"Amnistía en el contexto de pandemia. Intenciones, arrebatos y propaganda"
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Siete meses después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa a la Cámara de Diputados, el Senado aprobó el 20 de abril, en modo acelerado, la Ley de Amnistía aduciendo que en la actual emergencia nacional por coronavirus están en riesgo de contagio miles de reos que cursan condenas injustas o por delitos que no las tipifican como personas peligrosas. Es una decisión humanista y de sana justicia, de esto no hay duda, pero con el procedimiento que se siguió fue enturbiado tal espíritu noble.
La Ley de Amnistía de López Obrador es la primera que se implementa en la historia de México fuera de la intención de beneficiar a quienes participaron en conflictos o enfrentamientos políticos. La anterior a esta de López Obrador la estableció en 1994 el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari en beneficio de los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Son justas las razones que se aducen. Beneficia a mujeres que estén en prisión por haber abortado y al personal médico o familiares que las hubieren asistido; personas que hayan cometido narcomenudeo, en casos específicos; integrantes de pueblos y comunidades indígenas, en ciertas circunstancias; a quienes incurrieron en robo simple y sin violencia, así como a los purguen penas por delitos de sedición, lo que implica resistencia o ataques a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones.
La polémica desatada en la sesión del Senado para aprobar la ley fue mínima respecto a los alcances e intenciones de la amnistía. La molestia de los legisladores priistas y panistas no es por la norma en sí; es porque los escaños de Morena se convirtieron en barricada para impedir que en la agenda se incluyera la definición de acciones de Estado para atender a los sectores afectados por la incidencia de coronavirus que escaló a la Fase 3 un día después.
En el caso de los senadores de Sinaloa, los morenistas Rubén Rocha Moya (qué apasionado discurso del ex Rector de la UAS defendiendo las razones presidenciales) e Imelda Castro Castro celebraron la “aplanadora” que tienen en la Cámara Alta, mientras que el priista Mario Zamora Gastélum cuestionó el hecho de que la bancada de la Cuarta Transformación se opusiera a abrir el orden del día para tocar los temas de salud y economía que tanto afectan al País.
Otra discusión paralela tiene que ver con la extrema urgencia que desde Palacio Nacional se determinó para amnistiar a presos y protegerlos del Covid-19. En una esquina están los parlamentarios que consideran que en el panorama de crisis sanitaria el indulto no es de gran apremio y que, al contrario, el contagio se puede evitar más en el encierro carcelario que sacando a la calle a los reos sujetos del perdón; otros argumentan sus posturas con formas de emociones y adhesiones en torno a AMLO.
En medio de este diferendo, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad determina que los beneficiarios de la amnistía no serán favorecidos en lo referente a ponerlos a salvo de la pandemia, argumento que se usó para apresurar la aprobación de la ley respectiva. La información contenida en el documento “Clientelismo penal en tiempos del Covid-19”, publicado por MCCI el 22 de abril, analiza la pregunta de si el Senado realmente busca solucionar un problema o incurre en un acto simbólico o propagandístico.
La investigación realizada por Gerardo Carrasco y Miguel Alfonso Meza resume que ninguna mujer que haya abortado será liberada por la sencilla razón de que no existe alguna en prisión por haber cometido el delito de aborto a nivel federal, mientras que en acusados de narcomenudeo serán pocos los que ampare la amnistía porque, la misma iniciativa aprobada lo reconoce, a nivel federal sólo se cuenta con el registro de mil 45 incidencias, a este número hay que restarle los que ya no están en prisión y los que no serán elegibles para el indulto presidencial, contrario al ámbito local (estados) donde se reportan 99 mil 694 casos.
Se resume que es improbable que la Ley de Amnistía sirva realmente para lograr sus objetivos: uno, pacificar el país en medio de una guerra militarizada contra el crimen organizado, que aún continúa y que mes con mes deja más muertas y muertos y, dos, disminuir los contagios de Covid-19 en las prisiones. Además, las condiciones que impuso el Senado para que entre en vigor dicho estatuto consisten en que el Poder Ejecutivo emita un decreto para crear una Comisión Especial, que el Consejo de la Judicatura Federal determine los jueces competentes para resolver los procedimientos y se otorgan 60 días para cumplir tales requisitos.
Ahora, como ha sido indispensable ayer y lo será durante todo el tiempo que los actores políticos merezcan más desconfianza que fe a ciegas, vale someter a revisión las decisiones que son de interés general, más en la coyuntura de emergencia donde el pueblo bueno clava la atención en la capacidad de la salud pública para salir de esta crisis y relaja la vigilancia a las disposiciones de otra índole que toman quienes gobiernan.
Reverso
Por hoy las masas aturdidas,
Ven pasar los ataúdes,
Sin ponderar más virtudes
Que aquellas que salvan vidas.
Batallas perdidas
Mientras los gobiernos municipales y el estatal rocían las calles con agua clorada, las principales vialidades de las ciudades reportan un considerable flujo vehicular. Gente sin cubrebocas, familias apiladas en autos compactos, personas de la tercera edad reunidas, convivios numerosos en domicilios y filas en bancos y supermercados es el parte de guerra donde el Covid-19 les va ganando a las autoridades. Y los aislados, que se asoman por las ventanas de casas que se volvieron prisiones, aprietan el cuerpo cada tarde al conocer los muertos caídos en el campo de batalla.
