La Auditora Superior de Sinaloa, Emma Guadalupe Félix Rivera, ha reiterado que las investigaciones sobre la UAS continuarán, pese a los recientes acuerdos que permitieron el regreso de Jesús Madueña a la Rectoría.
Esto incluye la revisión de las cuentas públicas de 2019 y 2020, así como presuntas designaciones administrativas ilegales. Este contexto fiscalizador se ve aún más interesante tras la decisión del Consejo Universitario de la UAS de aceptar la Ley Orgánica promulgada en octubre, que busca democratizar las decisiones internas y el proceso de elección del personal administrativo.
Esta apertura ¿marca un cambio significativo en la postura de la UAS, que durante meses defendió férreamente la autonomía como argumento para rechazar tanto la Ley Orgánica como las auditorías estatales?
Si antes la autonomía era vista como un escudo para proteger la independencia de la universidad frente a posibles injerencias políticas, ¿qué implicaciones tendrá ahora que se acepta un marco que promueve elecciones abiertas y participación más amplia?
Por un lado, esta democratización podría representar un avance en la transparencia y la rendición de cuentas, lo que, en teoría, fortalecería a la Universidad como institución pública.
La comunidad universitaria tendrá la oportunidad de ser más activa en la selección de sus representantes y administradores, rompiendo con estructuras rígidas que podían favorecer decisiones unilaterales o de grupos de poder interno.
Por otro lado, surgen preguntas sobre cómo se equilibrará esta apertura con el argumento previo de autonomía, especialmente frente a la presión de instancias externas como la ASE.
Si la UAS ahora permite la participación democrática en su administración, ¿hasta qué punto podrá mantener el control sobre su autogestión sin que ello implique nuevas tensiones con el gobierno estatal?
El éxito dependerá de si la UAS logra implementar los cambios de manera auténtica, preservando su independencia académica mientras cumple con su responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad.
muchas dudas
La semana pasada el Gobierno de Sinaloa anunció una dispersión de recursos extraordinaria para beneficiar a los pescadores asociados a cooperativas de camarón.
No se explicó cuánto dinero van a repartir por socio o por cooperativa, tampoco cuándo se entregaría el dinero, pero sí se presentó el programa como la gran salvación para el sector pesquero.
Los recursos serán para que las cooperativas le hagan frente a deudas, o a compromisos que son difíciles de solventar ante la carencia de recursos por las malas ventas y la mala pesca. La cosa es que nada garantiza que las cooperativas van a hacer un ejercicio de ese recurso transparente y a beneficio de todos los socios, y el Gobierno de Sinaloa nada más se lavan las manos pues no se auditará que los recursos sean bien utilizados.
Todos los años y en todas las administraciones el sector pesquero es olvidado, pues las gestiones y recursos van enfocados al sector agrícola y al ganadero en Sinaloa, y el trato de las autoridades estatales a todas las ramas del sector primario no es equitativo.
Y por más que diga el Gobernador Rubén Rocha Moya que en Sinaloa se otorga un Bienpesca estatal, esto no es suficiente pues a duras penas alcanza para reparar artes de pesca.
Más allá de dispersar asistencialismos sociales, el Gobernador debe de enfocarse en un comercio digno para los productos del mar, en ser más serio con las cooperativas y poner límites a aquellos empresarios que quieren llenarse los bolsillos a costa del trabajo de los pescadores.
De nada sirven unos pesos para que las cooperativas paguen deudas, cuando el camarón cuesta 50 pesos, y el oficio cada año lucha más por sobrevivir.
La noticia de la reaprehensión de Dámaso López Serrano en los Estados Unidos, presuntamente acusado de mantener negocios de narcotráfico desde México, provocó muchos sentimientos y actitudes en Sinaloa.
Porque quien se supone que estaba en el programa de testigos colaboradores en el vecino país del norte por aportar datos contra otras organizaciones criminales, también es acusado de ordenar el asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas.
La primera reacción de muchos de nosotros fue la incredulidad, por la situación con el supuesto programa en el que se encontraba pero también porque que nadie ofreció ninguna evidencia de la captura hasta que la Presidenta lo confirmó.
La de la familia de Valdez Cárdenas, por su parte, fue también de una falta de garantía, sobre todo porque las autoridades en México, y menos la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, estaban enterados del hecho.
Sin embargo, también les provocó una esperanza de que con estas nuevas condiciones, en la que López Serrano habría violado su trato inicial, pueda dar pie al proceso de extradición para que en México sí pueda ser juzgado por el homicidio del periodista.
Sobre el hecho ya hubo reacciones, como de la propia Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y sorprendentemente de quien no tuvimos una fue del Gobernador Rubén Rocha Moya, quien se ha dicho conocía bien a Javier.
A Rocha Moya se le abordó en un acto público este domingo para cuestionarle sobre el arresto de López Serrano, ocurrido la semana pasada en Estados Unidos, y Gobernador dijo: “No, nada, no tengo opinión al respecto”.
Curiosamente, aunque López Serrano fue detenido en Estados Unidos en 2017, por delitos relacionados al tráfico de drogas, luego permaneció en libertad condicional y al final se convirtió en testigo colaborador, Rocha Moya pidió públicamente, en 2022 y 2023 su extradición para que enfrentara el proceso penal por el asesinato de Valdez Cárdenas.
Ahora, insistimos, sorprende que no fijara postura.
