En medio de una pandemia, cuando todo el aparato gubernamental estaba tratando de contener el virus del Covid-19, el DIF de Sinaloa acordó con normalidad convenios para la compra de alimentos para el Programa de Desayunos Escolares Fríos.

El programa cuya logística de entrega está basada de manera histórica en distribuir en las escuelas y repartir directamente a los alumnos y padres de familia, pero a sabiendas de que esto no sería posible pues las escuelas estarían cerradas por la educación a distancia no hubo un “Plan B”.

El DIF Sinaloa gastó más de 182 millones de pesos en dos años, sin garantizar las entregas de los desayunos.

De no creerse que no existiera una sola persona que pensara de manera lógica que la distribución de los desayunos tenía que diseñarse y cumplirse obedeciendo la nueva normalidad obligada por el coronavirus, sin gastar ese dinero al aventón.

Tan increíble que no existiera un solo funcionario que parara tal salvajada... tal vez sí hubo alguien que se le ocurrió la distribución podría fallar por las condiciones de la pandemia, pero aún así se quedó callado para ejecutar tal fechoría de la compra millonaria aprovechando la distracción del virus que acechaba.

El resultado en Sinaloa de tal compra sin un plan de distracción fue que en algunas escuelas no llegaron los desayunos, en otras llegaban a veces, y en las que se logró que llegaran de manera regular los docentes y padres de familia tuvieron que asumir el papel que le tocaba a la autoridad para repartir los desayunos.

En entrevista Ernesto Hernández Norzagaray no descartó que lo que motivó la salida de Gabriela Peña Chico del DIF Municipal fueron las opiniones de Claudia Peña Chico, su hermana, sobre las luminarias que el Ayuntamiento de Mazatlán le compró a Azteca Lighting.

Si hay algo que ha demostrado “El Químico” es que o te alineas o te alineas, y aquello que no se puede alinear, como lo es un Regidor, pues trata de desquitarse a como puede. ¿Y cómo lo hizo? Pues destituyendo a la hermana de esta Regidora, que fue muy crítica sobre las luminarias que compró la Comuna por 400.8 millones de pesos.

Mediante un comunicado el Ayuntamiento de Mazatlán informó la separación de Gabriela Peña Chico de la paramunicipal, argumentando que no había ‘sostenido’ una relación con el actual Alcalde del Municipio, es decir, esa relación se acabó.

Ya ahondar en la vida privada de estos dos personajes, es algo que no haremos, pero de que ya tenían rato separados eso es algo que se sabía, entonces ¿por qué no se hizo su destitución antes? Es simple, porque la ex presidenta mantenía un perfil bajo, y la Comuna no quería agitar nada que no fuera necesario.

Pero todo cambió cuando el 17 de mayo Claudia Peña Chico, hizo pedazos al Comité de Adquisiciones y evidenció la poca profesionalidad con la que se realizó esta compra, al punto que sacó a relucir hasta en los horarios del acta, a lo que los abogados y el comité no tuvo más que admitirlos y decir ‘pues somos humanos’.

Esto demuestra que con “El Químico” no hay memoria, si le estorbas o lo molestas, te quita del camino, obvio, hablando políticamente, ya se quitó a varios funcionarios, ya se quitó a los pasistas con los que pudo llegar a ser Alcalde, y se quitará a quien pueda con tal de seguir haciendo lo que quiere en Mazatlán y sin que nadie diga nada, porque el que diga algo, ya quedó en claro, que hay consecuencias.

Tanto los choferes del transporte urbano como las autoridades que se encargan de este servicio esperan que se resuelva de manera pronta la tarifa de pasaje.

Ambas partes han considerado esto debido al alza de refacciones y combustibles, sin embargo, se sigue sin contemplar que esto también representa un incremento a los gastos diarios de los usuarios, quienes en su mayoría no suelen quedar satisfechos con este servicio.

Dependencias municipales como el IMJU han señalado que este servicio necesita modernizarse y ser más inclusivo; además el trabajo de muchos choferes deja que desear, no se paran donde se solicita, no detienen completamente la unidad cuando alguien baja, se detienen de manera brusca, saturan las unidades y algunos se bajan a comprar y tardan varios minutos.

Sólo se está valorando el aumentar la tarifa para cubrir gastos operativos pero no se piensa en cómo mejorar el servicio.

Urbanistas y especialistas, a Culiacán le urge no sólo modernizar, se debe evolucionar el transporte público, vemos difícil que el actual se pueda seguir sosteniendo y no solo por cuestiones públicas, sino por la postura de los involucrados que sólo piensan en mantener y cuidar su entrada de dinero.

Después del derrumbe de una zapatería en el centro de Culiacán fue tanta la urgencia que tuvo Estrada Ferreiro por cerrar los comercios que presentaban daños estructurales (dizque para evitar pérdidas humanas y materiales en un derrumbe) que mandó a Protección Civil e Inspección y Vigilancia a revisar los edificios antiguos del centro histórico y verificar que todos estuvieran en buenas condiciones.

El resultado de ese operativo fue que varios comercios fueron cerrados por daños estructurales y riesgo de derrumbe, pero luego de una manita de gato volvieron a abrir con todas las de la ley.

Caso distinto en las propiedades que están deshabitadas, porque ahí “no se ha podido hacer nada”.

Son seis inmuebles que fueron acordonados para prevenir del riesgo a los peatones, pero hasta ahí, desde hace más de siete meses siguen acordonados y ninguna autoridades se ha atrevido a intervenir, dicen que “no pueden derrumbar la construcción porque es propiedad privada”.

Pero acaso ¿no es facultad del gobierno mantener la seguridad de la población e intervenir en situaciones de riesgo?.

¿Tendremos los ciudadanos que esperar a que el tiempo haga lo suyo y se caigan solas esas casas y que Dios nos agarre confesados para que no haya ningún cristiano en el lugar y momento del derrumbe?.