norma@sanchez-castillo.mx
El fin de semana pasado se cumplieron dos años desde que la tormenta 19-E marcó la historia de los sinaloenses. Un desastre natural que dejó miles de personas afectadas por las inundaciones, incluyendo víctimas de corrupción.
No hace falta mencionar que la falta de transparencia y rendición de cuentas de las acciones y fondos destinados a mitigar los efectos sociales y económicos de la contingencia, fue un distintivo de aquel suceso. Vale recordar que la primera y única propuesta de exhorto público presentada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, ante las seis instituciones públicas con competencias para prevenir, investigar y sancionar en materia de corrupción, no prosperó. La propuesta -de octubre del 2018- era una solicitud de exhorto del Comité Coordinador al Poder Ejecutivo estatal, para que éste instruyera a transparentar cada peso y acción vinculados al desastre que inundó 11 de 18 municipios de Sinaloa. Nada fuera de la esperada responsabilidad del órgano encargado de las políticas públicas para el ejercicio íntegro de los recursos públicos, sin embargo, no fue aprobada.
Si aquélla petición hubiera sido aceptada oportunamente por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, el Poder Judicial estatal, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quizá no hubiera sido tan fácil para los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social transferir los 4.5 millones de pesos a El Mariachi S.P.R. de R.I. (empresa de Jalisco) y a Francisco Benjamín Landgrave Buelna, dos particulares señalados como responsables de vender los colchones usados y en mal estado que el Gobierno de Sinaloa repartió entre los damnificados. A 24 meses de aquel hecho de corrupción, el daño patrimonial sigue vigente porque el Estado no ha logrado reintegrar los recursos públicos desviados, y el juicio penal continúa con solo uno de los varios funcionarios que tuvieron en su manos la responsabilidad de custodiar el debido uso de los recursos para las víctimas de la tormenta 19-E. Carlos Baltazar Castro Olivas, ex coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, es el único que ha sido vinculado a proceso por ese caso, y su juicio oral que comenzaría en agosto pasado fue aplazado al 28 de septiembre próximo, a petición de las partes que argumentaron riesgos por el coronavirus, para no asistir.
Aquí es oportuno valorar las lecciones que la causa penal 1115/2018 ha dejado para Sinaloa en el marco del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción que nació en Sinaloa con las reformas legislativas del 2017. En primer lugar, el caso de los colchones invita a reflexionar sobre la impunidad como eje de la Política Estatal Anticorrupción. Este instrumento, aprobado en junio pasado, subraya la necesidad de sancionar proporcionalmente los daños ocasionados a la Hacienda Pública, como medida para reducir la impunidad que incentiva que se sigan desviando los recursos públicos y se incremente la desconfianza en el Gobierno.
Otra cara de esta historia tiene que ver con los derechos humanos. Cada día cobra mayor sentido que los millones que el Estado destina a los programas y acciones anticorrupción están directamente relacionados con el desarrollo social y económico de las personas y comunidades. Cuando se desvían los recursos -por más mínima que sea la cantidad-, la calidad de vida de los ciudadanos se demerita.
La tormenta 19-E nos deja otro aprendizaje en Sinaloa. Frente a una contingencia -desastre natural o emergencia sanitaria como la causada por el Covid19- los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar la corrupción son prioritarios, pero para que esto suceda se requieren perfiles competentes en los puestos clave del Sistema Anticorrupción de Sinaloa, con capacidad para tomar decisiones de manera oportuna, responsable e independiente. No sirve un Sistema que no se atreve a desmantelar redes de corrupción.
A dos años de la tormenta 19-E y el caso de corrupción que marcó ese suceso en Sinaloa, vale la pena preguntarse si el Sistema Estatal Anticorrupción, en su conjunto, podrá aglutinar a instituciones y a ciudadanos dispuestos a participar en una política de prevención de la corrupción frente a desastres naturales. Sinaloa está en constante riesgo de repetir la historia de septiembre del 2018. Lo mejor que podría ocurrir es encaminar acciones de planeación, ejecución y fiscalización del presupuesto público, con perspectiva de derechos humanos y participación ciudadana. Y finalmente, la invitación es a estar atentos al juicio que inicia este 28 de septiembre, porque una buena parte de la expectativa del Sistema Anticorrupción del Sinaloa se verá reflejada ahí.
