Entre la necesidad de vivienda y el derecho a respirar
En una ciudad donde la violencia no da tregua y el espacio público se vuelve refugio, los vecinos de varios fraccionamientos de Culiacán alzaron la voz para defender lo que consideran su último respiro: las áreas verdes de sus colonias.
Frente al anuncio del Ayuntamiento de ceder terrenos al programa federal de vivienda, surgió la protesta. No porque se rechace la idea de más hogares para quienes los necesitan, sino por la forma en que se pretende lograr.
Jardines del Pedregal es un fraccionamiento que, durante años, ha esperado la habilitación de un parques prometido y presupuestado por el Ayuntamiento de Culiacán. No llegó.
En cambio, ahora llega un proyecto para viviendas que no se socializó.
Para muchos vecinos, eso significa perder el único lugar que ha servido como zona de recreación, de convivencia familiar y de respiro en medio del asfalto.
El proyecto de construir más de seis mil viviendas responde a una demanda real: miles de personas en Culiacán necesitan un techo digno. El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil ha insistido en que el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar es una apuesta por atender esa deuda social.
Sin embargo, el conflicto surge cuando ese avance se da a costa de otro derecho: el de tener una ciudad habitable, con espacios públicos accesibles y funcionales.
Lo que reclaman los vecinos es que no se oponen al desarrollo, sino a que se imponga sin diálogo, sin alternativas claras y sin considerar el impacto en la calidad de vida de quienes ya habitan ahí.
Tampoco es menor que muchas de estas colonias carecen de servicios suficientes, vigilancia y escuelas. Entonces, la pregunta es válida: ¿cómo se va a sostener esta expansión?
En el discurso público se insiste en construir paz desde la comunidad, pero quitar espacios donde las familias caminan, juegan y se encuentran va en sentido contrario.
En una ciudad como Culiacán, donde las balas han sustituido los juegos infantiles en muchos barrios, los metros de pasto y sombra valen más de lo que parece.
Reconocer la necesidad de vivienda no debería estar reñido con el derecho a un entorno digno. Quizás el verdadero reto del gobierno municipal no es elegir entre construir casas o conservar áreas verdes, sino diseñar una ciudad que pueda sostener ambas cosas. Que no construya vivienda a costa de la convivencia.
Tercero al bate... o al banquillo
El Gobierno Municipal encabezado por un Alcalde reelecto de Morena ha sido denunciado por la Auditoría Superior del Estado, debido a una presunta contratación millonaria realizada de manera irregular.
Usted se preguntará, ¿ahora qué hizo el ángel caído del Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro? O ¿Con qué salió Luis Guillermo “El Químico” Benítez en Mazatlán? Pues no, en esta ocasión hablamos de la administración de Gerardo Vargas Landeros al frente del Ayuntamiento de Ahome.
La noticia que saltó esta semana fue el arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos, la cual pactó el Gobierno ahomense en diciembre del 2021, al inicio del primer periodo de Vargas Landeros, para disponer de esos vehículos en todo el trienio.
El asunto fue observado por la ASE en la revisión de cuenta pública sobre el ejercicio fiscal de 2021, pero no fue hasta 2024 que terminó una investigación de parte de la Auditoría para decidir si proceder a otras instancias como la penal, y finalmente lo hizo.
Tanto la titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, como la Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmaron la presentación de una denuncia y el inicio de una investigación en materia penal para seguir el caso y alertar por un posible delito.
Resulta lógico hacer el símil entre los tres políticos mencionados, pues las causas de las denuncias son las mismas: un contrato millonario adjudicado de manera directa, sin justificar la excepción de licitación.
Por ahí también entra la similitud con los procesos penales que atravesó la pandilla que se cree dueña de la Universidad Autónoma de Sinaloa, acusada de manosear 535 millones de pesos, pero que les sirvió estar de mártires usando a estudiantes para librar las acusaciones pagando solo 20 millones.
La comparación es más latente entre lo sucedido con Estrada Ferreiro en Culiacán y ahora lo del Gobierno de Gerardo Vargas en Ahome, porque el arrendamiento de patrullas lo acordó con la misma empresa que el Ayuntamiento de Culiacán rentó 40 camiones de basura en septiembre del 2020.
Hasta el momento no han desfilado nombres de funcionarios, pero los antecedentes permiten pensar que el primero en salir salpicado sería Vargas Landeros, quien había pasado algo desapercibido en la crisis de seguridad que vive Sinaloa, pues el municipio que preside se ha mantenido menos violento que el centro y sur del estado.
Tampoco podemos perder de vista que mucha raza dentro de los partidos políticos ya están pensando en sus fichas para las elecciones del 2027, en las que se contenderá la Gubernatura de Sinaloa.
Además de ser reelectos y ahora denunciados por presuntas contrataciones irregulares, Estrada Ferreiro, “El Químico” Benítez y Gerardo Vargas Landeros coinciden en que los tres aspiraron a ser candidato de Morena a la Gubernatura en 2021, la cual finalmente obtuvo Rubén Rocha Moya.
Las carreras políticas de los ex alcaldes de Culiacán y Mazatlán lucen con menos futuro que el PAS, y el único que se mantiene a flote en 2025 es el Presidente Municipal de Ahome.
No queremos andar de mal pensados, pero aquí y en China dos más dos siempre da cuatro. Pero por mientras, hay que esperar a que continúe un eventual proceso penal.
Opacidad en pleno 2025
Quisiéramos abrir este comentario con lo contrastante qué podríamos pensar que resulte en pleno 2025, lo avanzado de nuestra tecnología y entendimiento, y que todavía tengamos que andar aguantando decisiones del gobierno como para violar derechos como el de la información.
Pero no podemos, porque es justamente de lo que hemos padecido cada vez que hacemos solicitudes y solitos se ponen el golpe cuando los periodistas y medios hacemos preguntas que les resultan incómodas.
Lo más rancio es la manera de responder, con eso de la seguridad nacional y el riesgo de elementos policíacos, como si sus decisiones ya tomadas no pusieran en peligro a los agentes o como si el narco no pudieran saber el poder de fuego de las policías locales con una simple llamada y sin hacer solicitudes de información.
Resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional reservó por cinco años las observaciones que hicieron sobre la licencia de armas realizadas a policías municipales de Culiacán en septiembre de 2024.
Su respuesta a nuestra solicitud de información fue que la revisión de armas realizada en septiembre de 2024 por la Defensa, a días del estallido de la crisis de violencia, fue reservada con el argumento de que su publicación “pondría poner en riesgo la integridad y la vida de los elementos policiacos por parte del crimen organizado”.
Esta información, según el texto de respuesta, que obra en el citado expediente podría dar cuenta del lugar, tipo y cantidad de armas de fuego con las que cuenta la licencia colectiva de portación de armas de fuego expedida por la Secretaría, insistimos, cualquiera del crimen organizado lo sabría con una llamada.
Esto, dicen, incrementa la posibilidad de que grupos de la delincuencia organizada pretendan obtenerla para llevar a cabo conductas ilícitas, como robos o sabotaje. Como si supiéramos de alguna vez que se haya detenido.
Lo más lógico es que se detengan contra un Black Hawk con una minigun, pero difícil ante una patrulla de la Policía Municipal.
“Lo cual puede poner en riesgo las acciones de seguridad pública que se realicen en beneficio de la población civil, así como la vida y seguridad de los integrantes de la corporación policial”, señala el documento.
Ahora sí qué quema mucho el sol.
Pero ni hablar, ya habrá otra forma de que sí se dé la información.
