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De manera para mí inexplicable, las autoridades locales sinaloenses, la estatal y las municipales, están dando luz verde a las diversas actividades económicas, sin importarles cuál es el grado potencial de contagio y propagación que representa la naturaleza de cada una de ellas. Con todo el riesgo que representan, ya le dieron pase a bares y centros nocturnos; ahora van por otros sitios con presencia masiva, y todo ello, me da la impresión de que el gobierno estatal y los municipales, ya le perdieron el miedo a la pandemia, a pesar de que el número de contagios diarios se ha mantenido, en por lo menos, una centena y cacho de nuevos casos ¿de qué se trata este riesgoso juego? ¿Será que el porcentaje resultante de comparar la población total versus número de contagios y fallecidos no es significativo desde el plano de las frías cifras? Me suena a que sí.
Cierto, había que reactivar la economía, y para ello, se establecieron protocolos sanitarios encaminados a disminuir las probabilidades de contagio, con el propósito de darle sustento al reinicio de actividades del sector productivo, lo que era urgente, sin duda. Hasta ahí, muy bien, sin embargo, el problema es que las autoridades no tienen la fuerza necesaria para supervisar de forma estricta el cumplimiento de los ordenamientos sanitarios, y muchos empresarios, poco o nada hacen para cumplirlos, lo cual ha dado pie a que todo quede en mera simulación.
Esa es la triste realidad, la que, en parte, ha influido para que nos encontremos enfilados en una vereda a la que no se le ve fin.
Y la misma impresión del camino incierto de la pandemia, me está provocando la actuación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a raíz del caso Lozoya; causa que le da para dar y regalar políticamente hablando, pero que no debe ser pretexto para que incurra en excesos. Si bien es cierto que los señalados por el ahora procesado tienen buen asiento en el terreno de la sospecha, también les asiste el derecho de la presunción de inocencia.
El Presidente de la República siempre ha afirmado que es un creyente de la democracia, y como tal, seguramente sabe que nuestro sistema democrático, desde su armado, contempló tres esferas de poder: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno de ellos con funciones y ámbitos de actuación claramente definidos en el texto constitucional, con el propósito de evitar que todo el ejercicio de poder se centrara en una sola voluntad.
Como se sabe, el Presidente de la República es la cabeza del Poder Ejecutivo y dentro de sus funciones, por ejemplo, no está el de realizar acciones que le corresponden al Poder Judicial, el cual está para interpretar las leyes, proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos e impartir justicia. Por supuesto, dentro del entramado de este poder se encuentran las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia.
Creo que todo esto lo tiene muy claro el Presidente de la República, sin embargo, en la práctica lo ignora y se asume como el centro absoluto del poder. Y digo esto en virtud de que en los últimos días ha estado insistiendo en realizar una consulta popular para llevar a juicio a los ex presidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Insisto, a dichos personajes los persigue la sombra de la duda, de la sospecha, pero no estamos regidos por un sistema de usos y costumbres como para sentarlos en el banquillo de los acusados a pedido del pueblo, como plantea el Presidente, faltándole el respeto a la normativa constitucional e invadiendo la jurisdicción del Poder Judicial, lo cual, de ninguna manera es una buena noticia para el derrotero del país.
Continúo pensando que el rencauzamiento social que intenta López Obrador es valedero, pero eso, de ninguna manera le da los argumentos para pretender erigirse como el gran tótem del poder. ¡Buenos días!
