del préstamo
El Gobierno de Sinaloa ya comienza a gastar el préstamo que le tomará a los sinaloenses pagar durante 20 años, con el contrato de 54 obras públicas para reactivar la economía del estado.
El préstamo, aprobado este mes, fue pedido por la administración estatal actual para tapar el déficit presupuestario que dejó la multa que impuso el SAT a la administración estatal anterior, por aplicar de manera irregular algunas auditorías.
Pues bien, en este préstamo de poco más de mil 600 millones de pesos ya fueron comprometidos en su totalidad para 54 obras públicas, y todavía faltan 8 obras más que costarán más de 500 millones de pesos.
Corresponde ahora a la sociedad civil, a la oposición y a los entes encargados de vigilar la aplicación de recursos públicos, el correcto funcionamiento de estas licitaciones y posteriormente de las construcciones, pues ya tiene un antecedente precisamente la actual administración estatal de gastar de más de lo que originalmente se pacta en los contratos bajo pretextos de incrementos de última hora.
La prisa del Gobierno de Sinaloa para tanta obra pública este 2025 tiene como argumento inyectar dinero público a la maltrecha economía sinaloense afectada por la crisis en el campo y la violencia, a la larga se sabrá si sirvió para ese fin.
El desplazamiento forzado de 30 a 35 familias de la comunidad de Tomo, Imala, tras un enfrentamiento armado, es uno de los ejemplos más crudos sobre la grave situación de inseguridad que afecta a las zonas rurales de Sinaloa.
En medio de este panorama, la respuesta de las autoridades ha sido tan tardía como inadecuada, dejando a los ciudadanos vulnerables en un limbo de incertidumbre y desprotección.
El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó el desplazamiento el pasado 22 de marzo, en una declaración que llegó días después de que los hechos ocurrieran y por cuestionamientos de la prensa, no por voluntad propia, en medio de entregas de calles prometidas en su campaña.
Mientras que días antes de que el Alcalde confirmara oficialmente el desplazamiento, la Fiscalía General de Sinaloa, a través de su titular, afirmó que no tenían información sobre las personas desplazadas.
El silencio institucional, el desdén por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos solo aumenta la desconfianza de la población. Mientras se mueven las piezas del tablero político, las comunidades en zonas de conflicto huyen de un sistema incapaz de ofrecer protección inmediata, de la falta de coordinación entre las autoridades y la tardía reacción ante los hechos.
Mientras se dilatan las respuestas, la violencia sigue desplazando a las familias, dejando al descubierto una estructura que no responde a las urgencias de quienes más lo necesitan.
Los que no se arrodillan ni viendo la tempestad, es la raza que puede y debe hacer cosas debido a la crisis de violencia por la que atraviesa Sinaloa.
Y es que la frase cabe debido a que las autoridades de seguridad municipales, estatales y federales se siguen demorando en implementar mecanismos que protejan a los elementos policiales, criticó el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, Francisco Javier Villarreal Gastélum.
Este fin de semana, como hemos informado, se han perpetrado nuevos ataques contra agentes de diferentes corporaciones y de lo que las mismas autoridades señalaron que la medida de protección para los agentes más inmediata a tomar era que se llevaran las armas de cargo a sus casas, y pues esto no se ha autorizado.
De hecho, le preguntamos al Gobernador Rubén Rocha Moya por ese tema el sábado y decidió ignorarnos y hacernos la misma mala cara qué cuando hace semanas le preguntamos sobre lo que el Estado aporta para proteger a la zona rural de Elota, que dicho sea de paso, ayer tuvo otro brote importante de violencia.
Hasta el momento van 23 policías estatales, municipales y tránsitos asesinados, además de otros tres agentes de la Fiscalía General del Estado y uno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
El abogado recalcó que si buscan mecanismos para proteger a los policías de Sinaloa obviamente debe ser que aporten su arma de fuego, ya sea la de cargo o una que la misma corporación les proporcione.
También es importante que tengan una especie de condición especial, como el hecho de portarla con la mayor decencia posible, que única y exclusivamente sea para su propia seguridad.
Y aunque el pasado 13 de marzo, el subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Humberto Zerón Martínez, dijo que dado que la ley no permite que elementos policiales porten armas fuera de su horario laboral, buscarían alternativas para garantizar la seguridad personal de los agentes.
El gran problema con este tema es que mientras más se tarden, las malas noticias siguen llegando y no se ve cómo vaya a parar.
Coincidiremos con el abogado Villarreal Gastélum que algo tienen que hacer las corporaciones de los tres niveles, como por lo menos girar un oficio para hacer una excepción a la regla o de plano buscar otra alternativa, porque es lógico que urge o seguiremos contando policías asesinados.
del préstamo
El Gobierno de Sinaloa ya comienza a gastar el préstamo que le tomará a los sinaloenses pagar durante 20 años, con el contrato de 54 obras públicas para reactivar la economía del estado.
