Bien dicen que en la política nada es casualidad, y el Congreso del Estado nos lo demostró una vez más con su orden del día de este 2 de julio, en el que dejaron ver que no será por falta de voluntad que la 64 Legislatura se quede sin intentar reformar la Ley Orgánica de la UAS.

Porque sí, el viernes pasado parecía alejarse la posibilidad de una reforma próxima a ese documento que tienen empolvado y encadenado en Rectoría, pero al parecer las y los diputados se fijaron como propósito de Año Nuevo conseguir esa reforma, a como dé lugar.

Y como ese tipo de decisiones se toman en la Jucopo, ya nos imaginamos a su Presidente Feliciano Castro Meléndrez, consultando con el Director Jurídico qué tan factible es conseguir reformar a la UAS, y lo arengó con un grito alegre de ¡Claro que se puede!”

Porque hemos de decir que, con esta situación del amparo que obtuvo la universidad contra la Ley General de Educación Superior y el desistimiento del Poder Legislativo, lo último que imaginábamos era que en la siguiente sesión ordinaria meterían al pleno hasta 18 iniciativas de reforma.

Y espérese, porque programaron una sesión extraordinaria para hoy, y ahí darán lectura a otra decena y media de propuestas, que a decir verdad, la mayoría son de personal docente y hasta algunos alumnos de la institución.

No nos queda duda que estos tres meses que quedan de Legislatura estarán repletos de períodos extraordinarios de sesiones, protestas y denuncias de pasistas, y quién sabe si la cosa pueda escalar a otra toma de las instalaciones legislativas a cargo de los uaseños, como aquella que hicieron para boicotear el Segundo Informe de Labores del Gobernador.

Definitivamente será interesante ver cómo es que el Congreso local consigue reformar la Ley Orgánica de la UAS, teniendo que lidiar con el pequeño gran problema que tienen con ese amparo concedido por un juez de distrito.

Tendrá que ser quirúrgica y casi perfecta la gestión del Legislativo en estos meses, si realmente quiere despedirse con la gran hazaña que desde hace dos años se plantearon.

Esto lo decimos porque del lado uaseño, será el sereno, pero Milton “El Agripino”Ayala, “Robaspierre” Lizárraga, el mayor fan de las Ha-Ash, Yamir Valdez, el ausente Ramón Bonilla y demás pasantes titulados de Derecho que traen, si algo saben es malinterpretar la ley a su conveniencia y entorpecer los procesos.

Y para poner más sabroso el asunto, pareciera tanto por las declaraciones como por el semblante de los diputados, que ya les sacaron el tapón con tanta marrullería legal, y harán uso hasta de la última gota de poder que dispongan para poner en el Periódico Oficial del Estado una reforma a la Ley Orgánica de la UAS.

El que se despertó el martes y se puso de malas fue el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, quien en un acercamiento con la prensa hizo evidente su actitud y falta de educación.

Y es que a una pregunta sobre un recurso millonario que llegó para el estado, para programas de salud, el titular de salud muy refunfuñón dijo que no sabía de qué se le estaba hablando.

El documento de la ministración de estos recursos fue publicado en el Periódico Oficial del Estado la semana pasada, con la firma del Secretario como representante del estado para recibir el dinero, y ahora resulta que no se acuerda ni qué firmó.

Pues si es cierto de que no se acuerda de este documento es muy alarmante que el Secretario no recuerde lo que firma, y si es mentira qué alarmante que se anime a tratar de esta forma a la prensa.

A lo mejor no le pareció que el Gobernador Rubén Rocha Moya le pidiera estar presente antes de las 06:00 en un evento de IMSS Bienestar, y tal vez le hacía falta sueño.

Pero ojo, que este no es el primer antecedente de la falta de disposición del Secretario para la prensa, suman varias ocasiones donde se porta muy por debajo de lo que se espera de un funcionario estatal.

Y si algo le faltaba a la inseguridad que se registra en Sinaloa, fue un hecho por demás extraño en el sentido de que no se había presentado algo similar.

En Escuinapa, elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República rescataron de un finca a 29 adultos y dos menores, la mayoría de ellos indocumentados, que se encontraban secuestrados.

Como en otros casos donde no ha habido informes oficiales, de la misma manera las autoridades federales no han presentado un reporte de lo ocurrido. Se ha sabido de ello por lo que han reportado un medio informativo nacional.

Y lo que resalta es que este tipo de delitos se han conocido en México, principalmente en las llamadas rutas de los migrantes, que cruzan el País intentando llegar a la frontera. Y pues sí, mientras hay algunos que se arriesgan y lo hacen montados a través de los trenes, hay quienes confían sus recursos para pagar porque los lleven a los límites con Estados Unidos. Y en esas operaciones es cuando se han presentado los registros.

Se ha sabido de casos de migrantes abandonados en cajas de tráileres, otros retenidos en bodegas y también abandonados, a veces en grandes cantidades y otras en grupos reducidos, pero se habían estado presentando en otras regiones de cruce tradicional de migrantes.

Y pues ese fenómeno llegó a Sinaloa, o al menos es el primero que se documenta en el que las autoridades federales intervienen y rescatan a las víctimas. Esperamos a ver qué dicen los informes oficiales, cuando lo lleguen a dar a conocer.

Pues llegó el cuarto auto de vinculación a proceso clara el Rector separado del cargo Jesús Madueña Molina y tercero para los miembros del Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa que según la Fiscalía General del Estado avalaron transacciones sin procedimiento legal para contratar a una empresa y pagarle 20 millones de pesos por concepto de mantenimiento.

Y aunque todos sabíamos lo que iba a pasar hoy, lo que no sabíamos tanto tanto es que los abogados defensores de la UAS siguieran con la misma cantaleta de que el dinero utilizado para estos contratos son recursos públicos del orden federal.

Resulta que así es, para hacernos perder el tiempo a todo el mundo y alargar la audiencia a más de ocho horas, Milton Ayala Vega se aventó un buen rato explicando que los recursos para estos gastos eran federales, por lo que la Fiscalía General del Estado y el juez de control en este Centro de Justicia, o sea del fuero común, no eran competentes para llevar el caso, pues en su lógica tendría que ser un juez federal.

Aferrados, como ellos mismos, que no son funcionarios estatales porque no manejan recursos locales y que la UAS no es una paraestatal.

Lo chistoso es que casi todos los días no pierden la oportunidad de decir que ganaron un amparo contra las vinculaciones a proceso, justo en la misma sentencia que un juez federal ya les dijo que no importa el origen del dinero, sino que sean funcionarios manoseando dinero público del orden que sea y que la UAS si es un ente paraestatal, porque recibe dinero público y es de Sinaloa.

Ahora, durante la audiencia de ayer criticaron con vehemencia que el monto de 20 millones de pesos que señaló la Fiscalía corresponde a las facturas emitidas por la empresa, pero no todas están pagadas y que muchas las canceló, algo muy parecido a lo ocurrido por el tema de las tortillas, sospechosamente canceladas después de que inició el proceso judicial por el tema y que se dieron detalles de los proveedores.

Sin duda que los funcionarios de la UAS, como les hemos dicho, si quieren cosas diferentes, deberían contratar a abogados diferentes.

Estos nada más son buenos para la trácala y el trinquete, para alargar procesos y portarse como vecino conflictivo y grosero cuando no le salen las cosas como ellos querían.

Abogados de verdad, pero que esos sí les van a costar una feria.

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Malecón es columna institucional de esta casa editorial.

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