Arturo Santamaría Gómez
santamar24@hotmail.com
Se apagaron las llamas del infausto 17 de octubre, pero las brasas siguen incandescentes. No sabemos todavía con plena certidumbre quiénes planearon, mal, la operación militar, quiénes fueron todos los actores involucrados, cuántas víctimas reales hubo; y aún no alcanzamos a ver con claridad las consecuencias, seguramente trascendentales, de ese acontecimiento.
Los abundantes comentarios y análisis del jueves negro de Culiacán, sobre todo en los grandes medios de la capital del País, se han centrado en las repercusiones nacionales que pueda tener el 17 de octubre en las políticas del Estado encabezadas hoy en día por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, las que ya acontecen en otro nivel, y se desarrollarán en lo inmediato y a mediano plazo, son las que impactan en el Municipio de Culiacán, en el conjunto del estado de Sinaloa, y en el ámbito internacional.
De igual manera, es evidente, más que nunca, que lo que suceda en Sinaloa en el tema del crimen organizado genera ondas expansivas en el plano global, y más particularmente en Estados Unidos. México es tan importante para el Tío Sam que prácticamente nos considera, para nuestro infortunio, como parte de sus políticas domésticas en varios temas, sobre todo en migración internacional, narcotráfico y seguridad nacional.
Precisamente porque Estados Unidos nos considera su patio trasero- hoy más que nunca con Donald Trump- es que la DEA, en el caso específico del narco, está interviniendo en escala creciente, al grado de que hace visitas a los estados, se entrevista con los gobernadores y prácticamente da órdenes. Para colmo, el mismo Subsecretario de Estado habla abiertamente de intervenir en la política antinarco de México.
Si creemos en la veracidad del reportaje que presentó Luis Cárdenas en Multivisión el miércoles pasado, y antes a una breve nota que publicó el 19 de septiembre Ismael Bojórquez en el semanario Ríodoce, una delegación importante de la DEA visitó Sinaloa, inspeccionó laboratorios decomisados al narco, se entrevistó con el Gobernador Quirino Ordaz y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, así como con altos mandos de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad. Al contemplar la impresionante infraestructura del laboratorio que hallaron en las faldas de Culiacán, los agentes de la DEA y los funcionarios de la Embajada entendieron porque el fentanilo que se produce en México está inundando las calles de las principales metrópolis estadounidenses y se extiende como hiedra venenosa a otras ciudades. Según este reportaje, esa inspección de la DEA en territorio sinaloense fue el factor que decidió desatar la cacería de Ovidio Guzmán que, según el gobierno del vecino del Norte, es uno de los principales responsables de ese tráfico. La premura de la operación, que sin duda influyó para que resultara en fracaso, se explica por la enorme presión de Donald Trump sobre el nervioso Gobierno mexicano.
Lo anterior quiere decir que mientras Sinaloa sea la columna vertebral del narcotráfico en el País, y más específicamente de la producción y comercialización del fentanilo, la droga que crece exponencialmente en las urbes norteamericanas, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, el FBI, la CIA, los marines, o quien sea, va a intervenir en nuestro territorio. Y, lo más probable es que, incluso, busque influir en la política regional, como ya lo estamos viendo.
En efecto, los estadounidenses no parecen ya querer limitarse a investigar al crimen organizado en general, y en particular al sinaloense, para dotar de información a las instituciones mexicanas, sino más bien están dando pasos para tomar las decisiones de en qué momento actuar. En este sentido, estarán muy atentos para seguir los procesos electorales regionales y, si es posible, influir en ellos. Querrán tener a un Gobernador e incluso alcaldes que colaboren con la DEA.
En este otro escenario, si tomamos en cuenta la encuesta que llevó a cabo Roy Campos en Culiacán para medir la opinión de sus habitantes en torno a la decisión de López Obrador de liberar a Ovidio Guzmán, veremos que se califica muy positivamente (79 por ciento), en comparación a una media nacional que es muy inferior. Mientras que para la mayoría de los ciudadanos de la capital sinaloense, quienes padecieron el fuego cruzado y la acción más osada que haya tomado jamás cártel mexicano alguno, el juicio de AMLO fue el correcto, para una minoría local no lo fue y para el promedio nacional tampoco.
La siguiente conjetura no tendría que ser mecánica, pero se puede colegir que el habitante solitario de Palacio Nacional sale políticamente fortalecido del 17 de octubre en la capital sinaloense y quizá en el conjunto del estado. Y si el impacto del jueves negro perdura hasta 2021 los electores del estado podrían favorecer al candidato de AMLO porque con muchas probabilidades la inseguridad seguirá siendo el tema número uno que domine la agenda regional de aquí a entonces. Los ciudadanos de Sinaloa no quieren una guerra con el narco ni tampoco AMLO. Nadie sabe mejor en el País el arraigo y poderío del narco que los habitantes de la tierra del chilorio y el aguachile.
De ser así, y a pesar de que el mismo Presidente exoneró al Gobernador de cualquier responsabilidad en la operación fallida del 17 de octubre, Quirino Ordaz queda políticamente golpeado, aun más que, en este caso, Estrada Ferreiro. Los periodistas locales durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad le reclamaron mucho más al Gobernador que a Alfonso Durazo o al General Sandoval. En la percepción sinaloense, o al menos en la culiacanense, se responsabiliza más de la crisis a los gobernantes locales que al Presidente de la República.
En Sinaloa las películas de Hollywood, los turistas de Estados Unidos y el beisbol de las Grandes Ligas son muy bien recibidos, pero la DEA, no.
Posdata
El 17 de octubre de 2019 es ya un parteaguas en la historia política mexicana y no tan solo en el relato del narco. Vendrán toneladas de análisis periodísticos, políticos y académicos, incluso fuera de México.
