En esta ola de violencia, nuestras corporaciones policiales locales han quedado exhibidas como un punto muy débil del Estado, tanto las municipales como estatales, y desafortunadamente otra que se percibe muy enclenque es la investigadora, la Fiscalía General del Estado.
Una vez más la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo no salió bien parada, ahora al ser cuestionada por la situación del enfrentamiento en el poblado Tomo, en la sindicatura de Imala, en Culiacán.
Para empezar, reiteró la versión de la Secretaría de Seguridad Pública sobre que no hallaron víctimas de lo que ocurrió allá, ni heridos ni asesinados, lo cual resulta ciertamente lógico si se considera que las autoridades fueron a esa comunidad hasta cinco días después de los primeros reportes de balaceras.
A lo mejor la Fiscalía esperaba que, después de una refriega a balazos, alguien se tomara la molestia de dejar bien preparada la escena para que llegaran los peritos, casi una semana después, para dar fe del hecho y sacar su chamba.
Aún después de decir eso, Sánchez Kondo fue más allá y dijo que la versión de los habitantes acerca de un enfrentamiento en la zona “no se sostenía con las evidencias del lugar”.
Si para la Fiscal de Sinaloa encontrar una comunidad vacía, con autos calcinados y viviendas con impactos de bala, no corrobora un enfrentamiento armado, ¿entonces qué necesita? ¿Un cartelito que ponga “aquí hubo una balacera”?
Pero bueno, continuando con Sánchez Kondo, fue abordada por un tema muy recurrente en este medio año de violencia recrudecida, que son las casas vandalizadas.
Hasta este 19 de marzo, la Fiscalía General del Estado contabilizó 63 domicilios dañados ya sea por disparos de arma de fuego u otro tipo de ataques.
Más allá de la cifra, que es muy alarmante, lo increíble es que no se tenga registro de alguna víctima de estos hechos y mucho menos detenidos.
Es muy duro pensar que en Sinaloa, grupos armados han sido capaces de ir a 63 inmuebles diferentes, a distintas horas y en sitios que van desde sindicaturas, colonias populares o cotos residenciales, con total impunidad.
Lo peor es que desde la autoridad tampoco se transmite la sensación de que caigan los responsables de esos hechos, pues como dijimos al inicio, nuestras corporaciones policiales, y también las ministeriales, han quedado muy exhibidas por el crimen.
Ninguna autoridad municipal habló de manera voluntaria para aclarar la situación en la comunidad de Tomo, en la sindicatura de Imala, tras los rastros y reportes de un enfrentamiento armado.
Es más, hasta tardaron cinco días en acudir al llamado, sin precisar en qué ocuparon el tiempo antes de llegar ahí.
Al cuestionar al Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, previo a un evento de entrega de pavimentación, se limitó a decir que estaban brindado ayuda a las familias, pero no precisó de qué manera estaban siendo atendidas ni qué tipo de apoyo se les está dando.
La respuesta ante la situación exhibe una falta de empatía al tratarse de vidas humanas en riesgo. Después de dar una cifra estimada de familias atendidas, se retiró rápidamente para entregar otra calle pavimentada.
Lo que dijo el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, no deja lugar a dudas, pues abandonar a una comunidad sin presencia de seguridad durante una emergencia violenta es entregar el control a quienes ejercen dicha violencia.
Y, en el caso de Tomo, Imala, la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades nos deja una sensación de desprotección.
¿Qué ocurrió durante esos cinco días en los que la comunidad quedó sin intervención de seguridad? ¿Acaso se permitió que la situación se complicara aún más? Lo que realmente preocupa es la falta de respuestas claras sobre las familias.
¿Realmente las autoridades están preparadas para proteger a la comunidad en momentos de crisis, o sólo están reaccionando tarde ante lo inevitable?
En este espacio por supuesto que hemos tenido que criticar a los elementos de las fuerzas del orden civil, tanto locales como estatales, pero también los hemos elogiado o defendido, según sea el tema del que se trate.
Y lo que pasó ayer en el Congreso del Estado, cuando el colectivo Guerreros Azules, defensor de los derechos laborales de policías activos y jubilados, se manifestó para exigir atención de cara a resolver problemas que tienen con las prestaciones de los elementos, nos recuerda que hay raza a la que todavía le adeudan.
Una de las representantes del movimiento, Yesenia Rojo Carrizoza, señaló que ya buscaron una comunicación institucional con la Comisión de Seguridad Pública del Legislativo, pero no han recibido respuesta.