El préstamo, aprobado este mes, fue pedido por la administración estatal actual para tapar el déficit presupuestario que dejó la multa que impuso el SAT a la administración estatal anterior, por aplicar de manera irregular algunas auditorías.
Pues bien, en este préstamo de poco más de mil 600 millones de pesos ya fueron comprometidos en su totalidad para 54 obras públicas, y todavía faltan 8 obras más que costarán más de 500 millones de pesos.
Corresponde ahora a la sociedad civil, a la oposición y a los entes encargados de vigilar la aplicación de recursos públicos, el correcto funcionamiento de estas licitaciones y posteriormente de las construcciones, pues ya tiene un antecedente precisamente la actual administración estatal de gastar de más de lo que originalmente se pacta en los contratos bajo pretextos de incrementos de última hora.
La prisa del Gobierno de Sinaloa para tanta obra pública este 2025 tiene como argumento inyectar dinero público a la maltrecha economía sinaloense afectada por la crisis en el campo y la violencia, a la larga se sabrá si sirvió para ese fin.
El desplazamiento forzado de 30 a 35 familias de la comunidad de Tomo, Imala, tras un enfrentamiento armado, es uno de los ejemplos más crudos sobre la grave situación de inseguridad que afecta a las zonas rurales de Sinaloa.
En medio de este panorama, la respuesta de las autoridades ha sido tan tardía como inadecuada, dejando a los ciudadanos vulnerables en un limbo de incertidumbre y desprotección.
El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó el desplazamiento el pasado 22 de marzo, en una declaración que llegó días después de que los hechos ocurrieran y por cuestionamientos de la prensa, no por voluntad propia, en medio de entregas de calles prometidas en su campaña.
Mientras que días antes de que el Alcalde confirmara oficialmente el desplazamiento, la Fiscalía General de Sinaloa, a través de su titular, afirmó que no tenían información sobre las personas desplazadas.
El silencio institucional, el desdén por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos solo aumenta la desconfianza de la población. Mientras se mueven las piezas del tablero político, las comunidades en zonas de conflicto huyen de un sistema incapaz de ofrecer protección inmediata, de la falta de coordinación entre las autoridades y la tardía reacción ante los hechos.
Mientras se dilatan las respuestas, la violencia sigue desplazando a las familias, dejando al descubierto una estructura que no responde a las urgencias de quienes más lo necesitan.
Los que no se arrodillan ni viendo la tempestad, es la raza que puede y debe hacer cosas debido a la crisis de violencia por la que atraviesa Sinaloa.
Y es que la frase cabe debido a que las autoridades de seguridad municipales, estatales y federales se siguen demorando en implementar mecanismos que protejan a los elementos policiales, criticó el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, Francisco Javier Villarreal Gastélum.
Este fin de semana, como hemos informado, se han perpetrado nuevos ataques contra agentes de diferentes corporaciones y de lo que las mismas autoridades señalaron que la medida de protección para los agentes más inmediata a tomar era que se llevaran las armas de cargo a sus casas, y pues esto no se ha autorizado.
De hecho, le preguntamos al Gobernador Rubén Rocha Moya por ese tema el sábado y decidió ignorarnos y hacernos la misma mala cara qué cuando hace semanas le preguntamos sobre lo que el Estado aporta para proteger a la zona rural de Elota, que dicho sea de paso, ayer tuvo otro brote importante de violencia.
Hasta el momento van 23 policías estatales, municipales y tránsitos asesinados, además de otros tres agentes de la Fiscalía General del Estado y uno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
El abogado recalcó que si buscan mecanismos para proteger a los policías de Sinaloa obviamente debe ser que aporten su arma de fuego, ya sea la de cargo o una que la misma corporación les proporcione.
También es importante que tengan una especie de condición especial, como el hecho de portarla con la mayor decencia posible, que única y exclusivamente sea para su propia seguridad.
Y aunque el pasado 13 de marzo, el subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Humberto Zerón Martínez, dijo que dado que la ley no permite que elementos policiales porten armas fuera de su horario laboral, buscarían alternativas para garantizar la seguridad personal de los agentes.
El gran problema con este tema es que mientras más se tarden, las malas noticias siguen llegando y no se ve cómo vaya a parar.
Coincidiremos con el abogado Villarreal Gastélum que algo tienen que hacer las corporaciones de los tres niveles, como por lo menos girar un oficio para hacer una excepción a la regla o de plano buscar otra alternativa, porque es lógico que urge o seguiremos contando policías asesinados.
