Dejando de lado que quizá la dirigente estatal del PAN, Roxana Rubio Valdez, no sea la más adecuada para hablar sobre la tarifa del transporte público, como cualquier ciudadano tiene su derecho a opinar y es respetable.

No queremos ser prejuiciosos, pero intuimos que los carros en los que llegan los panistas al Comité Directivo Estatal son más cómodos que un Bachigualato o Barrio-Pemex a las 7 de la mañana.

En fin, Roxana Rubio ayer comentó un par de cosas que son ciertamente atinadas en torno a este tema: que para subir el precio debe mejorarse la calidad, pero el gobierno también debe hacerse cargo, en cierta medida, de este tema, pues no deja de ser un servicio público.

Porque sí, los camiones tienen dueños que son particulares, pero la movilidad en el estado debe ser algo que el gobierno garantice, o al menos ponga las condiciones adecuadas para la movilidad vial, en este caso a través de autobuses.

Los últimos años, entre que el precio del maíz, que si los pescadores, tema de vivienda, etcétera, como que al Poder Ejecutivo se le olvida que una parte importante de la población requiere de mínimo un camión para vivir su vida cotidiana.

Por otro lado, es respetable que los concesionarios quieran certeza para sacar beneficio de su negocio, es hasta cierto punto válido, porque le están entrando a una chamba de la cual tendría que encargarse el Estado, pero tampoco deben pasarse de listos.

Primero comentar el asunto de los operadores de camiones, quienes tienen esa gran habilidad de conducir horas y horas llevando siempre al límites las leyes de vialidad, y hasta las de la física.

Lo siguiente sería hablar de la desagradable experiencia que llega a ser abordar un camión urbano, con la música a volúmenes que rozan lo inhumano, y luces led que bien podrían generar problemas de migraña.

Vaya, no es una locura decir que el transporte público es el antro más barato de todo Sinaloa.

O de plano, súbanse a cualquier 10 de Abril o UAdeO para que vean de qué lado masca la iguana.

Aunado a eso, resulta surrealista que en pleno 2024, en un estado tan caluroso como Sinaloa, sigan circulando camiones sin aire acondicionado en pleno mediodía con 45 grados a la sombra. Otra vez, súbanse a un 10 de Abril o a un UAdeO.

La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa dice que va a revisar si es necesaria la intervención en el canal lateral 18, en Los Mochis, tras recientes accidentes mortales.

La ciudadanía ha pedido alumbrado público, y el titular de Obras, Joaquín Landeros Güicho, dice que ese tipo de intervenciones deben de realizarse con un estudio de por medio.

Mira tú, qué precisos. Resulta que hace unos meses el mismo funcionario de Obras Públicas admitió que las obras públicas que se realizan bajo el plan de obras 2024-2025 tienden a subir de precio porque se topan con condiciones que no esperan al momento de ejecutar, o sea, no estudian el suelo ni el entorno donde van a construir.

Ahora sí cuando nada más es poner alumbrado sí hay que hacer un estudio.

Y a esta premisa el Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, le suma que “no hay que culpar al canal”, pues no, el canal no es el culpable de los accidentes, pero sí pueden serlo las autoridades que no garantizan una infraestructura vial digna y segura.

Es cierto que debe existir una cultura de autocuidado y de prevención por parte de la ciudadanía en todos los entornos, pero simplemente se ven mal al mendigar presupuesto que ya tienen o al culpar a las víctimas.

El día previo a la presentación del informe de paz de julio en Culiacán, se reportó un trágico episodio de violencia que subraya las dificultades persistentes en la región.

En tres hechos distintos, se reportó el homicidio de seis personas, un recordatorio de la realidad que enfrenta la comunidad a pesar de los esfuerzos por alcanzar un entorno más seguro.

Este incidente no solo desafía las expectativas de mejora reflejadas en el informe, sino que también pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar la violencia desde una perspectiva más integral.

La violencia en Culiacán ha sido un problema persistente, y aunque los informes y las iniciativas de paz son pasos importantes hacia la estabilidad, estos hechos subrayan que aún queda mucho por hacer.

Y para agregar más a la crisis, Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública recalcó que la aspiración a una mayor armonía en Sinaloa está íntimamente ligada a la justicia, pero esta se ha visto socavada por el sistema judicial ineficiente porque no podemos aspirar a tener un estado más tranquilo si no tenemos los casos resueltos ni sanciones otorgadas a criminales.