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La Auditora Superior de Sinaloa, Emma Guadalupe Félix Rivera, ha reiterado que las investigaciones sobre la UAS continuarán, pese a los recientes acuerdos que permitieron el regreso de Jesús Madueña a la Rectoría.
Esto incluye la revisión de las cuentas públicas de 2019 y 2020, así como presuntas designaciones administrativas ilegales. Este contexto fiscalizador se ve aún más interesante tras la decisión del Consejo Universitario de la UAS de aceptar la Ley Orgánica promulgada en octubre, que busca democratizar las decisiones internas y el proceso de elección del personal administrativo.
Esta apertura ¿marca un cambio significativo en la postura de la UAS, que durante meses defendió férreamente la autonomía como argumento para rechazar tanto la Ley Orgánica como las auditorías estatales?
Si antes la autonomía era vista como un escudo para proteger la independencia de la universidad frente a posibles injerencias políticas, ¿qué implicaciones tendrá ahora que se acepta un marco que promueve elecciones abiertas y participación más amplia?
Por un lado, esta democratización podría representar un avance en la transparencia y la rendición de cuentas, lo que, en teoría, fortalecería a la Universidad como institución pública.
La comunidad universitaria tendrá la oportunidad de ser más activa en la selección de sus representantes y administradores, rompiendo con estructuras rígidas que podían favorecer decisiones unilaterales o de grupos de poder interno.
Por otro lado, surgen preguntas sobre cómo se equilibrará esta apertura con el argumento previo de autonomía, especialmente frente a la presión de instancias externas como la ASE.
Si la UAS ahora permite la participación democrática en su administración, ¿hasta qué punto podrá mantener el control sobre su autogestión sin que ello implique nuevas tensiones con el gobierno estatal?
El éxito dependerá de si la UAS logra implementar los cambios de manera auténtica, preservando su independencia académica mientras cumple con su responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad.
La semana pasada el Gobierno de Sinaloa anunció una dispersión de recursos extraordinaria para beneficiar a los pescadores asociados a cooperativas de camarón.
No se explicó cuánto dinero van a repartir por socio o por cooperativa, tampoco cuándo se entregaría el dinero, pero sí se presentó el programa como la gran salvación para el sector pesquero.
Los recursos serán para que las cooperativas le hagan frente a deudas, o a compromisos que son difíciles de solventar ante la carencia de recursos por las malas ventas y la mala pesca. La cosa es que nada garantiza que las cooperativas van a hacer un ejercicio de ese recurso transparente y a beneficio de todos los socios, y el Gobierno de Sinaloa nada más se lavan las manos pues no se auditará que los recursos sean bien utilizados.
Todos los años y en todas las administraciones el sector pesquero es olvidado, pues las gestiones y recursos van enfocados al sector agrícola y al ganadero en Sinaloa, y el trato de las autoridades estatales a todas las ramas del sector primario no es equitativo.
Y por más que diga el Gobernador Rubén Rocha Moya que en Sinaloa se otorga un Bienpesca estatal, esto no es suficiente pues a duras penas alcanza para reparar artes de pesca.
Más allá de dispersar asistencialismos sociales, el Gobernador debe de enfocarse en un comercio digno para los productos del mar, en ser más serio con las cooperativas y poner límites a aquellos empresarios que quieren llenarse los bolsillos a costa del trabajo de los pescadores.
De nada sirven unos pesos para que las cooperativas paguen deudas, cuando el camarón cuesta 50 pesos, y el oficio cada año lucha más por sobrevivir.
La noticia de la reaprehensión de Dámaso López Serrano en los Estados Unidos, presuntamente acusado de mantener negocios de narcotráfico desde México, provocó muchos sentimientos y actitudes en Sinaloa.
Porque quien se supone que estaba en el programa de testigos colaboradores en el vecino país del norte por aportar datos contra otras organizaciones criminales, también es acusado de ordenar el asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas.
La primera reacción de muchos de nosotros fue la incredulidad, por la situación con el supuesto programa en el que se encontraba pero también porque que nadie ofreció ninguna evidencia de la captura hasta que la Presidenta lo confirmó.
La de la familia de Valdez Cárdenas, por su parte, fue también de una falta de garantía, sobre todo porque las autoridades en México, y menos la Fiscalia Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, estaban enterados del hecho.
Sin embargo, también les provocó una esperanza de que con estas nuevas condiciones, en la que López Serrano habría violado su trato inicial, pueda dar pie al proceso de extradición para que en México sí pueda ser juzgado por el homicidio del periodista.
Sobre el hecho ya hubo reacciones, como de la propia Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y sorprendentemente de quien no tuvimos una fue del Gobernador Rubén Rocha Moya, quien se ha dicho conocía bien a Javier.
A Rocha Moya se le abordó en un acto público este domingo para cuestionarle sobre el arresto de López Serrano, ocurrido la semana pasada en Estados Unidos, y Gobernador dijo: “No, nada, no tengo opinión al respecto”.
Curiosamente, aunque López Serrano fue detenido en Estados Unidos en 2017, por delitos relacionados al tráfico de drogas, luego permaneció en libertad condicional y al final se convirtió en testigo colaborador, Rocha Moya pidió públicamente, en 2022 y 2023 su extradición para que enfrentara el proceso penal por el asesinato de Valdez Cárdenas.
Ahora, insistimos, sorprende que no fijara postura.
