Reconocemos que nuestro presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, viene mostrando una actitud presidencial más abierta con la prensa y la ciudadanía.

Pero no queremos dejar pasar un nuevo detalle que puede corregirse muy fácil, pues parece estar adoptando la impuntualidad como sello distintivo, llegando hasta una hora tarde a los eventos de la agenda que ya amablemente hacen pública desde la oficina de Comunicación Social.

Cualquiera pensaría que con tantas responsabilidades, es obvio que es difícil cumplir al pie de la letra con todos sus compromisos, se entiende que a veces pase; sin embargo, no es poca cosa que se tenga a raza trabajando precisamente en que su puntualidad sea una prioridad, como cualquier funcionario que se jacte de serio, pero parece que aquí hay algunas fallas.

Por ejemplo, en la inauguración de las canchas de pádel en el Parque 87, una obra que costó 5 millones de pesos, el alcalde hizo su entrada triunfal, fresco y relajado, recién salido del aire acondicionado de su vehículo , mientras todos los invitados se derretían bajo el sol y el calor, esperando pacientemente.

¿Qué pues, presi?, a todos nos da calor, hay que maliciarla.

Desde el Gobierno de Sinaloa se ha presumido que se alcanzó una aprobación ciudadana en relación a la obra pública de la actual administración del 51 por ciento, colocándose nuestro estado en el primer lugar a nivel nacional.

¡Y cómo no! Si se han dedicado en los últimos años a hacer parafernalia por cada 10 metros de calle que pavimentan, dejándole claro a la gente que es la administración morenista estatal y desde los municipios quienes ‘ven por el pueblo’.

En los eventitos los líderes de colonia se dedican a llenar asientos, y ahí bajo una carpita las personas se toman alguna agüita o refresco a cuenta del gobierno estatal, a cambio de escuchar cátedra de por qué el actual es el mejor gobierno de todos. Una estrategia muy parecida a la aplicada en administraciones priistas o panistas.

Esta estrategia de marketing, más que de obra pública, por supuesto que es a beneficio de la imagen del Gobierno de Sinaloa, pero es importante destacar las polémicas que han envuelto a esta dependencia: primero la promesa, que a final de cuentas fue puro humo, de un circuito periférico en Culiacán. Esta descabellada propuesta era muy costosa y poco rentable de acuerdo a expertos, pero al Gobierno de Sinaloa se sirvió jugar esa carta durante un tiempo y ya que vieron que no podían mejor desistieron.

Luego, quitaron a José Luis Zavala Cabanillas como titular de Obras Públicas, después de ser señalado por más de un año por organizaciones contra la corrupción y lo reubicaron en la Subsecretaría de Promoción Económica.

Después, la cuestionada capacidad académica de Joaquín Landeros Güicho, actual titular de Obra, que fue puesto en duda como arquitecto por una situación de sus documentos comprobatorios de licenciatura.

Resulta que también Noroeste documentó que de 2022 a 2023 el gobierno de Sinaloa incrementó en casi 100 millones de pesos el gasto para 88 contratos de obras.

Además, resulta que el plan de obra 2024-2025 de la actual administración costará más que los más de 3 mil millones de pesos que calcularon que costaría.

¿Pues que no se supone que tienen expertos en las áreas para calcular cuánto cuesta una obra?, ahora resulta que ni Landeros Güicho ni Zavala Cabanillas saben cuánto cuesta un saco de cemento y por eso tienen que pagar más al final... como todo el tiempo.

Ojalá el Gobernador atienda éste así como otros temas, dónde la toma de decisiones es discrecional y le cuesta dinero a los sinaloenses.

Hoy, la Secretaría de Gobernación federal recibirá, obligada por un compromiso hecho públicamente por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a una comitiva de la Universidad Autónoma de Sinaloa para escuchar una historia de ciencia ficción.

La persecución política de la que reniegan los funcionarios de la UAS no es otra cosa que un ajuste que ya se necesitaba desde hace mucho tiempo en Sinaloa, un recordatorio a que la Universidad no es propiedad de nadie más que de los sinaloenses, que una pandilla no se puede adueñar de su nobleza y que los delitos cometidos tienen que investigarse, procesarse y castigarse.

Noroeste aportó, en su ejercicio de periodismo libre, profesional y ético, una serie de investigaciones periodísticas que aportaron indicios y lograron convertirse en carpetas de investigación por posibles transacciones irregulares por casi 700 millones de pesos en tiempos del ex rector Juan Eulogio Guerra Liera y del actual separado del cargo Jesús Madueña Molina.

La reunión, que se fraguó gracias a una reportera que la UAS sembró en la conferencia de prensa La Mañanera-de -de eso hay mucha evidencia ya-, es una segunda y absurda estrategia de los funcionarios de la Universidad enredados en la posible malversación de fondos para buscar impunidad.

Lo absurdo lo decimos porque una cosa es la decisión que tome el Gobernador y el gobierno federal y otra cosa es la Fiscalía y el poder judicial en Sinaloa con respecto a las denuncias y los procesos.

Por mucho tiempo, el cacicazgo del ex Rector Héctor Melesio Cuen Ojeda creció dentro de la Universidad gracias a otros personajes como el propio Madueña Molina, que ha fungido como una especie de socio de ambiciones políticas y de control en la universidad.

Él mismo fue quien creó y organizó la asociación civil Cuenta Conmigo que dio vida al Partido Sinaloense, ese órgano de control sobrepuesto en la administración de la Universidad y que pertenece a la familia Cuén Díaz.

La narrativa desde la Universidad, por la mayoría de beneficiados por favores de Cuén Ojeda y compañía, reniegan de una supuesta intervención del gobierno estatal para tomar el control y otros cuentos de ciencia ficción, como afiliar a trabajadores al Stase o al SNTE.

El avance de los procesos ha llevado a esa cúpula de funcionarios universitarios, todos promoverse y afiliados al PAS, a tomar cada vez acciones más desesperadas, como el viaje de medio centenar de trabajadores, maestros y alumnos -seguramente también todos pasistas- a la Ciudad de México, para realizar una serie de manifestaciones a propósito de la reunión.

El sollozo de los funcionarios de la Universidad, encabezados por Robespierre Lizárraga Otero, de quien todo mundo sabe que no puede ni va a tomar decisiones por sí solo, versará en el pleito de la Ley de Educación Superior, sus amparos y victoria.

En estos momentos, también se sabe, el Congreso del Estado intenta reformar la Ley, precisamente por petición de otros universitarios que no forman parte de la cúpula ni son militantes pasistas.

Pura pérdida de tiempo para la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el Gobernador Rubén Rocha Moya.

¿Qué pueden ofrecer los universitarios de pruebas de una persecución política si hay evidencia escrita y publicada de los movimientos irregulares en sus compras, hay procesos judiciales abiertos y decisiones de los jueces?

Lo evidente es que esa persecución la atribuyen a una sensación que antes no sintieron, que por mucho tiempo gozaron de impunidad y que ahora ya se le acabó el agua al bule, ya deben entender que no pueden hacer lo que ellos quieran, ni como quieran, sin tener consecuencias; que ellos no son los dueños de la Universidad y que si cometieron delitos van a tener que pagar.

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Malecón es columna institucional de esta casa editorial.

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