El Gobierno de Sinaloa expuso que se han gastado 140 millones de pesos en respaldos a pequeños comerciantes y empresarios que se han visto afectados por la crisis de seguridad que enfrenta el estado.
La exposición de esta cifra estuvo a cargo del Secretario General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez, quien apuntó que la erogación de recurso público para mitigar el tema del impacto económico por la violencia es un logro.
Él solito le colgó la banda de felicitación al Gobierno que representa por gastar dinero, y no por algún resultado obtenido.
Lo cierto es que estos apoyos sí son útiles para los pequeños comerciantes, pero sin duda el gremio estaría más agradecido si se controlara la crisis de seguridad que ya se enfila para los cuatro meses y no se le ve un final.
El impacto económico es incalculable, pero todos los días hay noticias de despidos o cierres de negocios que por más que le hicieron la lucha no pudieron levantar ante las bajas ventas.
Y es terrible que la única forma en la que este tema es abordado por la autoridad estatal y municipal es con optimismo por los programas de apoyo emergente, mal diseñados que sólo alcanzaron unos pocos empresarios y comerciantes, y no con la preocupación que debería focalizar esfuerzos para encontrar una solución más sólida.
Es imposible que los negocios se mantengan de subsidios o préstamos gubernamentales, cuando la problemática sigue siendo la violencia que no da tregua y afecta la cotidianeidad de las personas que deben lidiar con el crimen organizado acechando.
Ahora que ya se acabaron las fiestas, es momento de dar un golpe de realidad a nuestros funcionarios municipales y recordarles que las prioridades de la ciudad de Culiacán no pueden quedar en pausa.
A esta exigencia se suma la petición de los pepenadores del relleno sanitario, quienes desde septiembre del año pasado fueron privados de la atención médica que antes se les brindaba en el basurón.
Este servicio era esencial para atender cualquier situación derivada de su exposición constante a riesgos sanitarios, lo cual deja en evidencia una desatención sistemática hacia este sector vulnerable.
La precariedad no termina ahí. También han solicitado la presencia policial en la zona, debido a la ausencia total de vigilancia en un lugar considerado conflictivo.
Esta falta de seguridad incrementa su vulnerabilidad y agrava las condiciones laborales.
El abandono de estas necesidades es un rezago en la atención a quienes sostienen desde abajo las dinámicas urbanas.
Si bien se entienden las dificultades derivadas de la crisis de violencia que afecta al estado, esta no puede ser pretexto para excluir a comunidades enteras de servicios básicos como la salud y la seguridad.
Es crucial que se atienda estas demandas con la urgencia que merecen, estableciendo un programa integral que garantice condiciones dignas para los pepenadores.
Esto incluye el retorno de la atención médica en el lugar y la asignación de elementos de seguridad.
Resulta que ayer el Gobierno de Sinaloa anunció en la conferencia de prensa de la Vocería que ya implementa un operativo para inhibir la incidencia delictiva en los trayectos a destinos turísticos cercanos a la ciudad de Culiacán.
El operativo, según se anunció en el evento, consta de la presencia de elementos de la Policía Estatal Pteventica en los caminos desde Culiacán a Imala, a Altata, ubicado en el municipio de Navolato, y a Surutato, ubicado en Badiraguato.
Esta es una respuesta, que si bien es cierto muy tardada, al final sí la hubo.
Eran decenas de empresarios los que habían señalado que las condiciones en nuestro contexto de violencia, propiciado por una nueva guerra interna del Cártel de Sinaloa, habían cambiado a tal grado de que sus negocios estaban cerca de cerrar por quiebra.
Incluso se realizaron esfuerzos nobles, como caravanas ciudadanas para fomentar el viaje seguro, pero muchos de los negocios no pudieron mantenerse.
El operativo que se aplica hoy es de vigilancia de estos trayectos, con lo que se busca inhibir la violencia y reactivar la economía local.
Además de la Policía Estatal Preventiva, también participarán corporaciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional o la Secretaría de Marina.
Los operativos comenzaron este domingo y esperan que se mantengan en los próximos días.
El turismo es uno de los rubros más afectados por la crisis, sobre todo el Regional cuyos empresarios mayormente viven al día con sus responsabilidades.
Ojalá que esto ayuda a que de alguna forma se pueda recuperar todo lo perdido.
