"Comparando sistemas notariales"
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La institución del notariado es una de las instituciones más relevantes y con una función esencial no solamente para el estado de Derecho, sino que y sobre todo para facilitar a las familias proteger su patrimonio; a los empresarios y a los emprendedores, el desarrollo de nuevos negocios o la consolidación de los existentes.
Los controles sobre la actividad notarial y las plataformas tecnológicas federales, como la de Secretaría de Economía, para la búsqueda y reserva de razones y denominaciones sociales, así como para presentar los diversos avisos obligatorios para los notarios (como cuando ingresa inversión extranjera a una sociedad o cuando se constituye un fideicomiso respecto de bienes inmuebles ubicados en la llamada zona restringida) son algunos elementos que se traducen en un gran beneficio para los prestatarios del servicio notarial.
Los notarios somos responsables, además de brindar asesoría profesional de calidad, de prestar auxilio respecto de un conjunto de trámites conexos a la escritura pública. Desde la entrada en vigor de la ley conocida como “antilavado”, al lado de las obligaciones tradicionales de retener y calcular impuestos que se generan en las operaciones que los propios prestatarios celebran en las notarías, ahora los notarios forman expedientes específicos e informan para cumplir con una estricta supervisión en materia de prevención de operaciones con recursos ilícitos.
A consecuencia de las plataformas electrónicas, el trabajo notarial se ha eficientizado y con ello, las notarías son más competitivas, productivas y pueden disminuir sus costos de operación. Esos beneficios se reflejan directamente en la calidad de los servicios prestados, dado que los notarios por ley no compiten en precios derivado del sistema arancelario que en algunos estados rige.
Sin embargo, costos como la implementación de sistemas “antilavado” o trabas burocráticas estatales o locales, pueden afectar la eficiencia del sistema, produciendo pérdidas de bienestar. Los problemas de costos y de ineficiencias no encuentran como fuente a las notarías. Ello a pesar del reporte “Doing Business en México”, del Banco Mundial en el que señaló que el servicio notarial constituía una carga onerosa y que además involucraba procesos lentos e ineficaces.
El notariado mexicano, si se compara con el notariado sajón, arrojará que el nuestro es un sistema infinitamente superior. Brinda mayor certeza a las partes. El notario mexicano es un perito en Derecho, en toda la extensión de la palabra. Las notarías en México son despachos de abogados que asesoran en temas fiscales, corporativos, contractuales, inmobiliarios… nada que ver con los notary public de nuestros vecinos del norte.
Por eso es oportuno aclarar de manera tajante: el trabajo notarial ni es caro ni es lento. Si los notarios mexicanos fueran como los sajones, habría que hacer gastar a las partes en asesorías y en “tramitología”, por lo que los costos se le elevarían entre un conjunto de prestadores de servicios que, ni entre todos, hacen lo que un notario en México desempeña. El sistema notarial sajón privilegia la seguridad económica, no la seguridad jurídica, como sí lo pretende hacer nuestro sistema que se asimila más al formalismo proveniente del Derecho alemán y francés.
Nosotros, en cambio, tenemos un deber de custodia de documentación y de reproducción a través de certificaciones. La infraestructura de las notarías es pagada por el propio notario y los asesores jurídicos que nos auxilian son entrenados para eventualmente estar listos para el relevo generacional.
Operar una oficina notarial en México es costoso y los notarios nos auxiliamos de profesionales del Derecho, lo que se traduce en un beneficio social que, a lo mejor, en el curso de las operaciones cotidianas los prestatarios no alcanzan a ver: estamos entrenándolos y preparándolos para que sustituyan a quienes vayan retirándose, lo que se traduce en un beneficio social de suma importancia.
