"Autodefensas, otro signo del desgobierno. ¿No basta la Guardia Nacional en Sinaloa?"
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Sin ser la comunidad de Aguacaliente de los Monzón la primera que se organiza para la autodefensa, sí constituye un llamado a tiempo para que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel adecúe las acciones de seguridad pública y atiendan los focos de inconformidad que se registran en el territorio estatal porque la gente siente que la han dejado indefensa frente a células delictivas de vecindad letal. Desde la sierra de Concordia a Choix, el miedo baja a poblados cercanos a la costa, irradiándose a mayor velocidad que la respuesta protectora del Estado.
Por ejemplo, es un secreto a voces que pueblos de municipios como Angostura y Navolato operan brigadas comunitarias para mantener el orden. Detectan a quien es generador de intranquilidad ciudadana, le hacen un llamado a disciplinarse y en caso de no acatarlo viene enseguida el castigo que es desde reprimirlo a golpes o bien iniciarle el conteo contra la vida. En el campo pesquero La Reforma, por mencionar alguno, hasta el rugido de las motocicletas en la vía pública está prohibido después de las 10 de la noche.
En Cosalá es común ver a gente armada en las calles de la cabecera municipal porque enseñan las cachas de las pistolas como una forma de decirle al lugareño y al visitante que cualquier disturbio o hecho delictivo que atraiga a las fuerzas públicas será antes castigado por quienes se erigen como “autodefensas” que tienen jerarquía por encima de las autoridades locales. Sucede lo mismo en rancherías alteñas de Concordia, donde las pocas familias que se resisten a ser expulsadas por la violencia se han coordinado para cuidarse a sí mismas.
Otro antecedente más viejo es el de Ramón Gallardo Campista, alias “El Gato”, que en la década de los 90 instaló una especie de guerrilla de alrededor de 30 hombres que se movía con equipamiento bélico desde la sierra de San Ignacio hasta Rosario, surcando las montañas limítrofes con Durango y tomando como objetivo inicial la defensa del territorio para los moradores que eran acechados por narcos de Nayarit y Jalisco que intentaban romper el cerco de seguridad tendido por el Cártel de Sinaloa. A los años Gallardo Campista fue perseguido y señalado como bandolero, desconociéndose hoy si está vivo o muerto.
Sin embargo, en Aguacaliente de los Monzón se colocó ayer una gigantesca alerta que lo menos que debe hacer el gobierno es ignorarla. Al crear las Fuerzas Comunitarias Rurales se delata un trabajo previo de organización, e igualmente la anticipada decepción y frustración, que de seguro está prendiendo igual en otras regiones de Sinaloa.
Es un modelo similar al que funciona en comunidades marginadas de la Sierra de Juárez, en Oaxaca, o en los altos de Michoacán, zonas donde las policías estatales y federales, inclusive la Guardia Nacional, registran baja eficacia en el combate de células criminales que integradas o dispersas se apoderan de localidades y demarcaciones extensas. Ya no se trata de controlar el trasiego de drogas sino de dominar por la delincuencia aquellas actividades económicas que significan ricos polos de desarrollo.
Aunque en Sinaloa sería sencillo para las autoridades mantener a raya a los criminales que de los grandes feudos del narco ahora se conforman con cotos comunitarios de poder, el punto relevante es que la población civil debe mantenerse al margen de responsabilidades que les toca asumir a las instituciones de seguridad pública. Abrir nuevos frentes de batalla donde el habitante consuetudinario enfrente a delincuentes articulados y experimentados a lo único que contribuiría es a avivar la guerra actual.
La Guardia Nacional parece ser la respuesta a corto plazo, en tanto las policías estatales y municipales escalan al nivel de eficacia y confianza para establecerse en bases comunitarias, tácticamente distribuidas, que eviten la ventaja que a los criminales les significa el hecho de encontrar los poblados desprotegidos, campo fértil para violentar las garantías constitucionales.
Las Fuerzas Comunitarias Rurales, en caso de reeditarse a lo largo y ancho de la entidad, remarcarían la derrota de los gobiernos federal, estatal y municipales en la obligación primaria de proteger la vida, el espacio y el patrimonio de los sinaloenses. De ser así, ningún sentido tendría la militarización de la seguridad pública y el costoso aparato para implementarla, desde los cuarteles construidos ex profeso, hasta los gastos de traslado y manutención.
Por tales motivos, las autodefensas de Aguacaliente de los Monzón deben ser como un alfilerazo en los ojos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador Quirino Ordaz Coppel. Es solamente la víspera de lo que viene si el desgobierno continúa. Y por más que los pobladores digan que si es necesario defenderán con palos y piedras el terruño en que viven, allí hay un indicio de lo grave que sería la claudicación del Estado en combatir la violencia y construir paz.
Reverso
En las colindancias del infierno,
La desesperanza es intensa,
Y ante la falta de gobierno,
No hay más que la autodefensa.
Justicia con cuentagotas
Había dicho el Secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, que estaban localizables los cuatro policías estatales que supuestamente dispararon el 27 de enero contra cuatro habitantes de Tamazula, asesinado a dos mujeres; el 22 de febrero les afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador a los tamazuleños que había cuatro detenidos en el caso, y después del proceder vergonzante de la fuerza pública sinaloense solamente hay un agente puesto a disposición de la justicia. ¿Qué pasó aquella madrugada en Sanalona? La sociedad de Sinaloa y Durango debe conocer la verdad antes de que la carpeta de investigación sea opacada por las sospechas.
