CULIACÁN._ Vaya que la 62 Legislatura ha resultado una fuente inaaaaagotable de sorpresas.
Resulta que justo cuando están por discutir el paquete de cuentas públicas correspondientes al segundo semestre de 2016, las y los diputados locales “se sacaron un as de la manga”.
Y ya “cocinan” una iniciativa de reforma constitucional para evitar que las cuentas públicas sean avaladas o, en su caso, rechazadas, por el Pleno de los 40 diputados. Asunto que, hasta ahora, se ventila a la luz pública.
Pues bien, el proyecto que lleva la firma de seis de los siete integrantes de la Comisión de Fiscalización, léase PRI, PAS y Nueva Alianza, pretende hacerse cargo de este trámite.
En otras palabras, en un reducido séquito. Para no darle tantas vueltas al tema, en “lo oscurito”.
Y esta intentona se da, precisamente, cuando el calorón sube de intensidad.
En momentos en que crece la presión y la tensión por conocer los resultados que dará la Auditoría Superior del Estado respecto al manejo de los dineros en los últimos seis meses de Mario López Valdez.
A esto hay que sumarle los dictámenes suspendidos del primer semestre de 2016. Lo cual, a ojos de propios y extraños, se ha generado la expectativa de que habrá “bombas”, que pueden llevar a la cárcel a más de un ex funcionario malovista.
A ponerse las pilas
Los restauranteros afiliados a la Canirac se pusieron las pilas y acordaron con las autoridades establecer protocolos de seguridad ante los hechos suscitados el lunes por la madrugada en el restaurante Mar&Sea, donde al menos nueve personas fueron privadas de su libertad.
Entre los protocolos se acordó implementar capacitación para saber qué hacer en situaciones de riesgo, además de crear una especie de semáforo para alertar de las zonas donde se hayan suscitado hechos de violencia y así alertar a restauranteros.
La premisa es importante ya que estas acciones llevan a lograr que a estos espacios puedan acudir los comensales con la confianza de no tener que dejar el plato a medio comer por alguna balacera.
¿Qué se podrán evitar los hechos violentos? quizás no sea del todo posible, pero lo que sí se puede es prevenir para hacer caso a alertas, modus operandi de los criminales y conocer las zonas de riesgo.
Esperemos el remake
El caso Lucero sigue dando de qué hablar, la narcopolítica nunca debió entrar a Congreso local, señaló la priista Irma Tirado.
La ex Diputada Lucero Sánchez está detenida en Estados Unidos por sus posibles nexos con grupos criminales.
El que una persona haya tenido una curul y tenga nexos con el narcotráfico por desgracia no es novedad, hay casos ya de diputados que de alguna manera estuvieron vinculados con familiares detenidos.
De que es una vergüenza, pues sí, sí lo es, pero lo de Lucero Sánchez no es un caso aislado, su incursión al Congreso fue permitido por fuerzas políticas a las que no les importa nada más que obtener un coto de poder.
Ya de por sí, los diputados pertenecen a ese sector que no goza de mucha popularidad, de la buena, porque de la mala, se dice cada cosa de ellos.
Lo que sí es cierto es que este capítulo en el que las fuerzas vivas de la política sinaloense se rasgaron las vestiduras y se echaron culpas y se dijeron de todo ya lo vimos, de nuevo se nos repetirá la dosis de miércoles con un aditamento que aún lo hará más corrosivo, la contienda por la Presidencia de la República.
Será, pues, un remake, una nueva versión de esta telenovela, porque, ah cómo les gusta.
Salud mental
Está programado que mañana sea presentada ante el Congreso una nueva ley que podría cambiar la manera como tratamos el fenómeno de la violencia en Sinaloa.
Durante muchos años, los psiquiatras sinaloenses han insistido en la necesidad de ver la violencia como el resultado de una sociedad enferma, por lo que presentarán ante los legisladores la primera Ley de Salud Mental de Sinaloa.
Para entender de qué va esta nueva ley hay que entender que su primera intención es garantizar a los ciudadanos el derecho elemental a la salud mental.
Usted se preguntará ¿Y esto para qué sirve?
Bueno, el primer resultado que se espera de la ley es que permita la creación de un Instituto de Salud Mental de Sinaloa, y éste comience a operar realizando un diagnóstico completo de la salud de los sinaloenses.
La idea parte de que no se puede curar a un enfermo si no se conocen sus males, así que el instituto iniciaría su recorrido realizando un diagnóstico de Sinaloa.
Una vez que los especialistas obtengan estos datos estarán en mejores condiciones para emitir un “tratamiento” social para mejorar nuestra salud mental.
El proyecto parece sólido y muy positivo, habrá que esperar como reaccionan nuestros legisladores.
