Ya está la Ley, y el orden ¿pa cuándo?
Este martes la actividad legislativa en Sinaloa estuvo encabezada por una reforma al Código Penal aprobada por el Congreso del Estado, con la que se busca sancionar las prácticas de halconeo, o a los “punteros”, pues, como se les conoce popularmente.
En estos ocho meses de crisis de seguridad se ha cuestionado el actuar del Poder Legislativo en los trabajos de restauración de la paz y el orden que nos arrebató esta pugna intestina del Cártel de Sinaloa, pues esta reforma es una de las respuestas que ofrece el Parlamento a la gente.
Por supuesto que esta modificación a la normativa no arregla por sí sola la problemática, pero esperemos que abone en su debida medida a las instituciones y corporaciones encargadas de neutralizar la ola de violencia que aún atravesamos.
Quizá algunos no dimensionen como se debe al hecho de que realmente hay personas que se dedican a espiar y monitorear a quienes deberían tener el control en materia de seguridad: a las autoridades.
Entre las tantas cosas que se han impregnado en la cultura y el día a día de Sinaloa, está ver a raza, la mayoría de las veces jóvenes en motocicletas, husmeando en las actividades oficiales con el mero objetivo de entorpecerlas.
A lo mejor al ver a estas personas merodear en las colonias no somos conscientes de que eso efectivamente lastra al aparato de seguridad y justicia, ya que puede ser una manera en que los grupos delictivos se anticipen al actuar oficial y con ello logren mantenerse impunes.
En torno a esta reforma, también está dirigida a castigar la instalación de cámaras de videovigilancia con los mismos fines de afectar el trabajo de las autoridades.
Estos aparatos han llamado particularmente la atención por su proliferación en las calles del estado, sobre todo en Culiacán, y de las que se han retirado más de dos mil sin que hayan detenido a una sola persona por su colocación.
Ahora que las corporaciones tienen este respaldo legal, ojalá no salgan con cosas como el ex Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, quien justificó un tema similar con los mini casinos o “jugadas”, las cuales empezaron a desmantelar ya que se habían cometido más de una docena de crímenes en estos sitios.
También habrá que vigilar cómo se aplica esta nueva normativa, o si es que se aplica, ya que por algo fue echada hacia atrás por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en otros estados por considerarse ambigua.
La omisión y el cinismo de siempre
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sinaloa buscó adjudicarse el hallazgo de la fosa clandestina al sur de Culiacán, que de manera preliminar se ha establecido el hallazgo de 11 cuerpos en la zona.
En un comunicado pobre de información y tardío se señala que el hallazgo fue posible gracias a la colaboración de la Comisión con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, específicamente el colectivo Sabuesos Guerreras que fue el que participó en el hallazgo.
Nos parece innecesario del Gobierno de Sinaloa adueñarse del discurso y animarse a boletinar verdades a medias, pues si bien es cierto que existen algunos apoyos como gasolina o acompañamiento que son destinados a algunas búsquedas, porque no en todas las ocasiones los dispersan, el hallazgo de esta fosa en particular es mayoritariamente un mérito del colectivo Sabuesos Guerreras.
En principio, las familias de las personas desaparecidas no deberían estar buscando a sus desaparecidos pues esa es chamba de la autoridad, pero ante la incapacidad de la misma los familiares han asumido un papel activo de búsqueda.
Lo que es lamentable es que no exista, hasta ahora, algún comentario de consternación por parte del Gobernador Rubén Rocha Moya y del Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, para condenar el asesinato de 11 personas cuyos cuerpos fueron dejados en un mismo lugar y con claro método de desaparición. Sin duda uno de los hallazgos más grandes que hemos tenido de este tipo en la historia reciente.
O también van a decir igual que el tristemente célebre ex Fiscal Juan José Ríos Estavillo: primero hay que averiguar de qué murieron, como si fueran mineros trabajando bajo tierra y fallecieron en un accidente.
Prohibición de corridos no es la solución
Una nueva propuesta qué lleve a la prohibición de los narcocorridos es una alternativa qué han comenzado a empujar algunas voces, con lo que pretenden frenar la narcocultura y evitar que raza desubicada como los de los Alegres del Barranco anden mostrando imágenes de criminales en sus conciertos, enalteciéndolos y mostrándolos como si fueran héroes.
Entendemos, como señala la Diputada local María Teresa Guerra Ochoa, que no es la solución ante la narcocultura en Sinaloa, pero tampoco coincidimos en eso de que se debe trabajar en el fomento de otro tipo de valores.
Es cierto que la escritura, composición, grabación, reproducción o interpretación de los narcocorridos es una forma de ejercer un derecho a la libertad de expresión y es un error restringirlos.
En eso coincidió la Diputada, quien insistió que hay cierto tipos de contenidos, como la música que haga apología al delito.
Pero el discurso de impulsar otros valores ya está igual de rancio.
Porque tampoco es que ni a la Secretaría de Educación Pública y Cultura se le ve muy ociosa para fortalecer sus programas cívicos ni a los diputados cabildeando para destinar recursos, mucho menos para deportes y ni hablar de la cultura, que tenemos años esperando que alguien se acuerde de la biblioteca Gilberto Owen.
Tomaremos, entonces como lo que es la declaración de la doctora Guerra, como una pregunta para tener la misma respuesta de toda la vida.
Por supuesto que la prohibición no es la solución, pero tampoco hay que responder el primer discurso priista del que se acuerden, nada más para salir del bache.
Tanto tiempo de marqués y le andan batallando para moverle al abanico.
Habría que empezar por empezar a profundizar con complejidad y evidencia frente al problema crónico que sufrimos y no recurrir a respuestas trilladas y simplistas.
