Rafael Morgan Ríos
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Terminó el año 2019 y empieza el 2020 y todo parece indicar que se pretende olvidar los efectos de muchas decisiones, cuyos resultados han afectado a la sociedad y al futuro de México, no sólo internamente, sino también en su imagen internacional:
1. El ridículo de las fuerzas armadas al tener que liberar al hijo de “El Chapo Guzmán” ante el despliegue de fuerza que realizó la delincuencia organizada y, aunque se ha pretendido justificar la decisión arguyendo la protección de vidas de civiles y policías, lo cierto es que quedó demostrado que las autoridades carecen de un sistema de inteligencia que les pudo haber informado la capacidad de respuesta de los narcotraficantes, la cantidad y potencia de su armamento y el número de sus efectivos, claramente superior a los de las autoridades; para los ciudadanos, se demostró que Culiacán es una plaza tomada por el Cártel de Sinaloa, en donde ellos producen, trafican, consumen, venden y compran drogas, armas, voluntades y dinero a ciencia y pareciera de las autoridades; si se quiere una prueba más, piensen en la balacera de fin de año, en la que se escucharon disparos de pistolas, rifles y metralletas de diferentes calibres, a pesar de los exhortos de las autoridades y hasta de los “acuerdos” a que se haya llegado para eliminar esta violación a la ley; y si se quiere otra prueba más, habría que preguntarse por qué no se ha investigado, perseguido y recapturado a los 55 reos que se fugaron ese mismo día del llamado “Culiacanazo”, sólo se ha sabido que se ha reaprehendido uno o dos de los fugados. Lo dicho pues, Culiacán, como otras varias ciudades, son reductos de la delincuencia en donde autoridades, ciudadanos pacíficos y delincuentes conviven en precaria y “acordada paz”, al margen del derecho.
2. En el aspecto internacional, también las autoridades nacionales han quedado en ridículo con algunas decisiones como la apertura de las fronteras para después tener que acatar las órdenes de Trump de utilizar al ejército y la Guardia Nacional para impedir el paso de migrantes, cerrando fronteras del sur y del norte del país, y ahora se tiene que albergar, atender, alimentar y repatriar a todos los que Estados Unidos no quiere. El gobierno de Estados Unidos tiene a México contra la pared con las amenazas del muro, de los aranceles y con la de considerar como terroristas a los grupos de delincuentes mexicanos así como con el contenido del nuevo TMEC, que incluye inspectores y vigilantes del cumplimiento del tratado y hasta de las propias leyes del país; y aun así, los aranceles a los productos de hierro y aluminio y los “castigos” al tomate mexicano, se están aplicando.
3. El otro caso reciente es el ingenuo error de haber traído al ex Presidente de Bolivia, Evo Morales, que se anunció y festinó como un acto de rescate de un Presidente indígena, pero... en cuanto Mr. Trump mostró su desacuerdo, presionó al gobierno mexicano para que lo mandara a “curarse” a Cuba, y sin despedirse se fue luego a Argentina, donde lo han recibido con la condición de que se sujete a las leyes de ese país, cosa que no hizo México. Este caso todavía no se termina, pues las relaciones con Bolivia están a punto de romperse con la expulsión de la embajadora mexicana. La pregunta es ¿qué necesidad había de todo esto?
4. Otro error de capricho, de apreciación o de ingenuo desconocimiento, es el caso del avión presidencial, que también con algarabía y venganza política, se decidió “devolver” dicho avión, sin percatarse que estaba en arrendamiento financiero y, bajo la pueril información de que “ese avión no lo tiene ni Obama”, se entregó al fabricante para que se pudiera vender o traspasar su contrato. Pues bien, ni se ha vendido, ni traspasado, más aun prácticamente no hay “clientes”, pero le está costando al erario 16 millones de pesos al año y según el periódico Reforma, es un gasto similar al que costaría operarlo en servicio de la presidencia. Cualquier asesor le pudo aconsejar al Presidente que un avión, una vez que lo entrega el fabricante, pierde un 25 por ciento de su valor de nuevo; que es un avión adaptado y quien quiera que lo comprara tendría que invertir en remodelaciones; que el sólo hecho de mantenerlo en hangares tendría un costo, más el factor obsolescencia. Pero, como es una decisión presidencial, no ha habido quién le reclame la ineficiencia de su decisión, lo cual también es una forma de corrupción.
Quedan todavía otras decisiones muy costosas para el país, pero como el 2019 quedó atrás, la resaca de las malas decisiones todavía se estará sufriendo en este 2020, más lo que venga después.
