La interacción entre los empresarios de Coparmex y la senadora electa Imelda Castro sobre la reforma al Poder Judicial es un claro ejemplo de la desconexión en el discurso político.

Los empresarios llegaron con inquietudes válidas sobre una reforma que podría impactar seriamente el funcionamiento del sistema judicial. Sin embargo, la respuesta de Castro fue que la reforma era necesaria y que no había habido oposición de magistrados ni jueces en los foros.

Plot twist, al día siguiente un grupo de cerca de 250 integrantes del Poder Judicial de la Federación se manifestó en contra de la reforma justo afuera del Palacio de Justicia de San Lázaro.

La respuesta refleja una falta de atención a las voces críticas y a las preocupaciones legítimas de quienes operan dentro del sistema.

La Senadora, al desestimar las manifestaciones en contra, parece preferir la narrativa simplista quesque porque un solo magistrado puede desechar una ley aprobada por el Congreso de la Unión.

Es cierto que México es un país con una justicia muy escasa y que la reforma en ese sentido es urgente y necesaria, pero sobra evidencia de que el problema no son solo los jueces sino las fiscalías y la dichosa reforma no las alcanza.

El “Festival Raspado Imala 2024” no contó con la participación esperada de los ciudadanos, siendo que esperaban la asistencia de mil 500 personas.

Este festival, siendo una actividad cultural, debería haber sido un espacio de encuentro y celebración para la comunidad.

Otro detalle curioso, fue ver a los funcionarios encargados de realizar el evento, como la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, la Directora de Turismo, la Secretaria de Bienestar, el Director de Cultura, el Instituto del Deporte y más, solos arriba del templete. Frente a ellos, las sillas vacías fueron un recordatorio de la inasistencia de la población.

¿Fue suficiente la promoción del evento?, ¿se eligió adecuadamente la fecha y el lugar?, ¿se consideraron los intereses y necesidades de la comunidad al diseñar el programa del festival?

Para futuras ediciones, sería útil realizar una evaluación detallada y preguntar a la comunidad para entender mejor sus expectativas y así poder ofrecer una experiencia más atractiva y relevante para todos.

La cultura es un pilar esencial en unión social y en la identidad de un pueblo, y es vital que eventos como el Festival Raspado Imala cuenten con el apoyo y la participación de los ciudadanos.

Más o menos desde el 2021, todavía con pandemia, se instaló un operativo de policías municipales permanente durante los fines de semana en la carretera que va de Navolato a Altata, uno de los principales destinos turísticos del centro del estado.

Los policías se supone que están para hacer revisiones al azar y con ello se inhiban conductas ilícitas de los conductores y pasajeros.

Pero prácticamente funciona como un retén que nada más está ahí para asaltar a quién pase, pues los policías recurren a varias tácticas de hostigamiento para que se les dé dinero, pues si tienes todo en regla amenazan con hacerte esperar para aplicarte el alcoholímetro, y hasta te dicen que si sales con un nivel anormal vas a la cárcel, y ahí te tienen esperando pero el alcoholímetro no llega y nada más es para ver si pega chicle y les sueltas algo.

Ya hartos te dejan ir, reteniendo a la gente sin ninguna justificación por varios minutos.

La cosa es que si llegan a encontrar algo pues la corrupción que les motiva les hace permitir que continúen su camino personas con faltas al bando, o vaya usted a saber con qué más encima.

Es increíble que esta banda de abusones continúe operando, y que el Ayuntamiento de Navolato ni siquiera haga el intento por hacer las cosas bien y garantizar la no violación de lo derechos humanos de la ciudadanía.

La verdad no tiene sentido que esta barrera de abusones se siga instalando, pues al no hacer su trabajo bien y conforme a derecho no se logra el objetivo que es salvaguardar la integridad de la población.

Hubo un tiempo en que algunos organismos operadores de agua de Sinaloa se destacaban por el nivel de eficiencia y cuyo modelo administrativo se ubicaba entre los mejores de México.

La de Culiacán, la de Mazatlán o la de Ahome eran una referencia por lo que podían lograr con una adecuada administración y eficiencia de los recursos que administraba.

Su eficiencia recaudatoria, además, tenía un impacto en la comunidad, con una eficiencia en la calidad de los servicios que ofrecían a los usuarios.

Y en la contraparte, ha habido en Sinaloa organismos que siempre han ido a la zaga y los problemas se han ido acumulando, volviéndolas inoperantes.

Pero seguramente ha notado que algo ha cambiado y hoy, las necesidades de las ciudades superan la capacidad que los organismos tienen para atenderlas.

Basta ver, por ejemplo, como en Culiacán la Junta de Agua Potable y Alcantarillado mantiene acciones constantes para garantizar el suministro del líquido en medio de una infraestructura que requiere de mantenimiento constante.

Basta ver, además, cómo en Mazatlán los problemas en la red de agua y alcantarillado brotan de un lado y de otro y cómo quejas de fallas en el servicio o de fuga, tardan en procesarse más de un mes, ampliando las deficiencias que se han ido acumulando.

O basta ver lo que ocurre en municipios como el de Escuinapa, donde la solvencia de la junta se vuelve cada vez más crítica y no ha tenido la capacidad técnica y financiera para garantizar un suministro de agua eficiente y solo asegura una alta probabilidad de que el servicio falle.

Habrá que revisar qué es lo que está fallando y cómo un servicio público, de primera necesidad, no está cumpliendo con el propósito y qué se necesita hacer para que la población, lo tenga garantizado.

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Malecón es columna institucional de esta casa editorial.

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