El Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, no da una en su puesto y del cual fue reelegido. No ha podido poner orden en seguridad en el puerto y ya hasta se da el lujo de cometer un atropello contra el medio ambiente.

Resulta que luego de que dos motociclistas perdieron la vida en ese mismo lugar en menos de 26 horas tras impactarse contra palmeras del Paseo Claussen, pues el jefe de la policía, que según él su primera unidad policiaca “llega en menos de 5 minutos” a cualquier hecho, mandó talar dos palmeras y hasta advirtió que podrían talar una tercera.

Tras tal acción en contra del medio ambiente, los comentarios en Mazatlán no son de otra cosa más que la risa por la acción policiaca de Barrón Valdez.

Se le hizo más fácil tumbar palmeras que mandar poner orden vial en la curva que está frente al Parque Ciudades Hermanas.

Quizás Barrón Valdez esté mal asesorado o ya presenta signos de que quiere que lo cambien de puesto.

Pues no hizo tampoco nada con los abusos que cometió el año pasado su director operativo Pablo Ramírez Suárez. Y para colmo, la tarde del pasado miércoles llegó dos horas después a “brindar” seguridad durante la manifestación contra un abogado mazatleco en la Avenida Cruz Lizárraga.

O como este centinela es muy mal pensado, a lo mejor está cubriendo a su jefa la Alcaldesa.

Tras la poda de dos palmeras en el Paseo Claussen de Mazatlán, luego de la muerte de dos motociclistas en el mismo lugar, los memes no se hicieron esperar contra la Alcaldesa Estrella Palacios.

Ya en las redes sociales “proponen” quitar el mar para que no haya ahogados en playas de Mazatlán, otros “proponen” quitar los postes para que no haya choques. Evidentemente excesos que recuerdan que gobernar a los mazatlecos no es una cosa sencilla.

Esta semana de Pascua ha sido de malas para el Gobierno Municipal con varias pifias cometidas.

La decisión del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil de frenar el uso de áreas verdes para el proyecto de Viviendas del Bienestar, tras las protestas vecinales en Prados de Occidente, Enrique Félix Castro y Jardines del Pedregal, resalta una vez más el complejo balance entre desarrollo urbano y la preservación de espacios públicos esenciales para la calidad de vida de los ciudadanos.

Si bien la respuesta a las preocupaciones de los vecinos sobre el despojo de áreas verdes y los problemas de vialidad y servicios públicos es comprensible, la situación deja al descubierto una falta de planificación estratégica a largo plazo.

El hecho de que el Cabildo haya aprobado inicialmente el cambio de uso de suelo en áreas clave de varios fraccionamientos pone de manifiesto una falta de comunicación y de sensibilidad hacia las necesidades de la comunidad. A pesar de la buena intención detrás del proyecto de Viviendas del Bienestar, la falta de un análisis exhaustivo sobre el impacto en las infraestructuras existentes es una omisión grave.

Si la viabilidad del proyecto se discutiera de manera más profunda con los habitantes y otros actores involucrados desde el inicio, se podrían evitar estos conflictos y, lo que es más importante, asegurar un desarrollo más equilibrado y respetuoso con las necesidades urbanísticas y sociales.

La promesa del Alcalde de explorar otras alternativas, como terrenos federales o reservas territoriales, es positiva y la reconocemos, pero plantea la interrogante de por qué no se consideraron estos terrenos antes de buscar áreas verdes en zonas ya establecidas.

Aunque el Alcalde asegura que el proyecto no se retrasará, es esencial que esta promesa se cumpla con una planificación adecuada que evite recurrir a medidas apresuradas y garantizar que los intereses de la comunidad sean respetados en cada fase del desarrollo.

Este tipo de situaciones evidencian la necesidad de procesos más transparentes, colaborativos y, sobre todo, reflexivos para que los proyectos no solo resuelvan problemas de vivienda, sino que también contribuyan al bienestar integral de las comunidades.

Bastante hemos insistido en que mientras las y los sinaloenses tratamos de salir adelante en medio de una ola de violencia que ya supera los ocho meses, nuestras autoridades del Estado que son quienes deberían protegernos, parecen encerrarse en una burbuja en la que no pasa ninguna de las barbaries que vemos a diario y se enfocan en otras cosas.

Una de las vertientes más afectadas por esta emergencia de seguridad claramente ha sido la economía de la entidad, con cientos de cierres de negocios, miles de empleos perdidos y millones de pesos que han dejado de generarse y circular entre la sociedad sinaloense.

