El fenómeno de los desplazados por la violencia tiene, al menos, seis años que ocurre en Sinaloa.
Desde entonces, ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto ni Mario López Valdez ni Quirino Ordaz Coppel han dado prioridad a este tema en el que se violan prácticamente los derechos humanos más básicos.
Ahora que está de moda, podemos decir que el Estado ha estado eclipsado todo este tiempo.
Algunos municipios, como Concordia, y en su momento Choix, dieron alguna atención relacionada a vivienda y educación, pero a la fecha, ni las víctimas son atendidas ni se les ha restituido el daño.
Tan sólo por mencionar un dato. Hoy, en el regreso a clases, 9 de cada 100 niños regresarán a clases fuera de su hogar.
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Sinaloa calcula que son 600 niños víctimas de desplazamiento forzado de Concordia, San Ignacio y Badiraguato, nada más de este año.
Y eso que regresarán a clases es un decir, porque ocurre que cuando las familias huyen de sus comunidades lo hacen sin papeles. El terror los impulsa a salir corriendo.
Y sin papeles, ni información de alguien que los atienda en las ciudades, se complica la continuación de sus estudios.
El desplazamiento forzado por la violencia es llamado desplazamiento por goteo, porque no es un éxodo.
Las víctimas tampoco representan un alto porcentaje en proporción de la población y, electoralmente, no tienen un peso importante.
Esas son algunas de las razones por las que a los gobiernos les interesa un comino atender este problema.
Ni verdad, ni justicia, ni restitución del daño, mucho menos garantías de que no vuelvan a ser víctimas de desplazamiento es lo que estos sinaloenses necesitan.
También una atención inmediata. Una oficina en la que pueda registrarse para ayudarlos a instalarse en las ciudades, donde la vida es muy diferente.
En la sierra vivían en sus casas y tomaban agua de arroyos cristalinos, por ejemplo. Aquí tienen que pagar renta y comprar agua.
Es un tema de humanidad.
Promesas
gastadas
Gerardo Vargas Landeros lanzó el viernes un video para promocionar su imagen y dar así un paso más en la búsqueda de la candidatura a la Senaduría en 2018.
Pero lo que hace el ex Secretario General de Gobierno en ese clip es mentir con el mayor cinismo posible.
Claro, del malovismo ya no sorprende, pero no deja de ser ofensivo.
En un tono motivacional, muestra leyendas de superación e imágenes de personas para dar la impresión de que es algo muy “humano”.
La primera frase es “Podemos cambiar”. ¿Cambiar con Vargas? Mario López Valdez prometió ejercer el Gobierno del Cambio, y ni él ni Vargas cambiaron alguna cosa.
Por el contrario, ejercieron de la peor manera las prácticas más corruptas de gobiernos anteriores.
La administración pública no mejoró y, vaya, de todos es sabido la constante escasez de insumos en la Unidad de Servicios Estatales, que estaba bajo la responsabilidad del ahora aspirante a Senador.
Luego dice “Podemos vivir en paz”. ¿En serio? En el gobierno en el que él fue el número 2 se cometieron más asesinatos que en el sexenio anterior. Incluso, gente que formó parte de su equipo de campaña fue asesinada, como Luis Pérez Hernández y Humberto Millán, sin que a la fecha, convenientemente, se haya siquiera identificado a los responsables autores intelectuales y materiales.
Y remata: “Gerardo Vargas, seguridad y progreso”. El chiste se cuenta solo.
Lecciones
huachicoleras
Las autoridades de Puebla reconocen que el problema del saqueo masivo de combustibles existe gracias a la complicidad de por lo menos dos administraciones estatales pasadas y parte de las dependencias actuales.
Resulta que los mentados “huachicoleros” comenzaron robando combustibles en baldes y garrafas y terminaron construyendo una organización que se mueve en autos robados, conducidos por hombres armados.
Es tal su poder, que operan en varios estados y a pesar de ser perseguidos por elementos estatales y federales apenas los han afectado.
Otra de las claves es el enorme apoyo social que tiene este tipo de delito.
El asunto no es nada que nos sorprenda en Sinaloa, donde la delincuencia organizada no se puede explicar sin un gran apoyo social, la complacencia de las autoridades y un crecimiento desmesurado que prácticamente los hace intocables.
Justicia,
sólo justicia
La inseguridad todos días muta, cada segundo provoca un daño patrimonial, en el menor de los casos, pues en el peor de los escenarios se lleva vidas, incluso, de inocentes.
El crimen de las enfermeras del IMSS, en Maza-tlán, Cindy y Érika es una herida que sigue abierta mientras quienes ordenaron sus asesinatos no sean presentados ante la justicia.
La Fiscalía resolvió el caso en menos de una semana, pero aún faltan las piezas clave en el “rompecabezas” de esta tragedia.
