Rafael Morgan Ríos
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Con motivo del grave atentado contra el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el Presidente López Obrador se apresuró a declarar que “no nos van a intimidar... el Gobierno no pactará con la delincuencia organizada ni le declarará la guerra, tampoco se van a permitir masacres y actuará para evitar que se cometan atentados”. Ante estas ideas habría que aclararle al Presidente que nadie quiere que pacte con los delincuentes, pero sí que cumpla con la ley que le ordena otorgar seguridad a los ciudadanos y que no deja de ser una incongruencia que en Culiacán se haya liberado al hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán, en un “raro pacto” “para “evitar se perdieran más vidas” o bien que se apersonara en Badiraguato y “oportunamente” saludara de mano a la mamá del mismo “El Chapo” Guzmán.
Tampoco se le exige, vaya, ni siquiera se le pide, que declare la guerra a la delincuencia bien organizada, bien armada y bien envalentonada, no, lo que sí se le pide es que aplique alguna estrategia con la que se vaya controlando y reduciendo la capacidad de actuar y de dañar a la sociedad por los diferentes grupos delincuenciales, los que, además, en sus luchas internas por dominar más territorio, más drogas, más gente y más armas, se ajustician entre sí y provocan muchos daños colaterales a la sociedad.
El Presidente también declara que “no se permitirán masacres”, pero éstas se están dando ante la falta de estrategia y actuación organizada de las autoridades; constantemente publica la prensa masacres como la de Zacatecas, el pasado lunes en la que murieron 15 personas; o la de Guerrero, en donde emboscaron y asesinaron a seis policías estatales o bien, la masacre en Tepuche, Sinaloa, en la que en dos enfrentamientos quedaron 16 personas muertas; igualmente la nota de Excélsior de que en Jalisco encuentran 14 cuerpos en dos ranchos, etc., etc. Lo “permita” o no el Presidente, las masacres se están dando y la autoridad cuando mucho llega tarde, investiga poco y obtiene menos resultados, ante la falta de una estrategia.
Lo que sí se ve claro es que la delincuencia sigue avanzando mientras que el Gobierno retrocede y la sociedad queda indefensa, pues México tiene 19 de las 50 ciudades más violentas del mundo.
La delincuencia avanza porque sí tiene una estrategia, que es la llamada “guerra de guerrillas” y porque tiene y aplica la pena de muerte indiscriminadamente.
La delincuencia avanza porque cada vez tiene y controla más territorio, más sembradíos o más laboratorios y tiene más gente bajo su control.
La delincuencia avanza porque cuenta con más y variadas fuentes de financiamiento, nacionales y extranjeras.
La delincuencia avanza porque cada vez cuenta con más y mayor número de armas y equipo sofisticado.
La delincuencia avanza por su casi infinita capacidad de operación, sea en el tráfico de drogas, en los secuestros, en las extorsiones, en coptar autoridades y hasta en hackeo de los sistemas computacionales del Gobierno y de empresas financieras.
La delincuencia sigue avanzando en nuevas rutas de tráfico, más contactos internacionales y prácticamente en libre tránsito de sus jefes y de su gente.
Posiblemente, la principal debilidad es la fragmentación en varios cárteles o grupos con diferentes intereses y jefes, que se está enfrentando entre sí.
Mientras tanto, el Gobierno muestra su debilidad al no poder coordinar con eficiencia la actuación del Ejército, la Guardia Nacional y al no poder crear una policía dependiente del poder civil.
El Gobierno retrocede al no poder coordinar las fuerzas federales con las policías estatales y municipales.
El Gobierno retrocede al no lograr detener el tráfico de armas, proveniente de los Estados Unidos a México, ni se ha logrado que el Gobierno estadounidense se comprometa a impedir la venta indiscriminada de armas, hasta de alto poder. La ATF, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, informó que en los últimos 10 años recobró en suelo mexicano casi 170 mil armas, de las cuales, 70 por ciento provienen de allá.
El Gobierno retrocede y se ve débil ante los últimos ataques de la delincuencia que asesina a un juez federal y atenta contra el Secretario de Seguridad Pública.
El Gobierno algo avanzó al bloquear cuentas bancarias de la CSNG, pero todavía quedan muchas cuentas de los otros cárteles.
El Gobierno se verá fuerte cuando cuente con una estrategia clara y coordinada contra toda la delincuencia organizada.