Por allá a inicios de enero, de repente el Gobierno del Estado anunció de imprevisto que presentarían un Plan de Reactivación Económica al que luego le llamaron “Plan Sinaloa”, y parecía una buena iniciativa para ayudar a menguar y respaldar a los sectores productivos en medio de la hecatombe.

En una cosa que todavía no entendemos, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que el plan era pedir un préstamo por 2 mil 300 millones de pesos para ejecutar el plan anual de obras, pues se quedaron sin lana para eso por pagar una multa generada con el SAT en el Gobierno del ahora Embajador en España, Quirino Ordaz Coppel, cuya administración le jugó chueco a Hacienda y por lo que todavía no sabemos de ningún funcionario sancionado.

Pues han pasado más de tres meses desde que el Ejecutivo estatal recibió sin mucha cumplicación la luz verde de un gris e insípido Congreso del Estado para tramitar ese crédito, y la ola de violencia no ha terminado, los negocios siguen cerrando, pero el préstamo se está ejerciendo y rapidito.

Resulta que de los 2 mil 300 millones que pidió prestados el Gobierno, ya han comprometido el 60 por ciento del dinero en contratos de obra pública licitados, que son alrededor de mil 397 millones.

No era necesario pensarle mucho para darse cuenta que el cumplimiento de una obligación del Estado, como lo es la obra pública, no solucionaría otra obligación como lo es propiciar condiciones de seguridad para el desarrollo económico.

Pensar que pavimentar calles, arreglar sistemas de drenaje y entregar malecones resolverá una crisis de seguridad con consecuencias en lo económico es una idea que queda muy lejos de la enorme evidencia que hay en estos temas y que apunta a acciones como construir la policía que no tenemos, reducir la casi absoluta impunidad en la mayoría de los delitos y limpiar las instituciones de seguridad de la comisión con el crimen organizado.

Nomás por mencionar tres acciones que ningún gobernador de Sinaloa, sin importar el origen partidista, ha querido emprender en serio con las únicas dos maneras en que eso puede hacerse: poniéndole voluntad política y dinero.

Pero no, aquí seguimos en los últimos lugares de policía estatal del país y con una Fiscalía con nula credibilidad después del escándalo de “El Mayo” y Cuén.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, no da una en su puesto y del cual fue reelegido. No ha podido poner orden en seguridad en el puerto y ya hasta se da el lujo de cometer un atropello contra el medio ambiente.

Resulta que luego de que dos motociclistas perdieron la vida en ese mismo lugar en menos de 26 horas tras impactarse contra palmeras del Paseo Claussen, pues el jefe de la policía, que según él su primera unidad policiaca “llega en menos de 5 minutos” a cualquier hecho, mandó talar dos palmeras y hasta advirtió que podrían talar una tercera.

Tras tal acción en contra del medio ambiente, los comentarios en Mazatlán no son de otra cosa más que la risa por la acción policiaca de Barrón Valdez.

Se le hizo más fácil tumbar palmeras que mandar poner orden vial en la curva que está frente al Parque Ciudades Hermanas.

Quizás Barrón Valdez esté mal asesorado o ya presenta signos de que quiere que lo cambien de puesto.

Pues no hizo tampoco nada con los abusos que cometió el año pasado su director operativo Pablo Ramírez Suárez. Y para colmo, la tarde del pasado miércoles llegó dos horas después a “brindar” seguridad durante la manifestación contra un abogado mazatleco en la Avenida Cruz Lizárraga.

O como este centinela es muy mal pensado, a lo mejor está cubriendo a su jefa la Alcaldesa.

Tras la poda de dos palmeras en el Paseo Claussen de Mazatlán, luego de la muerte de dos motociclistas en el mismo lugar, los memes no se hicieron esperar contra la Alcaldesa Estrella Palacios.

Ya en las redes sociales “proponen” quitar el mar para que no haya ahogados en playas de Mazatlán, otros “proponen” quitar los postes para que no haya choques. Evidentemente excesos que recuerdan que gobernar a los mazatlecos no es una cosa sencilla.

Esta semana de Pascua ha sido de malas para el Gobierno Municipal con varias pifias cometidas.

La decisión del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil de frenar el uso de áreas verdes para el proyecto de Viviendas del Bienestar, tras las protestas vecinales en Prados de Occidente, Enrique Félix Castro y Jardines del Pedregal, resalta una vez más el complejo balance entre desarrollo urbano y la preservación de espacios públicos esenciales para la calidad de vida de los ciudadanos.

