Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán, pidió 10 días de vacaciones para desestresarse un poco.

Otra vez, le entrará al quite su leal Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, quien ya no sabemos si realmente lo quieren como Secretario del Municipio, o como un comodín para estas situaciones.

Aunque será un periodo relativamente corto y todo mundo merece vacaciones, esperemos que la ausencia de Gámez no signifique otra vez el paro total del Ayuntamiento de Culiacán, y menos con lo movidos que han estado estos días, sobre todo en materia de seguridad.

Solo basta recordar que hace un par de días se registraron hasta seis personas halladas sin vida en distintos puntos de la capital; o ayer, que amanecimos con una barbarie ocurrida al interior de una vivienda en Juntas del Humaya, donde perdieron la vida tres personas.

También está por ahí el tema de los descuentos en el servicio del agua potable, con esa falla de la Suprema Corte que le dio la razón a Jesús Estrada Ferreiro en cuanto a que el Congreso no puede otorgar esas rebajas.

Y como el propio Gámez aseguró que los descuentos seguirán, intuimos que ya tiene trazado cómo gestionará para que así sea.

La reciente acusación de Robespierre Lizárraga, encargado de la rectoría de la UAS, contra el Gobernador Rubén Rocha Moya por presuntamente financiar al grupo Movimiento Democrático Universitario, evidenció el detalle con el que vigilan a todo disidente.

No es raro, pues desde que inició este pleito se han enemistado con maestros, alumnos, periódicos y gente que no sea afín a sus ideas.

Pero todos los perfiles son estudiados a detalle, ya lo dijo Robespierre quien les pidió a los demás confirmar lo que él decía revisando las cuentas de Facebook para confirmar que los mismos que están a favor de la reforma a Ley Orgánica de la UAS son los mismos que se manifestaron en las instalaciones de Radio UAS y que viajaron a la Ciudad de México como frente disidente durante las negociaciones entre Gobierno del Estado y universidad, mediado por la Secretaría de Gobernación federal.

Lejos de ayudar, estos comentarios generan un ambiente de intimidación y desconfianza, perjudicial para la libertad de expresión y la diversidad de opiniones en la institución, pero luego saldrá cierto funcionario a arengar contra más universitarios con los que no comparten ideales.

Está muy difícil la situación esa, sobre todo porque la narrativa desde la Universidad es la insistencia de dividir y mantener la política de atacar a quien piense diferente por mantener sus intereses.

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas está actuando (y de lejos) fuera del hoyo. Tampoco sorprende ni es casualidad pues con una titular que ni defensora de derechos humanos, ni comunicadora, ni periodista, pues no se podía esperar otra cosa.

Este órgano autónomo nació muerto desde el momento en el que el Congreso del Estado, con mayoría de diputadas y diputados de Morena, decidió dejar fuera de la dirección del instituto a periodistas y activistas de gran reconocimiento, reputación y trayectoria, que aspiraban a ser titulares de este ente, y para colmo, poner a una académica como Jhenny Judith Bernal Arellano, desconocida para todos, sobre todo en el gremio.

Nos enteramos que Wilfrido Ibarra “Willy”, pa’ los compas, el mercenario de la Universidad Autónoma de Sinaloa en RadioUAS, recibió apoyo del Instituto de Protección a Periodistas por presuntamente ser víctima de agresiones e intimidaciones, pero este amigo ¡ni periodista es!

Es funcionario, jubilado y recontratado para un propósito bien noble: ser un agresor de periodistas, medios y críticos de las autoridades de la UAS y del Maestro.

No olvidemos que uno de los reporteros de esta casa editorial, que apenas rebasa la mayoría de edad y es estudiante en la UAS fue agredido por Willy, quien exhibió sus datos personales en el pasquín “Punto Universitario” donde Ibarra se dedica a echar el veneno con el que se podría ahogar si no lo saca.

Es el colmo de los colmos. Desde su integración, el Instituto de Protección ha estado en la polémica entre la falta de recursos y los salarios. No olvidemos esa frase de Jhenny Bernal sobre que gana más de 60 mil pesos mensuales porque su trabajo es riesgoso y 24/7.

¿Qué pensaría si se entera que los periodistas corren más riesgo y trabajan el mismo horario, pero hasta por 8 mil pesos mensuales algunos?

Noroeste evidenció que más de la mitad del presupuesto del Instituto se gasta solamente en salarios, y si el otro 40 por ciento se va en proteger a personajes como Willy Ibarra, que ni periodista es; o el caso del también uaseño, Arnoldo Valle, de reputación bastante dudosa y que también intimida y agrede periodistas, quien también fue respaldado por el Instituto, pues qué se puede esperar de personas que de verdad lo necesiten.

Este órgano está más que deslegitimado y aparte, ejecutando este tipo de acciones, es dinero público, esfuerzo de periodistas y activistas que lucharon por tenerlo, y tiempo tirado a la basura.

Si fuera muy malpensado, que lo soy, le diría que esto sólo es una artimaña política para que tanto el Congreso como el Gobierno del Estado puedan decir “querían su Instituto, se los dimos, ahora no vengan a estar jorobando que no funciona”, sólo basta con voltear a ver lo que hicieron con el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, invadido de corruptos y compadrazgos, ¿verdad Fernando Ruiz Rangel y Sergio Avendaño?

En fin, una pena por donde se le vea.