Después de los hechos sangrientos de Aguililla, Michoacán, y Tepochico, Guerrero, donde el cártel de Jalisco Nueva Generación acribilló a 14 policías estatales, mientras que en el otro sitio efectivos del Ejército hicieron lo propio con 15 criminales, lo único que queda claro es que el país está sumido en una guerra sin tregua y que el Gobierno de la “Cuarta Transformación” enfrenta el desafío de combatir al crimen organizado sin utilizar la fuerza.
Se trata de una guerra en la que los criminales que militan en todos los cárteles disparan sus AR-15, cometen asesinatos tumultuarios, descuartizan a personas, incluso inocentes, arremeten contra las fuerzas del orden y el Presidente de la República sólo dispara palabras contra el crimen que se pierden cada mañana en el vacío.
Desde el sexenio de Felipe Calderón, el artífice de la guerra fallida contra el crimen organizado, el diagnóstico criminal del país era de pesadilla. Es cierto que su Gobierno ya no contaba con el apoyo de las policías porque la delincuencia las había capturado. Por eso, Calderón echó mano del Ejército y, pese a ello, falló en su estrategia porque los cárteles no fueron combatidos, por el contrario, terminaron fortalecidos: se aliaron unos con otros, se internacionalizaron y pasaron a ocupar importantes territorios.
También se aliaron con presidentes municipales y así empezó a extenderse el dominio del crimen en todos los rincones de la República: financiaron campañas de alcaldes, diputados, senadores y gobernadores y no sólo eso: los propios miembros del crimen organizado empezaron a competir por los cargos de elección popular utilizando dos armas letales: el dinero y el terror.
Así se apropiaron del 80 por ciento de los municipios del país, de los cuerpos de seguridad municipales; capturaron a buena parte de la clase empresarial y a otra la siguen sangrando con extorsiones cotidianas, secuestros, venta de protección y cobro de piso, lo que ha trastocado por completo la sana convivencia social en el país.
Las recientes cifras oficiales sobre la percepción de inseguridad en varias zonas son alarmantes: en Coatzacoalcos, Veracruz, por ejemplo, casi alcanza el 95 por ciento, mientras que en Ecatepec, en el Estado de México, llega al 93 por ciento. Esto refleja, sin duda, que la sociedad vive aterrorizada por la violencia.
La masacre de policías en Aguililla, Michoacán, demuestra, como muchos otros hechos de este tipo, que el principio de autoridad está completamente roto, que muchos gobiernos estatales son meros entes administrativos sin capacidad política ni de acción para hacer frente a ningún tipo de criminalidad.
Todo este componente de descomposición deriva en vacío de poder, vacío de Estado. La autoridad no existe porque está atrofiada y en muchos casos capturada por el crimen organizado, pues la falta de respuesta pronta y expedita para resolver una investigación así lo acredita. Un ejemplo de ello es el caso de la muerte de 31 personas en el bar “El Caballo Blanco” de Coatzacoalcos, Veracruz. A casi dos meses de los hechos no hay un solo detenido. El reclamo de los deudos tampoco ha sido escuchado, según denunciaron.
Mientras el crimen hace y deshace en el país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin rectificar su política de no usar la fuerza contra los cárteles. A las expresiones de “fuchi”, “guácala” ahora, tras los hechos de Guerrero, siguió el llamado, suave y terso, de que los criminales depongan las armas y dejen atrás la violencia.
Parece que al Presidente no le ha quedado claro que el crimen organizado le disputa el poder y el control territorial; que la guerra de los cárteles también es propiciada por la ambición desmedida por disponer de la riqueza nacional -minería, centros turísticos, riqueza forestal- y que lo que está en juego son los bienes de la Nación y del pueblo.
Cada día que pasa se confirma que el Estado mexicano está constantemente incumpliendo su principal obligación: garantizar la seguridad, pues queda claro que en ningún rincón del país se puede garantizar la vida ni el patrimonio de nadie.
