"Crecimiento económico y expectativas"

Alfonso Romo, Coordinador del Gabinete Económico, afirmó en el Foro de Fondos de Inversión organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (febrero 20, 2020) que la 4T no funcionará sin crecimiento económico, de ahí que se le haya encomendado la tarea de atraer inversionistas, y darles certidumbre.

Es bueno que se reconozca explícitamente que se debe poner la atención en el crecimiento económico, y no sólo en el bienestar.

No obstante, desde nuestra opinión, la creación de nuevas bases de crecimiento, de la cual habla también Romo, implícitamente implica la modificación de la relación entre el Estado mexicano y ciertos grupos de poder, de modo que a corto plazo la incertidumbre resulta, en realidad, inevitable. Por largo tiempo, el Estado mexicano fue adquiriendo fuertes perfiles oligárquicos, siendo un factor de inhibición de la modernización del país y de su desarrollo económico y social.

el Estado estaba capturado por ciertos intereses privados, en detrimento de la ciudadanía y de los empresarios mismos.

Por poner un ejemplo, en la industria de alimentos, el Grupo Bimbo había tenido éxito en frenar cualquier intento de las organizaciones de consumidores para hacer explícitos, mediante el etiquetado, los riesgos que representan para la salud el consumo de productos chatarra.

La teoría económica centra la atención en las expectativas no en la confianza, si bien esta última puede dar lugar a expectativas favorables. Si los inversionistas creen que habrá demanda para sus productos estarán dispuestos a realizar nuevas inversiones, si anticipan una recesión dejarán de hacerlas, sin importar cuál sea el clima de confianza. En tal sentido, la atención debe estar puesta en asentar expectativas favorables al crecimiento económico.

El crecimiento económico es sustancialmente un problema de inversión: a mayor inversión mayor empleo y demanda de bienes y, por lo tanto, mayor ampliación de las actividades económicas. La inversión puede ser pública o privada, y su financiamiento puede ser de fuentes externas o internas.

La apuesta de las reformas hechas en las últimas 4 décadas era que el crecimiento descansara en la inversión privada meramente, reduciendo el peso de la inversión pública. En términos gruesos, la inversión pública como porcentaje del PIB se redujo del 11 por ciento al 2 por ciento; pero la inversión privada fue insuficiente. Por más partidarios que seamos del sector privado, esta fue una apuesta simplista. Elevar el crecimiento económico es un proceso mucho más complejo.

A largo plazo, el país disminuyó su potencial de crecimiento, lo cual se vio reflejado en estancamiento económico, mayor inequidad social, aumento de la pobreza y pérdida amplia de bienestar social. El aumento de la criminalidad y la violencia, que aún asfixian a la sociedad mexicana se asocian a la acumulación de falta de crecimiento, no sólo se deben al debilitamiento del Estado y a su incapacidad de respuesta frente a las demandas de la sociedad civil.

Ahora se reconoce que la inversión pública, particularmente en infraestructura, es necesaria para detonar y orientar el desarrollo de actividades privadas en las distintas regiones del país. De hecho, la caída en el crecimiento del PIB en 2019 se explica en buena medida por la caída de la industria de la construcción, debido a una menor inversión pública y al retraso en las decisiones respecto al gasto gubernamental.

Hay un reclamo amplio de mayor inversión pública, pero se tienen capacidades de gasto limitadas, ante la carga que representa el gasto corriente y la baja recaudación impositiva.

En sus inicios este gobierno se planteó la posibilidad de efectuar una reforma fiscal en la segunda mitad del periodo de gobierno, pero recientemente hizo pública la decisión de no hacerla. Más allá de si es correcta o no esa decisión, se busca anclar expectativas de que no habrá aumento de la carga impositiva sobre ciudadanos y empresas.

Sin embargo, en la práctica está ocurriendo cierta reforma, son expresiones de esto, por ejemplo, la eliminación de la prerrogativa de condonación de impuestos para grandes deudores, la declaratoria de la emisión de facturas falsas como crimen organizado, la posible reforma de la legislación respecto a la penalización de ciertas prácticas de "outsourcing".

Estas medidas afectan sobre todo a grandes contribuyentes, los cuales tendrán que pagar más impuestos.

El cambio en la relación entre Estado y los empresarios tiene el efecto de modificar el esquema de incentivos económicos.

Por ejemplo, si la carga fiscal se volviera más explícita, se redujeran las transferencias públicas y las ganancias dependieran menos de las compras gubernamentales, la utilidad de las empresas tendrá que buscarse que provenga de otras fuentes, a fin de mantenerse en el mercado.

En algún momento tendría que ocurrir mayor inversión para mantener la competitividad. Sin embargo, a corto plazo hay desajustes… y reacciones negativas. Así funciona la economía.
Esperemos que realmente el nuevo gobierno tenga tiempo suficiente para al menos sentar las bases para un nuevo esquema de crecimiento económico.