La solicitud del Consejo Estatal de Seguridad Pública de incrementar el presupuesto destinado a la seguridad hasta un 40 por ciento es un llamado que subraya la urgencia de atender un problema estructural que trasciende lo policiaco y afecta sectores clave como el turismo, la economía y la cohesión social.

Es innegable que la seguridad pública es un eje fundamental para garantizar el desarrollo sostenible de cualquier región. La inseguridad genera desconfianza, ahuyenta inversiones y debilita el tejido social, convirtiéndose en un lastre para el progreso.

Por ello, robustecer el presupuesto en este ámbito podría parecer una medida lógica y necesaria. Sin embargo, el reto no sólo radica en aumentar los recursos, sino en garantizar que estos se utilicen de manera eficiente, transparente y estratégica, algo que históricamente ha sido una deuda en las políticas de seguridad.

El CESP reconoce sobre la dificultad de esta petición, ya que redistribuir recursos implica restarlos de otras áreas. ¿Se ha evaluado el impacto real de los recursos actuales? ¿Qué mecanismos se proponen para evitar la corrupción y el desvío de fondos? Sin esta claridad, el riesgo es perpetuar un esquema donde más dinero no necesariamente se traduce en mejores resultados.

Una política de seguridad robusta no solo se mide en pesos asignados, sino en estrategias bien diseñadas que ofrezcan soluciones a largo plazo. Priorizar la seguridad no debe implicar sacrificar otros derechos fundamentales de la población, sino buscar un equilibrio en las políticas públicas que beneficie de manera integral a la ciudadanía.

Casi por obra del destino, justo cuando publicamos una investigación en torno a las desapariciones de personas producto de esta crisis de seguridad, sacan en la conferencia de la Vocería del Gobierno de Sinaloa a la Comisionada de Búsqueda de Personas.

Incluso antes del estallido de esta ola de violencia, la crisis humanitaria en el estado por las personas desaparecidas ya era algo alarmante, y antes de hablar de cifras, hay que recordar siempre que son personas con una historia, familia.

Pero bueno, entre esta desesperante ola de violencia, un parámetro importante para entender la gravedad del asunto es ver las cifras, cómo se comporta la incidencia delictiva en el estado, entre ellos las desapariciones de personas.

Por el tipo de delito, resulta complejo establecer una cifra exacta, pero la mayoría de registros tanto de autoridades como los que elaboramos los medios de comunicación, apuntan a los 750 desapariciones.

Y luego está la Comisionada Karina Elizabeth Márquez Calderón, que tan quitada de la pena saca que son 465 personas desaparecidas en esta crisis.

En estos casos tan delicados, puede entenderse alguna ligera variación, pero soltar cifras como esa resulta insultante, sobre todo cuando proviene de alguien que debería saberlo de primera mano.

Porque incluso, colectivos de búsqueda de personas han señalado la posibilidad de que exista un subregistro de mil 200 personas desaparecidas, lo cual le quita aún más sentido a lo planteado por Karina Márquez.

Pasar de 750, con un posible subregistro de mil 1200, a los 465 desapariciones informadas por la Comisionada, demuestran lo indolente que pueden ser las autoridades, que boletinan comunicados muy humanistas, pero luego en persona no tienen el mismo trato.

El Gobierno de Sinaloa tiene preparada hoy una interesante jornada de lo que se podría calificar como atenciones a la crisis de inseguridad que se ha extendido en el estado por tres meses.

Uno de estos eventos es la tan esperada graduación de funcionarios policiales de corporaciones municipales en la Universidad del Policía. Serán 234 nuevos policías que vienen a reforzar las estrategias de contención del delito en el estado.

Hay una gran expectativa en esta incorporación de los policías, pues desde que empezó la crisis de seguridad en Sinaloa el Gobernador Rubén Rocha Moya le ha apostado al discurso de que con estos nuevos funcionarios habrá una diferencia en las maniobras en campo.

Y justo vendrían a reforzar unas ya comprometidas corporaciones policiales, pues en el caso de Culiacán fueron 95 los policías que al no querer hacer los exámenes de control y confianza serán remitidos a labores administrativas dejando con menos policías las calles del municipio además de que ya existe un déficit relevante.

La gran apuesta son estos nuevos policías, que se espera no tengan vicios laborales y vengan sin compromisos o amenazas que puedan comprometer sus labores.

Otros encuentros relevantes son las entregas de microcréditos y apoyos a emprendedores y comerciantes, que serán encabezadas por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Y es que la crisis de seguridad ha pegado muy duro a los sectores comerciales, ocasionando incluso el cierre de negocios y el despido de personas.

Sin buscar ensombrecer esta gestión, sería importante que el Gobierno de Sinaloa buscara coordinarse con la Secretaría del Trabajo para velar no sólo por los titulares de los negocios, sino también por los empleados y ex empleados que tuvieron que despedir por la contingencia de inseguridad.

Hay negocios, sobre todo en lugares foráneos a la ciudad de Culiacán como Altata o Imala, que tuvieron que despedir a empleados de tajo y sin que exista nadie que vigile que en estos despidos los empleados fueron remunerados.

Si bien se enfrenta una situación sin precedentes, se debe vigilar el cumplimiento de las responsabilidades de todos los empleadores y de eso no se ha visto mucho.