Imagínese usted, lo carajo que está la cosa.
Alguien toma la decisión de servir a la sociedad como elemento de alguna policía, ya sea local o estatal, estudia, se prepara para ello y logra una plaza, algo que no es muy difícil porque siempre necesitamos policías porque siempre hay déficit.
La bronca empieza cuando en la realización de sus obligaciones, laborales, con prestaciones y hasta leyes que lo avalan, sufre un atentado del que puede o no sobrevivir.
En todo el mundo es lógico que los dolientes y personas que dependían de esta persona deben ser cobijados por el Estado, el municipio y la ley.
Y mire, hasta podríamos dejarla en el sentido común, pero resulta que como estas situaciones, como las de un simple proceso de pensión o jubilación representa un gasto extemporáneo , pues nuestras autoridades siempre mandan tanto al pensionado, jubilado, o dependiente a la espera mientras los administradores de la lana comienzan a echarse maromas... Lo peor del caso es que pueden durar años echándoselas.
Y lo otro que también resulta absurdo es que pretenden darle lo mismo de pensión, sin subirles el equivalente de inflación, la homologados y hasta aumentos. Y nada más por sus pistolas.
Por eso que los Guerreros Azules acusaron ayer a la presidenta de dicha comitiva, la Diputada de Morena, Arely Berenice Ruiz López, de no poseer los conocimientos en materia de seguridad, ni la voluntad para acercarse con la ciudadanía y atender el problema.
El problema empeora aquí, porque quien debiera ayudarles, como esta Legisladora, pues tampoco sabe de qué lado masca la iguana.
El grupo recalcó que en cuestiones laborales existen deficiencias para los elementos activos, quienes no tienen certezas, mientras que en el caso de agentes jubilados o viudas de policías caídos, hay casos en los que no disponen de una pensión.
“En el tema de prestaciones para policías. Hay mucho rezago a nivel estado, sigue habiendo viudas sin pensión. Que es cierto, tenemos mesas de trabajo en Gobierno, pero necesitamos mayor apoyo”.
La única buena noticia es que con su visita al recinto Legislativo lograron una reunión de la que ya no supimos qué pasó. Ojalá les haya sido de provecho y no sea una de tantas en que los atienden sin querer darles soluciones.
En esta ola de violencia, nuestras corporaciones policiales locales han quedado exhibidas como un punto muy débil del Estado, tanto las municipales como estatales, y desafortunadamente otra que se percibe muy enclenque es la investigadora, la Fiscalía General del Estado.
Una vez más la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo no salió bien parada, ahora al ser cuestionada por la situación del enfrentamiento en el poblado Tomo, en la sindicatura de Imala, en Culiacán.
Para empezar, reiteró la versión de la Secretaría de Seguridad Pública sobre que no hallaron víctimas de lo que ocurrió allá, ni heridos ni asesinados, lo cual resulta ciertamente lógico si se considera que las autoridades fueron a esa comunidad hasta cinco días después de los primeros reportes de balaceras.
A lo mejor la Fiscalía esperaba que, después de una refriega a balazos, alguien se tomara la molestia de dejar bien preparada la escena para que llegaran los peritos, casi una semana después, para dar fe del hecho y sacar su chamba.
Aún después de decir eso, Sánchez Kondo fue más allá y dijo que la versión de los habitantes acerca de un enfrentamiento en la zona “no se sostenía con las evidencias del lugar”.
Si para la Fiscal de Sinaloa encontrar una comunidad vacía, con autos calcinados y viviendas con impactos de bala, no corrobora un enfrentamiento armado, ¿entonces qué necesita? ¿Un cartelito que ponga “aquí hubo una balacera”?
Pero bueno, continuando con Sánchez Kondo, fue abordada por un tema muy recurrente en este medio año de violencia recrudecida, que son las casas vandalizadas.
Hasta este 19 de marzo, la Fiscalía General del Estado contabilizó 63 domicilios dañados ya sea por disparos de arma de fuego u otro tipo de ataques.
Más allá de la cifra, que es muy alarmante, lo increíble es que no se tenga registro de alguna víctima de estos hechos y mucho menos detenidos.
Es muy duro pensar que en Sinaloa, grupos armados han sido capaces de ir a 63 inmuebles diferentes, a distintas horas y en sitios que van desde sindicaturas, colonias populares o cotos residenciales, con total impunidad.
Lo peor es que desde la autoridad tampoco se transmite la sensación de que caigan los responsables de esos hechos, pues como dijimos al inicio, nuestras corporaciones policiales, y también las ministeriales, han quedado muy exhibidas por el crimen.