Si bien la respuesta a las preocupaciones de los vecinos sobre el despojo de áreas verdes y los problemas de vialidad y servicios públicos es comprensible, la situación deja al descubierto una falta de planificación estratégica a largo plazo.

El hecho de que el Cabildo haya aprobado inicialmente el cambio de uso de suelo en áreas clave de varios fraccionamientos pone de manifiesto una falta de comunicación y de sensibilidad hacia las necesidades de la comunidad. A pesar de la buena intención detrás del proyecto de Viviendas del Bienestar, la falta de un análisis exhaustivo sobre el impacto en las infraestructuras existentes es una omisión grave.

Si la viabilidad del proyecto se discutiera de manera más profunda con los habitantes y otros actores involucrados desde el inicio, se podrían evitar estos conflictos y, lo que es más importante, asegurar un desarrollo más equilibrado y respetuoso con las necesidades urbanísticas y sociales.

La promesa del Alcalde de explorar otras alternativas, como terrenos federales o reservas territoriales, es positiva y la reconocemos, pero plantea la interrogante de por qué no se consideraron estos terrenos antes de buscar áreas verdes en zonas ya establecidas.

Aunque el Alcalde asegura que el proyecto no se retrasará, es esencial que esta promesa se cumpla con una planificación adecuada que evite recurrir a medidas apresuradas y garantizar que los intereses de la comunidad sean respetados en cada fase del desarrollo.

Este tipo de situaciones evidencian la necesidad de procesos más transparentes, colaborativos y, sobre todo, reflexivos para que los proyectos no solo resuelvan problemas de vivienda, sino que también contribuyan al bienestar integral de las comunidades.

Bastante hemos insistido en que mientras las y los sinaloenses tratamos de salir adelante en medio de una ola de violencia que ya supera los ocho meses, nuestras autoridades del Estado que son quienes deberían protegernos, parecen encerrarse en una burbuja en la que no pasa ninguna de las barbaries que vemos a diario y se enfocan en otras cosas.

Una de las vertientes más afectadas por esta emergencia de seguridad claramente ha sido la economía de la entidad, con cientos de cierres de negocios, miles de empleos perdidos y millones de pesos que han dejado de generarse y circular entre la sociedad sinaloense.

Por allá a inicios de enero, de repente el Gobierno del Estado anunció de imprevisto que presentarían un Plan de Reactivación Económica al que luego le llamaron “Plan Sinaloa”, y parecía una buena iniciativa para ayudar a menguar y respaldar a los sectores productivos en medio de la hecatombe.

En una cosa que todavía no entendemos, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que el plan era pedir un préstamo por 2 mil 300 millones de pesos para ejecutar el plan anual de obras, pues se quedaron sin lana para eso por pagar una multa generada con el SAT en el Gobierno del ahora Embajador en España, Quirino Ordaz Coppel, cuya administración le jugó chueco a Hacienda y por lo que todavía no sabemos de ningún funcionario sancionado.

Pues han pasado más de tres meses desde que el Ejecutivo estatal recibió sin mucha cumplicación la luz verde de un gris e insípido Congreso del Estado para tramitar ese crédito, y la ola de violencia no ha terminado, los negocios siguen cerrando, pero el préstamo se está ejerciendo y rapidito.

Resulta que de los 2 mil 300 millones que pidió prestados el Gobierno, ya han comprometido el 60 por ciento del dinero en contratos de obra pública licitados, que son alrededor de mil 397 millones.

No era necesario pensarle mucho para darse cuenta que el cumplimiento de una obligación del Estado, como lo es la obra pública, no solucionaría otra obligación como lo es propiciar condiciones de seguridad para el desarrollo económico.

Pensar que pavimentar calles, arreglar sistemas de drenaje y entregar malecones resolverá una crisis de seguridad con consecuencias en lo económico es una idea que queda muy lejos de la enorme evidencia que hay en estos temas y que apunta a acciones como construir la policía que no tenemos, reducir la casi absoluta impunidad en la mayoría de los delitos y limpiar las instituciones de seguridad de la comisión con el crimen organizado.

Nomás por mencionar tres acciones que ningún gobernador de Sinaloa, sin importar el origen partidista, ha querido emprender en serio con las únicas dos maneras en que eso puede hacerse: poniéndole voluntad política y dinero.

Pero no, aquí seguimos en los últimos lugares de policía estatal del país y con una Fiscalía con nula credibilidad después del escándalo de “El Mayo” y Cuén.