Como ya se ha dicho en este espacio, el crimen organizado no sólo opera el tráfico de drogas, desde hace dos sexenios tomó el control de la vida pública: los criminales extorsionan a pequeños y grandes empresarios; cobran piso, secuestran, controlan los giros negros, regentean a las mujeres dedicadas a la prostitución, ofrecen servicio de gatilleros a sueldo, cobran cuotas a los ayuntamientos, deciden, en muchos casos, respecto de la obra pública municipal (un ejemplo es Morelos, Guerrero y Michoacán), asesinan, descuartizan cuerpos, cuelgan a sus víctimas, realizan baños de sangre en restaurantes, bares y prostíbulos, se apropian de tierras de alta plusvalía, despojan a muchas personas de sus propiedades (ranchos, ganado, terrenos, casas, vehículos), violan a mujeres y niños, están implicados en el contrabando a gran escala. Y eso no es todo: a través de sus piezas políticas también legislan y gobiernan.
Ante este escenario adverso, esta semana empezó a circular por los hilos electrónicos una suerte de manifiesto, más bien una convocatoria para que todos los policías del país -incluidos los miembros de la Guardia Nacional, agentes de investigación ministerial, policías de seguridad ciudadana y policías auxiliares- se unifiquen y realicen un paro nacional. El documento está firmado por policías que le recriminan al Presidente su tibieza para utilizar las armas del Estado y enfrentar al crimen organizado.
Exponen que no sólo están preocupados sino muy indignados con el nuevo régimen porque, con su política de palabras, los está exponiendo a que arriesguen su vida frente a la metralla de los criminales y no les permitan defender los intereses del país con la fuerza que la ley autoriza utilizar en estos casos.
En algunas líneas -se omiten las expresiones altisonantes- el enojo es evidente:
“Señor Presidente López Obrador, no nos obligue a perderle el respeto... por sus pensamientos de abrazos y no balazos, de acusar a narcotraficantes, ratas y delincuentes con sus abuelitas y mamás... Ya deje de faltarle el respeto a los heroicos policías, militares y marinos de este país.
“Y dígale a su Secretaria de Gobernación que no tiene ni idea de la problemática delictiva de este país, que lo que pasó en Aguililla, así como con los demás policías y militares que han muerto, no son perros que matan”.
Y el cuestionamiento:
“Usted no quiere establecer una política criminal frontal y de cero tolerancia contra los delincuentes de este país. Y tampoco quiere detener a “El Mencho” (Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación) porque ya pactaron con usted...
“La Sociedad mexicana, los niños de México y los cuerpos policiales, militares y marinos le exigimos de manera tajante que detenga a ‘El Mencho’ y cabezas del Cártel de Jalisco y le exigimos que acabe con las narcotiendas y narcomenudeo en todas las calles de este país...”
Luego cuestionan al Centro de Control de Confianza, al que califican de ser un órgano “represor, manipulador e inquisitivo que sólo fue creado para joder las carreras policiales”.
Es claro, pues, que la política criminal de la “Cuarta Transformación” debe dar un giro, ya que con palabras tersas no se va a ningún lado en el combate al crimen organizado.
Y no quiere decir que todo el combate sea el uso de la fuerza: en Colombia e Italia se combatió a la mafia con políticas integrales, impulso social, combate al narcomenudeo, empleo, reactivación económica de las zonas capturadas por el crimen y golpes certeros al patrimonio criminal; se incluyó, además, a la clase política y empresarial vinculada a las actividades ilícitas.
Fueron encarcelados gobernadores, alcaldes, empresarios y sólo así empezó a recuperarse el orden.
Fue una larga tarea, eso sí, pero hubo resultados.
En el caso de México, el Presidente ni siquiera se ha referido al problema de la captura de los municipios por parte del crimen organizado, un fenómeno que significó, a su vez, la pérdida del control de las corporaciones policiacas municipales y de la seguridad en la mayor parte de los territorios.