El Gobierno de Sinaloa expuso que se han gastado 140 millones de pesos en respaldos a pequeños comerciantes y empresarios que se han visto afectados por la crisis de seguridad que enfrenta el estado.
La exposición de esta cifra estuvo a cargo del Secretario General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez, quien apuntó que la erogación de recurso público para mitigar el tema del impacto económico por la violencia es un logro.
Él solito le colgó la banda de felicitación al Gobierno que representa por gastar dinero, y no por algún resultado obtenido.
Lo cierto es que estos apoyos sí son útiles para los pequeños comerciantes, pero sin duda el gremio estaría más agradecido si se controlara la crisis de seguridad que ya se enfila para los cuatro meses y no se le ve un final.
El impacto económico es incalculable, pero todos los días hay noticias de despidos o cierres de negocios que por más que le hicieron la lucha no pudieron levantar ante las bajas ventas.
Y es terrible que la única forma en la que este tema es abordado por la autoridad estatal y municipal es con optimismo por los programas de apoyo emergente, mal diseñados que sólo alcanzaron unos pocos empresarios y comerciantes, y no con la preocupación que debería focalizar esfuerzos para encontrar una solución más sólida.
Es imposible que los negocios se mantengan de subsidios o préstamos gubernamentales, cuando la problemática sigue siendo la violencia que no da tregua y afecta la cotidianeidad de las personas que deben lidiar con el crimen organizado acechando.
Ahora que ya se acabaron las fiestas, es momento de dar un golpe de realidad a nuestros funcionarios municipales y recordarles que las prioridades de la ciudad de Culiacán no pueden quedar en pausa.
A esta exigencia se suma la petición de los pepenadores del relleno sanitario, quienes desde septiembre del año pasado fueron privados de la atención médica que antes se les brindaba en el basurón.
Este servicio era esencial para atender cualquier situación derivada de su exposición constante a riesgos sanitarios, lo cual deja en evidencia una desatención sistemática hacia este sector vulnerable.
La precariedad no termina ahí. También han solicitado la presencia policial en la zona, debido a la ausencia total de vigilancia en un lugar considerado conflictivo.
Esta falta de seguridad incrementa su vulnerabilidad y agrava las condiciones laborales.
El abandono de estas necesidades es un rezago en la atención a quienes sostienen desde abajo las dinámicas urbanas.
Si bien se entienden las dificultades derivadas de la crisis de violencia que afecta al estado, esta no puede ser pretexto para excluir a comunidades enteras de servicios básicos como la salud y la seguridad.
Es crucial que se atienda estas demandas con la urgencia que merecen, estableciendo un programa integral que garantice condiciones dignas para los pepenadores.
Esto incluye el retorno de la atención médica en el lugar y la asignación de elementos de seguridad.
Resulta que ayer el Gobierno de Sinaloa anunció en la conferencia de prensa de la Vocería que ya implementa un operativo para inhibir la incidencia delictiva en los trayectos a destinos turísticos cercanos a la ciudad de Culiacán.
El operativo, según se anunció en el evento, consta de la presencia de elementos de la Policía Estatal Pteventica en los caminos desde Culiacán a Imala, a Altata, ubicado en el municipio de Navolato, y a Surutato, ubicado en Badiraguato.
Esta es una respuesta, que si bien es cierto muy tardada, al final sí la hubo.
Eran decenas de empresarios los que habían señalado que las condiciones en nuestro contexto de violencia, propiciado por una nueva guerra interna del Cártel de Sinaloa, habían cambiado a tal grado de que sus negocios estaban cerca de cerrar por quiebra.
Incluso se realizaron esfuerzos nobles, como caravanas ciudadanas para fomentar el viaje seguro, pero muchos de los negocios no pudieron mantenerse.
El operativo que se aplica hoy es de vigilancia de estos trayectos, con lo que se busca inhibir la violencia y reactivar la economía local.
Además de la Policía Estatal Preventiva, también participarán corporaciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional o la Secretaría de Marina.
Los operativos comenzaron este domingo y esperan que se mantengan en los próximos días.
El turismo es uno de los rubros más afectados por la crisis, sobre todo el Regional cuyos empresarios mayormente viven al día con sus responsabilidades.
Ojalá que esto ayuda a que de alguna forma se pueda recuperar todo lo perdido.
