Esta semana la nota nacional la dieron los sinaloenses, mayoritariamente culichis, que hicieron largas filas en pastelerías y pizzerías con motivo del Día del Niño. Ver a la gente en la calle indignó porque Sinaloa está en el cuarto lugar nacional en decesos con 159 y en el quinto lugar en casos confirmados de Covid-19 con 1,012 según Salud Federal.
En lo personal, no soy partidario de la restricción de libertades como comprar juguetes, electrónica y hasta cerveza en un super en tiempos de pandemia. Aunque entiendo que el reclamo a las autoridades sea “apretar más”, ningún gobierno debería tratarnos como niños.
Más aún cuando las autoridades locales y federales tienen una responsabilidad ante la pandemia: la tuvieron de prever desde que la OMS alertó de la misma el 30 de enero; la tienen ahora de atenderla y contenerla; y la tendrán en el futuro próximo para implementar un “plan de salida” que nos permita volver a la “nueva normalidad”.
¿Pero cómo será esa nueva normalidad? Sin duda no saldremos de la cuarentena a vivir, trabajar y trasladarnos como lo hacíamos antes. La epidemia, coinciden los expertos, llegó para cambiar el orden económico y social a nivel mundial. Según Kevin Sneader, global manager de Mackinsey, la batalla contra el Covid-19 exige cinco etapas: Resolver, Resiliencia, Regresar, Reimaginar y Reformar.
Antes de la pandemia, en México el sistema de la salud ya estaba colapsado y la economía estancada; además, no se previno nada y por eso ahora el país se encuentra abrumado en la primera etapa: resolver. Lo que implica proveer insumos médicos básicos que llevaban meses de retraso, realizar compras de equipo que llegarán hasta mediados de mayo, cubrir necesidades de personal, dar clases en línea sin infraestructura, etc. “Resolver” ahora significa “aplanar la curva” y atender a los enfermos para que la epidemia salga lo más barata posible en términos de muertos.
En esta tarea, es destacable el rol subsidiario que ha asumido la sociedad civil al organizarse y donar recursos, alimentos, equipo e insumos médicos para la población en general y el personal de Salud.
El siguiente paso es la “Resiliencia”: resistir la crisis económica (y sus efectos emocionales y de estrés) que impone la crisis de salud tras la drástica reducción de oferta y demanda, lo que impacta negativamente la solvencia y liquidez de las empresas y, también, del gobierno. Mckinsey estima que el impacto a nuestros medios de subsistencia por el Covid-19 podría ser el más grande en más de un siglo.
Pero todavía seguimos en la Fase 3 de “contagio acelerado” y los casos y las muertes se multiplican, de modo que aún no se sabe con certeza cuándo podremos empezar a pensar en “volver”.
Lo cierto es que hay que planear ese regreso porque la crisis económica se come al país a mordidas. Al 9 de abril se habían perdido 346 mil empleos y para el cierre de mes se espera que la cifra ronde el millón. En la víspera de la emergencia, el PIB decreció 2.4 por ciento durante el primer trimestre de 2020 y Pemex perdió 562 mil mdp: ¡6.2 mil millones por día!
Si no se planea con realismo, basados en evidencia científica y mejores prácticas internacionales, y no se implementa con eficacia, el regreso desordenado a la actividad económica podría salirnos más caro: provocar una segunda ola de contagios, más muertes y, otra vez, un frenón económico que no aguantaría ningún sector o región.
Este viernes, el subsecretario López-Gatell felicitó al gobernador Quirino Ordaz por su estrategia para subsanar las necesidades de hospitalización en Sinaloa y afirmó que en Culiacán el pico más alto de contagio “ya pasó”.
Cuidado. Si bien la evolución de casos activos en Sinaloa muestra que en la última semana el número se estabilizó en el orden de los 500 (vér gráfica), la curva de contagio sigue creciendo aún con cuarentena y todos los días “aparecen” nuevos decesos de fechas anteriores que “no habían sido registrados”. Solo para que lo dimensione: ese subregistro ha llegado a ser de 42 personas fallecidas en Sinaloa. Casi un tercio del total.
Como reacción al “pastelazo” del Día del Niño, las autoridades estatales salieron a decir que consideran declarar a los pasteles actividad no esencial, se anunció que la Ley Seca continuará hasta después del 10 de mayo y que los panteones cerrarán en esas fechas. Todo en la lógica del “apretar más”.
Tiene sentido. El problema es que ese estado de cosas no es sostenible. El diseño de toda estrategia de aislamiento o distanciamiento social implica un plazo temporal que para México oscila entre el 17 y el 30 de mayo.
Por eso, a dos semanas de cumplirse el plazo las autoridades locales y federales necesitan empezar a decirnos cómo será esa nueva “normalidad”: en la calle, en el trabajo, en el gobierno mismo. Fijar las nuevas reglas del juego sanitario, comprometerse con un calendario –y presupuesto– y concertar con los diferentes sectores productivos para ejecutarlo al pie de la letra y en el marco legal vigente.
El imperativo es decidir cómo se salvaguardan la mayor cantidad de vidas suprimiendo el crecimiento del virus, incrementado capacidades de pruebas y atención hospitalaria, y encontrando mejores tratamientos y vacunas; al tiempo que se protegen los medios de subsistencia de la mayor parte de la población apoyando a personas y empresas afectadas por el cierre de actividades, preparándolos para volver con seguridad a las actividad y acelerando la recuperación de la economía.
El dilema ahora de nuestros gobernantes no es decidir entre la salud O la economía, sino decidir para la salud Y la economía de sus ciudadanos.