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La solicitud del Consejo Estatal de Seguridad Pública de incrementar el presupuesto destinado a la seguridad hasta un 40 por ciento es un llamado que subraya la urgencia de atender un problema estructural que trasciende lo policiaco y afecta sectores clave como el turismo, la economía y la cohesión social.

Es innegable que la seguridad pública es un eje fundamental para garantizar el desarrollo sostenible de cualquier región. La inseguridad genera desconfianza, ahuyenta inversiones y debilita el tejido social, convirtiéndose en un lastre para el progreso.

Por ello, robustecer el presupuesto en este ámbito podría parecer una medida lógica y necesaria. Sin embargo, el reto no sólo radica en aumentar los recursos, sino en garantizar que estos se utilicen de manera eficiente, transparente y estratégica, algo que históricamente ha sido una deuda en las políticas de seguridad.

El CESP reconoce sobre la dificultad de esta petición, ya que redistribuir recursos implica restarlos de otras áreas. ¿Se ha evaluado el impacto real de los recursos actuales? ¿Qué mecanismos se proponen para evitar la corrupción y el desvío de fondos? Sin esta claridad, el riesgo es perpetuar un esquema donde más dinero no necesariamente se traduce en mejores resultados.

Una política de seguridad robusta no solo se mide en pesos asignados, sino en estrategias bien diseñadas que ofrezcan soluciones a largo plazo. Priorizar la seguridad no debe implicar sacrificar otros derechos fundamentales de la población, sino buscar un equilibrio en las políticas públicas que beneficie de manera integral a la ciudadanía.

Casi por obra del destino, justo cuando publicamos una investigación en torno a las desapariciones de personas producto de esta crisis de seguridad, sacan en la conferencia de la Vocería del Gobierno de Sinaloa a la Comisionada de Búsqueda de Personas.

Incluso antes del estallido de esta ola de violencia, la crisis humanitaria en el estado por las personas desaparecidas ya era algo alarmante, y antes de hablar de cifras, hay que recordar siempre que son personas con una historia, familia.

Pero bueno, entre esta desesperante ola de violencia, un parámetro importante para entender la gravedad del asunto es ver las cifras, cómo se comporta la incidencia delictiva en el estado, entre ellos las desapariciones de personas.

Por el tipo de delito, resulta complejo establecer una cifra exacta, pero la mayoría de registros tanto de autoridades como los que elaboramos los medios de comunicación, apuntan a los 750 desapariciones.

Y luego está la Comisionada Karina Elizabeth Márquez Calderón, que tan quitada de la pena saca que son 465 personas desaparecidas en esta crisis.

En estos casos tan delicados, puede entenderse alguna ligera variación, pero soltar cifras como esa resulta insultante, sobre todo cuando proviene de alguien que debería saberlo de primera mano.

Porque incluso, colectivos de búsqueda de personas han señalado la posibilidad de que exista un subregistro de mil 200 personas desaparecidas, lo cual le quita aún más sentido a lo planteado por Karina Márquez.

Pasar de 750, con un posible subregistro de mil 1200, a los 465 desapariciones informadas por la Comisionada, demuestran lo indolente que pueden ser las autoridades, que boletinan comunicados muy humanistas, pero luego en persona no tienen el mismo trato.

El Gobierno de Sinaloa tiene preparada hoy una interesante jornada de lo que se podría calificar como atenciones a la crisis de inseguridad que se ha extendido en el estado por tres meses.

Uno de estos eventos es la tan esperada graduación de funcionarios policiales de corporaciones municipales en la Universidad del Policía. Serán 234 nuevos policías que vienen a reforzar las estrategias de contención del delito en el estado.

Hay una gran expectativa en esta incorporación de los policías, pues desde que empezó la crisis de seguridad en Sinaloa el Gobernador Rubén Rocha Moya le ha apostado al discurso de que con estos nuevos funcionarios habrá una diferencia en las maniobras en campo.

Y justo vendrían a reforzar unas ya comprometidas corporaciones policiales, pues en el caso de Culiacán fueron 95 los policías que al no querer hacer los exámenes de control y confianza serán remitidos a labores administrativas dejando con menos policías las calles del municipio además de que ya existe un déficit relevante.

La gran apuesta son estos nuevos policías, que se espera no tengan vicios laborales y vengan sin compromisos o amenazas que puedan comprometer sus labores.

Otros encuentros relevantes son las entregas de microcréditos y apoyos a emprendedores y comerciantes, que serán encabezadas por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Y es que la crisis de seguridad ha pegado muy duro a los sectores comerciales, ocasionando incluso el cierre de negocios y el despido de personas.

Sin buscar ensombrecer esta gestión, sería importante que el Gobierno de Sinaloa buscara coordinarse con la Secretaría del Trabajo para velar no sólo por los titulares de los negocios, sino también por los empleados y ex empleados que tuvieron que despedir por la contingencia de inseguridad.

Hay negocios, sobre todo en lugares foráneos a la ciudad de Culiacán como Altata o Imala, que tuvieron que despedir a empleados de tajo y sin que exista nadie que vigile que en estos despidos los empleados fueron remunerados.

Si bien se enfrenta una situación sin precedentes, se debe vigilar el cumplimiento de las responsabilidades de todos los empleadores y de eso no se ha visto mucho.