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La Constitución dice que el presupuesto debe estar aprobado el día 15 de noviembre. No importa. Vencido el plazo, Mario Delgado -líder de la bancada de los diputados morenistas- declaró: “el plazo constitucional no es una restricción insalvable” (¡!). Aun cuando no es extraño en la historia parlamentaria que los legisladores incumplan los plazos que ellos mismos se fijan para para aprobar las leyes secundarias que se derivan de las reformas constitucionales, hacía ya 15 años que esto no sucedía para el presupuesto. Siempre hay una excusa o un invento surrealista como el del reloj parlamentario que marca las horas a contentillo.
En esta ocasión no es solo otra violación a la Constitución, aunque no se prevea sanción para este suceso, es también su significado político. Que el presupuesto no estuviese en tiempo y forma bajo un gobierno dividido se entiende -aunque no se justifica legalmente- porque se requiere negociar para obtener la mayoría, aunque sea simple. Pero López Obrador la tiene. Y, dicho sea de paso, la tiene no por voluntad de los votantes sino por haber torcido la letra y el espíritu de la ley. Morena obtuvo el 37 por ciento de los votos para la Cámara de Diputados (CD), el INE le asignó originalmente 191 diputados equivalentes al 38 por ciento de la misma; para el primer día de sesiones (1 de septiembre 2018) ya tenía 247 diputados o 49 por ciento de la CD y al día de hoy, 259 diputados o sea, 52 por ciento. Oh sorpresa, una sobrerrepresentación del 15 por ciento entre votos y asientos cuando la Constitución dice que no podría tener más que 8 por ciento o sea un máximo de 225 diputados. Esto sin contar a sus aliados.
Con todo, el Presidente no pudo sacar a flote el presupuesto. Y no precisamente por culpa de la Oposición. Integrantes de su partido y coalición se negaron a aprobar la propuesta del Ejecutivo sin “modificar una sola coma” y exigieron recortar, entre otros, programas como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y Sembrando Vida, así como redistribuir más recursos a estados y municipios. La inconformidad llegó a tal nivel que en un encuentro entre legisladores y presidente este último abandonó la reunión y llamó a los disidentes “conservadores”.
Dos días antes del plazo constitucional y después de la ríspida reunión, Mario Delgado consiguió que 280 diputados firmaran una carta en la que se expone que “solidarios con nuestro gobierno, nuestro voto será unánime para aprobarlo, para que así el gobierno de la República pueda avanzar en beneficio de la población con mayores carencias y desventajas sociales”.
No sabemos qué vaya a ocurrir. ¿Votarán el día de hoy en favor y sin moverle una coma los 280 diputados de los 316 que tiene la coalición Juntos Haremos Historia? ¿Seguirá corriendo el reloj parlamentario? ¿Cederá el Ejecutivo ante algunas presiones?
Una rebelión a votarlo en sus términos revelaría que López Obrador no tiene el control que se creía sobre su bancada y aliados y que sus operadores en la Cámara no pueden hacer milagros o no son tan hábiles como se pensaba. Vaya, que el Presidente puede haber encontrado un contrapeso en donde menos lo esperaba: ¡en sus propias filas!
¿Por qué ocurriría esto? Básicamente por dos razones. En primer lugar porque el dinero disponible no alcanza ni para todo ni para todos y cada quien tiene sus prioridades. Porque los ingresos no aumentaron al ritmo y cantidad previstos debido a que se recaudó menos de lo que se tenía planeado, porque los ahorros producto de la austeridad republicana fueron insuficientes y porque nunca aparecieron los 500 mil millones provenientes de la corrupción.
Y no. No se trata de que la nueva administración quiera “avanzar en beneficio de la población con mayores carencias y desventajas sociales”. El aumento en el gasto social del presupuesto, que es bienvenido, es sólo 3.8 por ciento mayor.
En segundo lugar, el problema es quién gasta ese dinero. Los diputados y diputadas inconformes quieren recursos para gastar en sus distritos, lo quieren gastar ellos y ellas y quieren que se sepa. Pero López Obrador lo quiere gastar él -sin intermediarios- y que también se sepa de dónde viene el dinero y a quién se deben los beneficios.
Los diputados y diputadas tienen sus razones. En el 2021 habrá elecciones intermedias y se quieren reelegir. López Obrador tiene las suyas: él es el gran benefactor.
