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El año 2019 ha sido de gran trascendencia para el sistema educativo. Esto se debe a que se ha logrado que desde las nuevas reformas constitucionales a los artículos 3, 31 y 73 se focalizara el interés superior de la infancia con un enfoque de integralidad, equidad e interculturalidad, así como el reconocimiento de los docentes como agentes transformadores de cambio, asimismo, ha sido posible contar con una legislación secundaria que, aunque no responde plenamente a las necesidades de las y los niños para garantizar su derecho a aprender, es la base del nuevo proyecto educativo nacional.
Cada año, es una nueva oportunidad para innovar, mejorar y generar más y mejores condiciones para el aprendizaje de las y los alumnos, por tal motivo, más allá de las nuevas reglas del juego establecidas en el marco legal, en el año 2020 se visualizan diversos desafíos los cuales requieren de la participación comprometida de todos los agentes de cambio.
Uno de los principales retos del próximo año será la implementación de las estrategias nacionales de primera infancia, fortalecimiento de escuelas normales y educación inclusiva, las cuales representan una gran oportunidad para avanzar hacia un sistema educativo más incluyente que brinde oportunidades equitativas para que cada niña, niño y joven puedan convertirse en la mejor versión de si mismos, que les permita desarrollarse plenamente desde sus primeros años de vida y se garantice una formación oportuna y adecuada para los futuros docentes.
Otro elemento al que debemos estar atentos es a las transferencias directas de recursos a las familias para apoyar la infraestructura y equipamiento de las escuelas mediante el programa “La Escuela es Nuestra”, ya que es responsabilidad del Estado garantizar que estas sean dignas y seguras para los estudiantes. En ese sentido, debe asegurarse un uso adecuado del gasto, contemplando la participación de las y los alumnos, sistemas de información que permitan una implementación efectiva, transparente y con mecanismos adecuados de rendición de cuentas.
No podemos dejar de lado la importancia de contar con lineamientos de participación social en la educación que permitan a las familias contar con las bases para involucrarse en las escuelas y acompañar a los docentes y directivos hacia la transformación educativa. Tampoco podemos quitar el dedo del renglón para que se garanticen los derechos profesionales docentes y que estos cuenten con acompañamiento e incentivos adecuados por su esfuerzo que les permita guiar adecuadamente a sus alumnos a través de su trayectoria escolar.
En todo lo anterior, el Congreso del Estado desempeñará un papel importante ya que tendrán la gran responsabilidad de homologar la legislación nacional en el estado para que responda a las necesidades de las niñas, niños y jóvenes en Sinaloa. Estos desafíos que se aproximan en 2020 requieren que todos los actores educativos, sociales y gubernamentales nos sumemos y nos transformemos en activadores de agentes de cambio para lograr un sistema educativo más justo e incluyente que genere más y mejores comunidades de aprendizaje. Esta es una nueva oportunidad, tenemos que aprovecharla.
