@DeniseDresserG
Semana tras semana el gobierno de López Obrador parece abocado a cancelar derechos ciudadanos. Anuncio tras anuncio, el Presidente parece empeñado en quitarnos logros por los cuales peleamos durante décadas, y que pavimentaron su propio camino a la Presidencia. El derecho a la información, el derecho a la transparencia, el derecho a contar con mejores servicios de telecomunicaciones y protegernos de oligarcas y monopolistas que quieren volver a exprimirnos como naranjas. AMLO se presenta como el Gran Benefactor pero en realidad es el Gran Arrebatador. En lugar de ampliar el catálogo de conquistas democráticas, quiere cerrarlo. Todo con el afán de centralizar el poder y arrancárselo a quienes vigilan. Todo para volver a gobernar desde la opacidad, eliminando la competencia y los contrapesos. Eso es lo que subyace detrás del anuncio de destruir al Inai y al IFT. El emperador solo quiere rodearse de organismos cortesanos, para que nadie le diga que está desnudo.
Hay que denunciarlo y reconocerlo y encararlo. AMLO miente cuando afirma que los organismos autónomos han sido "cortinas de humo" y "tapaderas" para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información. Engaña cuando dice que es muy caro mantenerlos. Basta con comparar el presupuesto anual de 2021 para el Inai (918 millones de pesos), y el IFT (1,510 millones de pesos) con lo que costará mantener a Dos Bocas (45,050 millones de pesos), el Tren Maya (36,288 millones de pesos), y Santa Lucía (21,315 millones de pesos). Su "costo oneroso" es una parte infinitesimal del presupuesto, y el ahorro que generaría su eliminación es insignificante en comparación con lo destinado a obras controvertidas con beneficios poco claros. AMLO está usando el supuesto combate a la corrupción como un pretexto orwelliano para acumular poder antidemocráticamente.
A pesar de deficiencias, omisiones y errores, el Inai y el IFE sí sirven al interés público. Fueron impulsados desde la sociedad con ese objetivo. Vía peticiones de información al Inai, se han documentado múltiples casos de corrupción pasada y presente: el Toallagate de Fox, la Estafa Maestra, los desfalcos de Duarte, la Estela de Luz, los contratos entre Pemex y Odebrecht, las empresas fantasma beneficiarias de contratos gubernamentales, violaciones de derechos humanos por las Fuerzas Armadas y copiosas irregularidades más. Vía decisiones del IFT -el regulador de telecomunicaciones- se le han retirado privilegios a Telmex y a Televisa y a TV Azteca, con la promoción de la competencia en beneficio del consumidor. Al obligar a Telmex a reducir la tarifa de interconexión, han bajado los precios de la telefonía. Al otorgarse más concesiones y promoverse más licitaciones, hay más alternativas, sobre todo para las comunidades indígenas. Al declarar preponderante a Televisa, se le aplican reglas asimétricas para que puedan surgir otras opciones. Cualquier gobierno progresista aplaudiría estos avances de autonomía, transparencia y regulación. Solo un gobierno autoritario y protector de privilegios buscaría eliminarlos.
Al embestir al Inai y al IFT, el lopezobradorismo revela que prefiere esconder, prefiere coludir. Ahí están los datos y la evidencia. El gobierno de López Obrador es cuatro veces más opaco que el de Peña Nieto. La SSA reserva por 5 años los contratos de vacunas, la SHCP rechaza hacer público el informe de la refinería de Dos Bocas, Pemex pone en reserva por 5 años la información de grandes proyectos, Sedena reserva por 5 años la información sobre terrenos para la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, Presidencia rehúsa responder solicitudes de transparencia sobre los "otros datos" que AMLO cita en las mañaneras, la SRE reserva investigaciones sobre Cienfuegos, y un largo etcétera de evasión.
Ante una obstaculización rutinaria, imposible creer en la promesa presidencial de tramitar solicitudes de transparencia "fast track", cuando serían procesadas por esa tapadera cuatroteísta que es Irma Eréndira Sandoval. Ante el trato deferencial que AMLO les da a los plutócratas de las telecomunicaciones, imposible creer que la SCT los contendrá mejor. Hay contrarreformas que matan, y la de AMLO matará el derecho ciudadano a la información. Matará el derecho de los consumidores a no ser expoliados por las grandes corporaciones. Y como en tantos ámbitos que "transforma" la 4T, gana el gobierno, gana el Gran Arrebatador, pero pierde el país.
