La realización del Desfile Navideño 2024 en Culiacán, bajo un contexto de violencia prolongada y miedo palpable, despierta reflexiones necesarias sobre el papel de la ciudadanía y las instituciones en momentos críticos. La iniciativa de “retomar las calles” para dar un mensaje de esperanza y unión es valiosa en un nivel simbólico, pero no está exenta de contradicciones ni cuestionamientos.

Por un lado, es admirable que, pese al temor, se busque crear espacios para la convivencia y el disfrute colectivo. Como lo señala el organizador, construir “la ciudad que queremos” implica actos de valentía que desafíen la inercia del miedo y la parálisis. Sin embargo, este mensaje de resiliencia contrasta con la realidad diaria de muchos ciudadanos, quienes enfrentan inseguridad, desempleo y desplazamientos.

El desfile es, sin duda, un acto de resistencia cultural, pero también debe abrir espacio para una discusión honesta: ¿cómo podemos construir la ciudad que queremos cuando las bases de seguridad y justicia están tan fracturadas?

Este acto simbólico también invita a reflexionar: ¿cómo puede complementarse esta esperanza con medidas más tangibles para combatir los problemas estructurales que generan miedo e inseguridad? Aunque un desfile no resolverá de inmediato las causas de la violencia, puede abrir un espacio para conversaciones más profundas sobre cómo construir la ciudad que soñamos. Bien por eso.

El Gobernador Rubén Rocha Moya se molesta mucho cuando los medios comunicación, activistas, empresarios y expertos en seguridad realizan conteos integrales de los saldos que ha dejado la violencia en Sinaloa, y lo ha dejado muy claro al utilizar la plataforma de la conferencia de prensa La Semanera.

Incluso ha estado en el filo de decir una que otra cosa inapropiada al establecer las jornadas en las que se ha registrado uno o dos asesinatos, y compararlas con los días que más muertes se registran.

Pues sí debe de ser muy fuerte para el Gobierno de Sinaloa tener que lidiar con las cifras que una pugna que no se ha podido controlar, y no sólo eso, que la autoridad permitió al no poner límites al crecimiento del crimen organizado en el estado.

Reconocía hace unos días Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que la crisis de seguridad no puede ser solucionada de la noche a la mañana, pues tal vez sea porque las organizaciones criminales se han alimentado de gobiernos permisivos desde hace años.

Una muestra de ello es la proliferación de minicasinos o jugadas, que incluso se anuncian como tal en los locales en los que se ubican, que el Gobierno de los tres niveles sabe que existen y en dónde están, pero desde hace mucho tiempo son espacios intocables. Cedemos el beneficio de la duda al pensar que no los decomisan o cierran por falta de pruebas de que son espacios irregulares, pero sin duda la autoridad debió hacer algo hace mucho tiempo y lo pasaron por alto.

También hace unos meses se reveló que en el norte del estado existía el cobro de piso a transportistas de cosechas, así como que en Sinaloa se han decomisado los más grandes cargamentos de fentanilo en todo el País, todas estas actividades operadas por células criminales que no se descargan en sentencias o investigaciones.

Sobre esos fracasos, ni el Gobierno local ni el federal se hacen responsable, ni los ve, ni quiere hablar sobre ello.

El Gobernador se ofende tanto con el tema de la incidencia delictiva acumulada que este lunes en La Semanera fue cuestionado, y el Secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, buscó salvarlo ofreciendo decir las cifras, pero Rocha Moya le dijo que no las compartiera en ese momento.

Esperemos que a puerta cerrada, en las reuniones de seguridad, el Gobernador Rubén Rocha Moya sí reconozca y esté enterado sobre los asesinatos acumulados que arrastra la crisis de seguridad, porque sólo reconociéndoles se pueden diseñar estrategias para la no impunidad y la garantía de seguridad en el estado.

La escena de un grupo de mujeres buscando justicia para sus familiares desaparecidos, especialmente en un día tan simbólico como el aniversario de una desaparición, resalta una dolorosa realidad: el olvido institucional hacia las víctimas de la violencia y sus familias.

Su protesta frente al Palacio Municipal de Culiacán, con cuatro años de solicitudes ignoradas, refleja la indiferencia de las autoridades, incapaces de brindar siquiera la atención básica que las circunstancias exigen.

¿Qué clase de gobierno puede ignorar a quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos? No se trata sólo de un tema político; es un tema humano. Estas mujeres no están pidiendo algo extraordinario, sólo respuestas, sólo empatía, sólo cumplir con un mínimo de dignidad para ellas y sus familias. Y, sin embargo, ni el día simbólico del aniversario de uno de los desaparecidos pudo mover a nadie dentro del Palacio para salir a darles la cara.

Al marchar al Palacio de Gobierno, su mensaje fue claro: no se cansarán, porque no tienen el lujo de hacerlo. Y aunque sus gritos no obtuvieron respuestas, su presencia vuelve a evidenciar lo que parece una constante: un sistema que no sólo les da la espalda, sino que se atrinchera en su propia insensibilidad.

Las autoridades deben entender algo: no escuchar es no gobernar. Cada año que pasa sin respuestas, cada solicitud ignorada, cada puerta cerrada es una mancha que carga no sólo quien está en el cargo, sino la institución misma. Estas mujeres están haciendo su parte, alzando la voz por quienes no pueden hacerlo. ¿Cuándo hará el Gobierno la suya?

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