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Uno de los enfoques más adecuados para medir la capacidad de dar resultados de una institución pública, es el análisis de los avances a partir del gasto y los recursos humanos con los que cuenta.
Los datos que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción dio a conocer el pasado 23 de septiembre, ofrecen un acercamiento a la capacidad institucional de su homóloga en Sinaloa, al señalar el porcentaje de avance en la implementación del proyecto digital más ambicioso de la Política Estatal Anticorrupción: la Plataforma Digital Estatal.
Integrada por seis subsistemas informáticos, la Plataforma Digital Estatal es un proyecto que debe centralizar en un solo punto, (1) toda la información sobre declaraciones patrimoniales y de intereses, (2) la relación completa de las y los servidores públicos que intervienen en las contrataciones, (3) toda la información sobre los procedimientos de contratación pública del ámbito estatal y municipal, (4) la lista de sancionados del sector público y privado, y (5) toda la información que genera el Sistema Estatal de Fiscalización y (6) toda la que genera el Sistema Estatal de Denuncias por hechos de corrupción y faltas administrativas. De ese tamaño es su importancia.
Uno de los principales problemas de la administración pública en esta entidad es su incapacidad para eliminar las discrepancias de la información que difunde a través de las plataformas electrónicas. Es muy común que dos fuentes oficiales presenten información asimétrica sobre un mismo dato. Por eso, la Plataforma Digital de Sinaloa está prevista para ser la ventanilla única que sirva de insumo para quienes toman decisiones en materia de corrupción.
El informe de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción coloca a Sinaloa en una posición poco alentadora respecto a su capacidad técnica para consolidar, al menos en un corto plazo, su sistema informático: le da un 30 por ciento de avance en Infraestructura, un 50 por ciento en Capital humano, un 31 por ciento en Mapeo y gestión de datos, y un 39 por ciento en Desarrollo de Mecanismos de Comunicación.
Los números llaman la atención porque el estado de Aguascalientes, con un equipo operativo y recursos financieros muy semejantes a los de Sinaloa, ya logró un 100 por ciento de avance en los dos primeros rubros, y un 7 y 89 por ciento en los dos últimos.
Y aquí es importante considerar cuánto están gastando ambas instituciones. Mientras que la Secretaría Ejecutiva de Sinaloa obtuvo para el ejercicio fiscal 2020 un presupuesto de 12 millones 858 mil 017 pesos, en Aguascalientes están ejerciendo 14 millones 762 mil pesos. Aunque son casi 2 millones más, hay que observar que esta última entidad ya logró operar e interconectar con la plataforma nacional, su sistema local de información. ¿Por qué Sinaloa no lo ha logrado?
Un dato que aporta otro acercamiento al análisis sobre la capacidad institucional de la Secretaría Ejecutiva de Sinaloa, es el número de plazas ocupadas con las que cuenta. Según el informe de transparencia al 30 de junio pasado, la entidad pública reporta un total de 20 contratos de confianza, de los cuales ocho tienen el nivel de jefatura y ocho de dirección. En tanto, la Secretaría Ejecutiva de Aguascalientes reporta, a la misma fecha, un total de 21 plazas, de las cuales solo una es permanente (el titular de la Secretaría), 11 son de confianza y nueve temporales. De ese total, siete son jefaturas y solo tres tienen el nivel de dirección.
Lo anterior nos da un pista sobre cómo está operando la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Sinaloa respecto a sus recursos humanos y, más allá de esto, de su capacidad para alcanzar objetivos y metas de la Política Estatal Anticorrupción. Cabe mencionar que esta instancia fue creada apenas en 2018 y de la calidad de su trabajo dependen los proyectos técnicos aprobados por el Comité Coordinador, la máxima autoridad en materia de corrupción.
Un diagnóstico sobre capacidades institucionales nos obliga a preguntarnos también qué tanto los perfiles contratados son idóneos para asumir los cargos. Aquí es necesario decir que la Secretaría de Aguascalientes, con 14 millones 762 mil pesos y 21 plazas en 2020, ha logrado ya operar e interconectar su plataforma estatal con el sistema nacional de información.
Hacer un análisis de capacidades institucionales de manera abierta, cuando se trata de entidades públicas, es fundamental para orientar mejor los resultados. Cuánto tienes y cuánto puedes es el mejor punto de partida para medir el compromiso del Gobierno con la política pública anticorrupción.
