Fíjense que a todos nos agarró de sorpresa que en la conferencia de prensa Semanera de este inusual martes, porque siempre la hacen los lunes, el Gobernador Rubén Rocha Moya estuvo muy tranquilo y calladito con respecto a los temas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Y eso que un día antes ocurrió el intento de cateo en el Campus Buelna que resultó todo un mitotazo mediático para quienes siguen este asunto.

Pues resulta que este martes, el Gobernador comenzó a hablar sobre los avances de la compra de maíz a pequeños y medianos productores y luego trajo de invitado al mero mero de la Comisión Federal de Electricidad en el noroeste del País, y luego las preguntas de los medios comenzaron a irse en esos temas.

Luego se le cuestionó sobre el trabajo que Noroeste publicó por la compra de 107 millones de pesos en servicios y equipos de aires acondicionados que la UAS hizo a una red de empresas ligada a un empleado subordinado de Héctor Melesio Cuén Díaz, también si se estaba tardando la judicialización de las otras denuncias y que aún estaban pendientes las denuncias.

Aún así, el Góber no hizo jalón y prefirió guardar silencio, no sin antes aclarar que él no conoce las cosas que trae la Fiscalía por este tema.

Lo positivo es que de alguna manera se presta a que se eviten muchas broncas con el tema del debido proceso y acuérdense que autoridades de la UAS, aún llorando con la cantaleta de que les violan la autonomía, promovieron amparos contra los dichos del Gobernador.

Mejor, no vaya a ser que se vayan por algún chascarrillo que pueda abrir alguna laguna legal.

Cuando el juez de control que se encargó de la audiencia inicial del Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, y el abogado general Robespierre Lizárraga Otero, preguntó a sus abogados si tenían las copias de las carpetas de investigación y dijeron que no, muchos le echaron la bronca a la Fiscalía General del Estado.

Pues ¿qué creen mis estimados?, que en realidad fueron los abogados defensores que no las recogieron, precisamente para hacer ese berrinche público y ganar más tiempo.

Esto es algo habitual en las audiencias, son tretas de los abogados.

El chiste es no recoger las carpetas, llegar a la audiencia inicial, fingir demencia y pedir días o semanas para “preparar la defensa”, que es un argumento legal válido por el derecho de todos a tener una defensa sólida.

En este caso, los abogados uaseños fingieron demencia y la aplicaron para aplazar todo el proceso hasta el día 18 de agosto, cuando inicie el proceso legal contra Madueña y Robespierre por abuso de autoridad.

Ahora, hay que aclarar que la entrega de las carpetas sí se pueden dilatar por parte de la Fiscalía, pero solo cuando haya información sensible y que ayude a los responsables a sacar ventaja.

Este no es el caso, y hasta podemos decirles que aún y con las rabietas de los abogados del viernes, pudimos confirmar que hasta este miércoles 18 los abogados del Rector no habían acudido a recogerlas.

También sabemos que este viernes en la audiencia pasará lo mismo, porque tampoco las han recogido y los defensores buscarán dilatar el inicio del proceso.

Van a ver que así va a ser el tiro.

Pues sigue la mata dando en esta serie de enfrentamientos que mantienen los diputados Gene René Bojórquez Ruiz, del PAS, y Pedro Villegas Lobo, de Morena, y al parecer va para largo.

Ayer Bojórquez Ruiz denunció que Villegas Lobo pagó 13 mil pesos en colegiaturas a una trabajadora del Congreso con el recurso de gestoría social. Según el pasista está prohibido que a cualquier empleado del Congreso, a cualquier servidor público, se le esté remunerando de alguna manera.

Pero a manera de defensa el morenista, al admitir que sí paga la colegiatura con recursos de gestoría es porque la persona no es una trabajadora como tal, ya que trabaja por honorarios y además no es funcionaria pública. Pues más allá de los dimes y diretes y la pugna entre los dos legisladores, como dice el dicho “no hagas cosas buenas que parezcan malas”, que aclaren si está prohibido o no hacer eso.

Villegas Lobo ya lo admitió, ahora hay que checar la ley, porque huele a conflicto de interés, pero sólo huele, hay que ver lo que dicen las normas.

La semana inició con una noticia que no podemos dejar de comentar: un nuevo “rescate” de 39 personas que estaban de manera forzada en un centro de rehabilitación en La Reforma, Angostura, quienes denunciaron estar retenidas contra su voluntad y ser obligadas a trabajar en campos agrícolas y camaroneros.

El caso se sumó a uno de días anteriores en el mismo municipio, pero en la comunidad de Chinitos, donde 18 jornaleros agrícolas también fueron rescatados de un lugar similar, un centro de rehabilitación, donde presuntamente los retenían ilegalmente y eran obligados a trabajar en el campo y, según dijo luego el Gobernador Rubén Rocha Moya, hasta podrían haber estado obligados a trabajar para el narcotráfico.

Además de ser un problema grave que podría no solo ser explotación laboral sino trata de personas, en estos casos salta un asunto que aunque es paralelo no por eso deja de ser importante. De hecho es muy muy importante. Hablamos de los centros de rehabilitación, o más bien de la política de rehabilitación en adicciones.

Porque es un problema agudo paralelo al narcotráfico que a la fecha no se ve que el Estado lo asuma como algo vital. Es decir, se combate el narcotráfico, el lavado de dinero, se investigan los homicidios y la violencia relacionada, y sí, se habla de las adicciones, pero se habla poco de las medidas que se han tomado o se deben tomar para reforzar el sistema de rehabilitación de los adictos.

La verdad es que, fuera de clínicas privadas a las que pocos tienen acceso, el otro recurso son los centros de rehabilitación, también conocidos como anexos.

Lo cierto es que nuestro País y nuestro estado ya no solo es productor de drogas y epicentro del narcotráfico, ya somos un país y un estado de adicciones y es urgente reflexionar al respecto y reforzar lo que hay o lo que debe haber para ayudar a nuestros adictos, sobre todo a los que no tienen acceso a pagar una clínica privada, y cuyas familias tienen los anexos, regulados o no, como un único método o lugar de contención y tratamiento.

Juzgados desde la ignorancia y el desconocimiento, o incluso desde el privilegio, los adictos en realidad tienen pocas opciones de apoyo, mucho menos un sistema real de apoyo para su rehabilitación. Un tema que debe ponerse ya sobre la mesa.