Como lo hemos dicho de manera insistente en este espacio, pero cuesta mucho creer cómo es posible que haya grupos armados que puedan realizar operaciones tan grandes como para atacar centros de rehabilitación al mismo tiempo y no sean ni siquiera detectados por los miles de militares y policías de todos los niveles.

Por si fuera poco, y después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya se aventó media hora de maromas en su conferencia de prensa antes de hablar sobre el caso, fue para explicar con muchos eufemismos una masacre lamentable.

Lo más grave ocurrió en el Fraccionamiento Colinas de San Miguel, a donde un grupo armado llegó y asesinó a nueve personas y dejó otras cinco heridas.

El testimonio de algunos de los sobrevivientes es desgarrador, porque van de los recuerdos a la última vez que cenaron juntos, al ruido, la fragilidad humana ante las armas de fuego, los gritos amenazas y la suerte de un rifle que se atascó.

Y pese a los cientos de millones de pesos que han invertido los gobiernos de Sinaloa en cámaras de videovigilancia, en capacitación de policías, equipamiento, transporte, en tener un sistema de emergencia para atender, pues no existen ni siquiera evidencia de intento de que las autoridades vayan por los criminales después de recibir los reportes.

Por si la noticia de la masacre, ocurrido por la madrugada, no fuera lo suficientemente brutal, cualquiera pensaría que las autoridades reforzarían los otros centros de resguardo o por lo menos activarían un protocolo preventivo. Pero no. Cuando se le preguntó al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil por qué no se anticiparon al segundo atentado, su respuesta fue casi poética: ocurrió justo mientras estábamos reunidos en la mesa de seguridad. Claro, porque nada espanta más al crimen organizado que una buena reunión matutina con café, galletas y promesas de patrullajes.

La coordinación por cuadrantes, según explicó, ya estaba en proceso. Pero mientras se organizaban las hojas de Excel y los turnos para los recorridos, civiles armados tomaron el control de otro centro de rehabilitación al otro lado de la ciudad.

Si la violencia esperara trámites administrativos, otro gallo cantaría.

Pero esto no es un desliz, es una muestra de cómo opera el sistema: se reacciona después, se justifica durante y se promete que “ahora sí estaremos atentos” al final.

La mesa de seguridad no evitó el segundo ataque porque, simplemente, la seguridad real no se ejecuta en juntas: se construye con presencia, estrategia y voluntad política.

Y en este caso, lo único que se movió más rápido que los agresores... fue el discurso para decir que “nadie salió herido”.

La poca disposición del Gobierno de Sinaloa para hablar abiertamente de hechos de seguridad de alto impacto ya dejó de ser un mal chiste, pues poco a poco se han ido adoptando prácticas de hostilidad hacia la transparencia que atentan contra prácticas democráticas, o sea Morena convirtiéndose en el PRI una vez más.

Ahora al Gobernador Rubén Rocha Moya le tomó más de 50 minutos hablar sobre una masacre en un centro de rehabilitación que dejó 9 muertos, pues dedicó la primer parte de su conferencia de prensa La Semanera a hablar de su agenda de los últimos días como si eso fuera más relevante en este momento.

La masacre en el centro de rehabilitación no es una consecuencia de la crisis de seguridad, más bien es efecto de un estado que estuvo rebasado desde el día uno y que ha permitido la impunidad ante asesinatos, al grado que ya los criminales llegan y asesinan sin temor a ser detenidos.

Lo peor es que no era lo único de lo que había para hablar en La Semanera.

La tarde-noche se reportó un enfrentamiento entre civiles en Tachinolpa, en la sindicatura de Imala; luego en Loma de Rodriguefa hubo bloqueos con cinco camiones de basura, incluso uno incendiado; también reportaron ponchallantas en alguna zonas y presencia de militares destruyendo videocámaras al sur de la ciudad.

Y la práctica del Gobierno de Sinaloa de desligarse en el discurso de estos hechos es muestra de que los funcionarios prefieren la burbuja, sin medir la magnitud de los delitos que dejan cada vez más herida a la sociedad.

Ni en discurso ni en actos se ha condenado de manera enérgica la crisis de seguridad, y es hora que el Gobernador y su gente entienda la importancia de sus puestos y sus discursos y comience a trabajar, pues al Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, y a la Fiscal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, se les empieza a ver grande el puesto.

Pues por primera vez desde hace tiempo que vemos qué en el Partido Revolucionario Institucional se ponen serios y por fin anunciaron algo que vale la pena, y es que informaron acciones para fortalecer su estructura con miras al proceso electoral del 2027.

César Emiliano Gerardo Lugo, el nuevo dirigente estatal del partido, señaló que iniciarán una gira por el estado para dialogar con militantes y emprender un proceso de afiliación.

Al momento han comenzado a programar las visitas a los comités locales y también de una vez han anunciado que sí están dispuestos a formar alianzas entre partidos políticos.

También dejó ver que ya ha intercambiado algunos comentarios con los dirigentes de los partidos Acción Nacional, Sinaloense y Movimiento Ciudadano.

“El PRI debemos estar abiertos totalmente a las alianzas, es decir, siempre he sido una figura que ha trabajado de la mano con diferentes partidos políticos, incluso, cuando no hay alianza de manera oficial”, dijo.

Recalcó que desde antes ya trabajaba con los comités del PAN, con el PRD que todavía estaba activo, y el comité de PAS.

Otro tema que seguramente llamará la atención es que desde el tricolor han abierto su afiliación a ex militantes de Morena o sus aliados de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo. A ver si ya les cae el 20 de que llevan más de una década en la lona, o van a terminar como la vieja izquierda del PRD: sin registro y sin presupuesto.