Ninguna autoridad municipal habló de manera voluntaria para aclarar la situación en la comunidad de Tomo, en la sindicatura de Imala, tras los rastros y reportes de un enfrentamiento armado.
Es más, hasta tardaron cinco días en acudir al llamado, sin precisar en qué ocuparon el tiempo antes de llegar ahí.
Al cuestionar al Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, previo a un evento de entrega de pavimentación, se limitó a decir que estaban brindado ayuda a las familias, pero no precisó de qué manera estaban siendo atendidas ni qué tipo de apoyo se les está dando.
La respuesta ante la situación exhibe una falta de empatía al tratarse de vidas humanas en riesgo. Después de dar una cifra estimada de familias atendidas, se retiró rápidamente para entregar otra calle pavimentada.
Lo que dijo el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, no deja lugar a dudas, pues abandonar a una comunidad sin presencia de seguridad durante una emergencia violenta es entregar el control a quienes ejercen dicha violencia.
Y, en el caso de Tomo, Imala, la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades nos deja una sensación de desprotección.
¿Qué ocurrió durante esos cinco días en los que la comunidad quedó sin intervención de seguridad? ¿Acaso se permitió que la situación se complicara aún más? Lo que realmente preocupa es la falta de respuestas claras sobre las familias.
¿Realmente las autoridades están preparadas para proteger a la comunidad en momentos de crisis, o sólo están reaccionando tarde ante lo inevitable?
En este espacio por supuesto que hemos tenido que criticar a los elementos de las fuerzas del orden civil, tanto locales como estatales, pero también los hemos elogiado o defendido, según sea el tema del que se trate.
Y lo que pasó ayer en el Congreso del Estado, cuando el colectivo Guerreros Azules, defensor de los derechos laborales de policías activos y jubilados, se manifestó para exigir atención de cara a resolver problemas que tienen con las prestaciones de los elementos, nos recuerda que hay raza a la que todavía le adeudan.
Una de las representantes del movimiento, Yesenia Rojo Carrizoza, señaló que ya buscaron una comunicación institucional con la Comisión de Seguridad Pública del Legislativo, pero no han recibido respuesta.
Imagínese usted, lo carajo que está la cosa.
Alguien toma la decisión de servir a la sociedad como elemento de alguna policía, ya sea local o estatal, estudia, se prepara para ello y logra una plaza, algo que no es muy difícil porque siempre necesitamos policías porque siempre hay déficit.
La bronca empieza cuando en la realización de sus obligaciones, laborales, con prestaciones y hasta leyes que lo avalan, sufre un atentado del que puede o no sobrevivir.
En todo el mundo es lógico que los dolientes y personas que dependían de esta persona deben ser cobijados por el Estado, el municipio y la ley.
Y mire, hasta podríamos dejarla en el sentido común, pero resulta que como estas situaciones, como las de un simple proceso de pensión o jubilación representa un gasto extemporáneo , pues nuestras autoridades siempre mandan tanto al pensionado, jubilado, o dependiente a la espera mientras los administradores de la lana comienzan a echarse maromas... Lo peor del caso es que pueden durar años echándoselas.
Y lo otro que también resulta absurdo es que pretenden darle lo mismo de pensión, sin subirles el equivalente de inflación, la homologados y hasta aumentos. Y nada más por sus pistolas.
Por eso que los Guerreros Azules acusaron ayer a la presidenta de dicha comitiva, la Diputada de Morena, Arely Berenice Ruiz López, de no poseer los conocimientos en materia de seguridad, ni la voluntad para acercarse con la ciudadanía y atender el problema.
El problema empeora aquí, porque quien debiera ayudarles, como esta Legisladora, pues tampoco sabe de qué lado masca la iguana.
El grupo recalcó que en cuestiones laborales existen deficiencias para los elementos activos, quienes no tienen certezas, mientras que en el caso de agentes jubilados o viudas de policías caídos, hay casos en los que no disponen de una pensión.
“En el tema de prestaciones para policías. Hay mucho rezago a nivel estado, sigue habiendo viudas sin pensión. Que es cierto, tenemos mesas de trabajo en Gobierno, pero necesitamos mayor apoyo”.
La única buena noticia es que con su visita al recinto Legislativo lograron una reunión de la que ya no supimos qué pasó. Ojalá les haya sido de provecho y no sea una de tantas en que los atienden sin querer darles soluciones.
