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Por motivos de carácter político profesional, durante los últimos diecisiete años viajo con cierta regularidad a la Ciudad de México. Incluso viví allá, cerca de tres años por esa razón. Como buen provinciano, cada que puedo, recorro solitariamente y sin rumbo definido, las bellas calles del Centro Histórico. Dedico horas a observar el trajinar de la gente que camina por la peatonal Madero, y en la calle de Donceles procuro detenerme a comprar libros de segunda mano que difícilmente se encuentran nuevos en las librerías tradicionales, que luego devoro entre el bullicio y el andar del metro.
Siempre he encontrado interesante detenerme a conversar con la gente. Con los artistas populares que hacen más interesante la ciudad, con personas que legítimamente protestan, con vendedores de tlayudas, guajolotas y tacos de canasta, con adultos mayores, con locatarios del mercado de La Viga, y por mi labor sindical, con trabajadores, así como con pomposos aficionados de la tauromaquia y con los parlanchines boleadores de zapatos que se pintan solos para la platicada.
A los unos y a los otros, suelo preguntarles por los problemas de la ciudad y por sus políticos. La mayoría, desde entonces, reniega del tráfico y se muestran a favor de Andrés Manuel López Obrador, particularmente por sus políticas de austeridad gubernamental, desarrollo social, y de su peculiar estilo de comunicar diaria y mañaneramente.
Quizá por ello, me convencí que de ganar las presidenciales, el país se volcaría con el proyecto Lópezobradorista, tal como ocurrió en la CDMX. Recordemos que en el año 2000, Andrés Manuel ganó la Jefatura de Gobierno del D.F., con una ventaja del 4 por ciento frente a su adversario más cercano, diferencia que aumentó abrumadoramente con los candidatos posteriores: en 2006, Marcelo Ebrard obtuvo más de 20 puntos de diferencia, mientras que Miguel Ángel Mancera se alzó con la victoria en 2012 con más del 43 por ciento de ventaja, y Claudia Sheinbaum, ya no como candidata del PRD, sino de Morena, obtuvo el triunfo electoral con 16 por ciento de holgura, lo cual refleja la consolidación del proyecto Lópezobradorista en la capital del país.
Cumplidos dos años al frente del gobierno federal, AMLO mantiene, a pesar de la tragedia que supone la pandemia por Covid-19, altos niveles de aprobación pública que rondan en promedio el 60 y el 70 por ciento, según el rubro a calificar, y en general, obtiene porcentajes superiores a los gobernadores en sus respectivas entidades.
Sin embargo, la oposición señala agria y omisamente, los males del México actual, como si la pandemia no fuera global y los problemas no hubieran existido antes y no se hubieran agravado durante la oportunidad de gobierno que durante décadas tuvieron.
Lo anterior lo traigo a colación, derivado de un par de conversaciones que así como en la CDMX, en Culiacán parecieran reproducirse cada vez con mayor frecuencia en espacios de la vida diaria y que apuntan a valorar positivamente al gobierno del Presidente de la República. Aunque la oposición diga lo contrario.
Don Teodoro, por ejemplo, es uno de los peluqueros más antiguos de Culiacán. Debe tener cerca de sesenta años laborando. Trabaja de lunes a sábado. Cierra su negocio a las nueve de la noche. No hace mucho tiempo me compartió con notoria satisfacción, que su esposa y él, reciben la “Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores”, que otorga el gobierno federal. “Jamás volveremos a votar por el PRI”, sentenció, mientras un cliente mayor que esperaba su turno, compartió un sentimiento similar: “Yo me iba por las tardes a chambear de paquetero para completar pal gasto; pero con esto del coronavirus ya no nos dejan. Si no fuera por el Peje y por mis hijas, no tuviera ni para hacerme la greña, y viera que mal se siente uno con el pelo largo”.
Tengo años siendo cliente de don Teodoro y nunca habíamos hablado de política. Hoy lo hacemos con gusto cada que nos vemos. Al menos para renegar de los políticos de oposición que ven con malos ojos que don Teodoro y su cliente, cuenten con una pensión por parte del Estado.
Durante años, los políticos del viejo régimen autoritario, destinaron cuantiosos recursos públicos a organizaciones partidistas y clientelares a través de las cuales dispersaban discrecionalmente las ayudas sociales. En cambio hoy, se otorgan por mandato constitucional y sus entregas se realizan de manera directa, sin intermediarios, y están debidamente reglamentadas. Nadie puede quitarlas u otorgarlas a discreción. Quien lo haga viola la ley y debe pagar por ello.
Esos mismos políticos de antaño que argumentan que las finanzas públicas son insuficientes para ejecutar los programas sociales de AMLO, son los que hoy defienden la generación de empleos mediante el modelo del outsourcing o la subcontratación, que la mayor parte del tiempo condena a los trabajadores a la miseria, al negarles acceso a derechos sociales básicos.
Las elecciones del 2021, constituirán la posibilidad de seguir recuperando derechos y libertades colectivas, luego de más de treinta años de un modelo privatizador e individualista.
