"Casos Sanalona y Villarreal, justicia a secas"

Ni un paso atrás en autonomía de poderes

En la circunstancia que sea, con todo y que habrá momentos de crisis como los que se tienen ahora con los casos de las dos mujeres abatidas por la Policía en Sanalona y la negativa de una Juez a aceptar un trato de impunidad a favor de Armando Villarreal, los sinaloenses debemos celebrar la autonomía que guardan los poderes Legislativo y Judicial en su relación con el Ejecutivo, igual que la emancipación de la Fiscalía General del Estado.
No por los conflictos que surjan en cada una de estas instituciones, o en la interacción entre éstas, debamos deplorar ahora conquistas ciudadanas que tanto esfuerzo costó concretarlas. Como sociedad enfrentamos múltiples problemas que convocan a dejar de perder el tiempo demoliendo el edificio de la gobernabilidad a golpes de insensateces. Respiremos hondo, contemos hasta diez o hagamos lo que sea para no retroceder a ser, o parecer, los gorilas coléricos en la jungla del caos.
Qué terrible sería que añoráramos el arcaico siamés Ejecutivo-Legislativo, Ejecutivo-Judicial y Ejecutivo-Fiscalía porque de extrañar el esquema de sumisión del que pagamos graves consecuencias, nos evidenciaríamos como víctimas incurables del trastorno llamado síndrome de Estocolmo al desear el amontonamiento de todos los poderes en uno solo, con el autoritarismo, pedantería y fuerza que ni siquiera tendríamos que mencionar.
Hoy, precisamente por la autonomía entre el Gobierno y la Fiscalía del Estado está ocurriendo la investigación sobre el errático y trágico suceso donde elementos de la Policía Estatal Preventiva dispararon el 27 de enero contra un grupo de personas en la zona de la presa Sanalona, asesinando a dos mujeres originarias de Tamazula, complicando la buena vecindad entre Sinaloa y Durango.
Hoy también, por obra de la autonomía constitucional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es que la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada abandona el molde donde la judicatura se veía obligada a obedecer órdenes del Gobernador en turno, y decide, en un hecho que tendría que ser parte de la normalidad local, ceñir sus actuaciones al Estado de derecho en el juicio que se le sigue a Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas, por desviar 293 millones de pesos en recursos públicos.
Es posible que al posicionamiento sobre estos dos episodios preocupantes, dado a conocer el sábado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, le haya faltado precisión quirúrgica en un contexto desde antes difícil. El juicio contra Armando Villarreal constituye la señal más reconfortante de la autonomía judicial, independientemente de que en otra etapa del proceso el resultado pudiera ser el que la parte acusada y el Gobierno del Estado buscan. En la misma frecuencia de cada poder con vida propia, la Fiscalía no puede, no debe y no tiene por qué dar por cierta en automático la pendular versión, dudosa por la cadena de faltas en que se fincó, que el Secretario Cristóbal Castañeda hizo pública sobre el asesinato de dos mujeres en Sanalona.
Es fundamental que cada caso, desvinculado uno de otro, se atienda conforme lo establece la ley. Es de vida o muerte. Quizás lo que el CESP plantea es reforzar la cadena de coordinación entre los poderes e instituciones y lo que nos genera tal desconfianza sea el trauma por los daños de la perversa y larguísima subordinación del Judicial, Legislativo y el Ministerio Público con el Ejecutivo. De ser así, tiene razón el Consejo y tenemos razón los sinaloenses.
Y sí. “Todo esto confunde sobremanera a la sociedad y exhibe a instituciones que, en lugar de ser ejemplo, entorpecen la lucha contra la inseguridad, la impunidad y complican a las víctimas el acceso a la seguridad y la justicia”, plantea el CESP con la correspondiente omisión los nombres de los servidores que con sus actuaciones alteraron el marco legal.
¿Debió creerse a ciegas la versión dada por el Secretario de Seguridad Pública sobre el caso Sanalona, en la era moderna donde la verdad jurídica tiene que prevalecer sobre la conjetura sesgada? ¿Debió aceptar la juez, sin siquiera haber sido informada del arreglo, que Armando Villarreal pagara únicamente 2 millones de pesos de los 293 que manejó de manera irregular?
No. Por supuesto que no. Tales absurdos no deberían ganar protagonismo en la discusión pública. No tendríamos que sentir nostalgia por la impúdica copulación entre los poderes legítimamente instalados. No tiene razón de existir la locura de fiscales y jueces que, érase una vez, investigaban y sentenciaban sin leer la ley, atenidos al único código que les dictaba el dinero de “tanto tienes, tanta justicia mereces”. Y Todos los “no” que se acumulen más un estruendoso “¡Ya basta”!

Reverso
¡Hay que batear a estos, wey!,
¿Qué pex, nos quieren trolear?,
La vuelven a cajetear,
Armando un pancho con la ley.

Cortinas que caen
Precisamente por el trabajo de los órganos autónomos, el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa logró reformas a sus lineamientos para garantizar criterios de máxima transparencia y publicidad. Fruto maduro de la lucha cívica, el Comité de Participación Ciudadana, Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, Tribunal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior del Estado acordaron que sean públicas, a la vista de la sociedad sinaloense, las sesiones ordinarias que el CC del SEMAS realice en lo sucesivo.
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