen propuestas sobre los perfiles de los y las candidatas. Durante el proceso de selección de él o la próxima titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa, por ejemplo, las y los diputados de las comisiones legislativas encargadas de emitir el fallo, deberán considerar la opinión de sociedad civil. Un ingrediente muy valioso en términos de apertura.
Los Órganos Internos de Control son uno de los principales pilares del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa. De la calidad de los perfiles que los integran depende la efectividad de las denuncias presentadas por el uso irregular de los recursos públicos: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, actuación bajo conflicto de interés, son algunas de las conductas que está obligado a investigar y a sancionar el Tribunal de Justicia Administrativa y que atañen a servidoras y servidores públicos; hay otras relacionadas con particulares.
La Política Anticorrupción de Sinaloa ofrece datos para reconocer la importancia de los Órganos Internos de Control o Contralorías: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló en 2017 que la falta de confianza en ellos inhibe la presentación de quejas y denuncias desde el interior de las organizaciones públicas y aun cuando en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece como un deber de las y los servidores públicos denunciar cualquier acto de corrupción dentro del ejercicio de sus funciones, esto no sucede.
¿Por qué sociedad y Gobierno no denuncian experiencias de corrupción en trámites y servicios públicos? La página 61 de la Política Anticorrupción de Sinaloa replica los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, al señalar que causa de lo anterior es porque la sociedad considera que denunciar es una pérdida de tiempo (27 por ciento); porque es inútil, ya que no le darían seguimiento alguno a la denuncia (19 por ciento); y porque la corrupción es una práctica muy común (12 por ciento)
Con esa percepción valdría la pena preguntar si la administración pública va a seguir sosteniendo un aparato gubernamental que no está funcionando, o en cambio le apuesta a fortalecer sus capacidades y competencias con los perfiles más idóneos en esos puestos. El Poder Legislativo tiene hoy la decisión.
